El abogado José Galassi se presentó ante la Justicia «a derecho y a disposición de las autoridades» luego de las últimas novedades vinculadas a su actuación profesional, en un contexto atravesado por debates públicos sobre el funcionamiento del sistema judicial chaqueño. Su comparecencia voluntaria se produjo tras conocerse información relacionada con la causa Barraza.
Galassi realizó estas declaraciones en el programa El Resumen de Natagalá, donde explicó que su presentación no respondió a una notificación formal, sino a una decisión personal basada en su rol como abogado y ciudadano. Señaló que consideró necesario acudir ante la Justicia para dejar constancia de su disponibilidad frente a cualquier requerimiento de las autoridades competentes.
Desde su función institucional como presidente del Colegio de Abogados y Procuradores del Chaco, Galassi contextualizó su situación dentro de un reclamo más amplio que viene sosteniendo desde el inicio de su gestión. Indicó que su accionar público se enmarca en una línea constante de exigencia de «independencia al Poder Judicial», entendida como un principio central para el correcto funcionamiento del estado de derecho.
En ese marco, subrayó la relevancia del Consejo de la Magistratura como órgano encargado de la designación y remoción de jueces y fiscales, al que definió como una institución de alto impacto social e institucional. Galassi advirtió que, a su entender, existen prácticas que se apartan de lo establecido por la normativa vigente. En particular, afirmó que los exámenes para la designación de magistrados «están siendo cuestionados» por presuntas irregularidades, lo que motivó sus reiteradas manifestaciones públicas sobre el tema y su reclamo de correcciones estructurales en el funcionamiento del organismo.
CUESTIONAMIENTOS AL CONSEJO
Al profundizar en sus críticas, Galassi sostuvo que la ley establece con claridad que el tribunal examinador debe ser conformado mediante sorteo entre los abogados de la matrícula, como una garantía de imparcialidad y transparencia. Sin embargo, afirmó que ese mecanismo no se estaría cumpliendo en la práctica dentro del Consejo de la Magistratura.
«El tribunal de examinadores está puesto a dedo», expresó, al señalar que la integración de esos cuerpos evaluadores no responde al procedimiento legal previsto. Según explicó, esta situación genera cuestionamientos recurrentes sobre la validez de los exámenes y sobre los criterios utilizados para evaluar la idoneidad de los postulantes a cargos judiciales.
En ese sentido, mencionó que se registran evaluaciones que, a su entender, presentan inconsistencias graves, con puntajes que no alcanzarían los mínimos exigidos y que, aun así, serían calificados como de excelencia.
JUDICIALES Y POSICIÓN PERSONAL
Galassi también se refirió a su intervención pública en el proceso contra el juez Jorge Sincovich, al que calificó como «arbitrario». Recordó que cuestionó la apertura de un expediente a partir de una denuncia formulada por legisladores provinciales, al considerar que la normativa vigente no los faculta para realizar ese tipo de presentaciones.
Según explicó, el trámite derivó en la renuncia de un magistrado que, a su entender, fue forzado a abandonar el cargo sin que se respetaran plenamente las garantías institucionales. Para Galassi, ese caso puso en evidencia problemas de transparencia y de respeto por los procedimientos legales dentro del sistema judicial provincial.
En relación con la causa Barraza, aclaró que no fue notificado formalmente, aunque decidió presentarse de manera voluntaria ante la Justicia. Indicó que su accionar respondió a una convicción profesional y ética, vinculada a la responsabilidad de «dar el ejemplo» como abogado frente a la sociedad.
Respecto del expediente, evitó pronunciarse sobre la sentencia, dado que no integró la defensa en las etapas posteriores del proceso. No obstante, señaló un aspecto que consideró relevante durante su participación inicial en la causa y que, según afirmó, se encuentra documentado en el expediente judicial.
«Nunca citaron al tesorero de Carlos Barraza», sostuvo, al referirse a Adrián Escalante, a quien identificó como la persona que firmaba en forma conjunta con Barraza para el retiro de fondos y que manejaba los recursos. Galassi afirmó que esa omisión «me llama poderosamente la atención» y cuestionó que no haya sido advertida por las partes intervinientes. Al concluir, ratificó su compromiso con la profesión y expresó: «Yo en la justicia creo y voy a creer siempre. Lo que no creo es en algunos actores judiciales».