En el marco del Día del Mensajero en el Chaco, que se conmemora los 20 de diciembre, los trabajadores del sector pasaron la fecha con fuertes cuestionamientos a las condiciones laborales actuales y al rol del Estado, en un contexto económico adverso que impacta de lleno en la actividad.
La efeméride, establecida por la Ley Provincial 2764, reconoció una tarea esencial para el funcionamiento cotidiano de la economía, el comercio y los servicios, pero encuentra al rubro atravesado por precarización, pérdida del poder adquisitivo y ausencia de políticas públicas sostenidas.
La conmemoración volvió a poner en agenda la situación crítica que atraviesan los mensajeros y motomandados, un sector que históricamente funcionó como refugio laboral en tiempos de crisis.
Según referentes de la actividad, el escenario actual recordó con fuerza a la década del noventa y a la crisis de 2001, con un aumento del trabajo informal, caída del empleo registrado y desregulación del mercado laboral.
Desde el sector advirtieron que miles de trabajadores sostienen hoy la mensajería sin derechos laborales garantizados, sin cobertura social adecuada y sin políticas públicas integrales de seguridad vial.
A ello se sumaron los costos operativos crecientes -combustible, mantenimiento de motocicletas, repuestos e indumentaria de seguridad- que erosionaron aún más los ingresos reales.
Del dicho al hecho
La ley que instituyó el Día del Mensajero busca reconocer el aporte estratégico de una actividad que permite el funcionamiento de oficinas, comercios, estudios profesionales, empresas y reparticiones públicas.
Sin embargo, a más de dos décadas de su sanción, los trabajadores señalaron que el reconocimiento quedó mayormente en el plano simbólico, sin traducirse en mejoras concretas en materia de derechos y condiciones laborales.
El rubro de la mensajería en motocicleta tuvo un crecimiento sostenido en contextos de crisis económica. Durante los años noventa, y luego en el colapso de 2001, la actividad absorbió a miles de personas excluidas del mercado laboral formal.
En la actualidad, esa dinámica se repitió, impulsada además por el avance de plataformas digitales y esquemas de contratación que profundizaron la informalidad.
En este escenario, los distintos niveles del Estado -municipal, provincial y nacional- fueron cuestionados por un abandono sistemático del sector. Los trabajadores señalaron que las intervenciones oficiales se limitaron a normativas incompletas, controles esporádicos o directamente a la omisión frente a problemáticas estructurales como la inseguridad, la siniestralidad vial, la falta de registración laboral y la ausencia de regulación efectiva sobre plataformas y empleadores.
La siniestralidad vial constituyó uno de los ejes centrales del reclamo. Los mensajeros denunciaron la falta de políticas de prevención, capacitación y control, así como la inexistencia de seguros adecuados que cubran accidentes laborales.
En una actividad que se desarrolla mayormente en la vía pública y bajo presión de tiempos de entrega, los riesgos se multiplicaron sin un acompañamiento estatal acorde.
Otro de los puntos señalados fue la pérdida del poder adquisitivo. En un contexto inflacionario, los ingresos de los mensajeros quedaron rezagados frente al aumento del costo de vida. A ello se sumó la competencia desleal derivada de la informalidad y la falta de regulación, que presionó a la baja las tarifas del servicio y deterioró aún más las condiciones de trabajo.
Desde el sector recordaron que en 2026 se cumplirán 30 años de la mensajería como rubro organizado en la provincia del Chaco, una trayectoria construida por trabajadores que sostuvieron la actividad «poniendo el cuerpo, la moto y el tiempo», muchas veces sin respaldo institucional.
Ese aniversario, afirmaron, debería ser una oportunidad para avanzar en políticas públicas que dignifiquen el trabajo y garanticen derechos básicos.
«La mensajería no es un trabajo ocasional ni marginal: es una actividad estratégica que sostuvo y sostiene a la economía real», remarcaron referentes del sector, al tiempo que reclamaron un reconocimiento efectivo del motomandado como trabajador, con acceso a derechos laborales plenos, cobertura de salud, aportes jubilatorios y condiciones de seguridad adecuadas.
En ese sentido, reclamaron la actualización y fortalecimiento del marco legal existente, con participación de los propios trabajadores en la elaboración de normas y políticas.
También solicitaron controles efectivos sobre empleadores y plataformas digitales, para evitar abusos, intermediaciones irregulares y esquemas de contratación que eludan responsabilidades laborales.
Decisión política
Fabio Zerpa, referente del sector, sostuvo que la conmemoración del Día del Mensajero debe ser una instancia de reflexión y compromiso político. «El homenaje verdadero no es solo una fecha en el calendario, sino la decisión política de no seguir mirando hacia otro lado», afirmó, al referirse a la situación que atravesaron los trabajadores.
Zerpa remarcó que, pese a las dificultades, los mensajeros continuaron prestando servicios esenciales incluso en los contextos más adversos, como durante crisis económicas, emergencias sanitarias y períodos de alta conflictividad social. «Siempre estuvimos, aun cuando el Estado se retiró», señaló.
La actividad de la mensajería se transformó con el paso del tiempo, incorporando nuevas tecnologías y modalidades de trabajo. Sin embargo, los trabajadores advirtieron que esos cambios no se tradujeron en mejores condiciones laborales, sino que, en muchos casos, profundizaron la precarización y la individualización del riesgo.
En el Chaco, la falta de estadísticas oficiales específicas sobre el sector dificulta el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Los mensajeros reclaman relevamientos serios sobre cantidad de trabajadores, niveles de informalidad, siniestralidad y condiciones de empleo, como paso previo para cualquier intervención estatal efectiva.
La conmemoración del Día del Mensajero se dio así en un clima de reconocimiento simbólico, pero también de fuerte reclamo. Los trabajadores insistieron en que la actividad no puede seguir siendo vista como un «recurso de emergencia» frente a las crisis, sino como un trabajo con derechos que requiere regulación, protección y planificación a largo plazo.
«A 30 años de la organización del rubro en la provincia, el sector planteó la necesidad de abrir un debate amplio sobre el modelo de trabajo que se está consolidando y el rol del Estado en la protección de quienes sostienen servicios esenciales.
En ese marco, advirtieron que sin decisiones políticas concretas, la conmemoración del Día del Mensajero corre el riesgo de convertirse en un gesto vacío.
Mientras tanto, miles de mensajeros continúan recorriendo las calles chaqueñas, cumpliendo con entregas y trámites que sostienen la actividad comercial y administrativa, en condiciones de vulnerabilidad y con la expectativa de que el reconocimiento legal y social se traduzca finalmente en derechos efectivos.
La jornada de ayer cerró con un llamado a la acción y a la memoria colectiva: reconocer la historia del sector, visibilizar sus problemáticas y avanzar hacia un futuro en el que la mensajería deje de ser sinónimo de precariedad y pase a ser un trabajo digno, seguro y protegido.
Demandas del sector en la audiencia pública
La Cooperativa de Motomandados participó de la audiencia pública convocada para debatir el proyecto de ordenanza sobre el Transporte Privado de Personas mediante Plataformas Electrónicas y reclamó la incorporación de las motos al régimen en discusión.
Durante su exposición, advirtió que la iniciativa excluye a los motociclistas, pese a su rol central en el funcionamiento de las plataformas y la logística urbana de Resistencia, dejando a miles de trabajadores fuera de cualquier marco legal y de protección.
Desde la entidad solicitaron que el proyecto contemple a motomandados, cadetes y repartidores como prestadores de servicios regulados, con reconocimiento legal y participación en la futura reglamentación. También cuestionaron que se avance en un ordenamiento que solo regula automóviles, al considerar que esa omisión profundiza la desigualdad y beneficia a las plataformas.
«Sin motos no hay regulación integral, y sin inclusión no hay política pública legítima», afirmó el presidente de la Cooperativa, Fabio Zerpa.
En ese sentido, los representantes del sector sostuvieron que una regulación parcial resultará ineficaz para mejorar la seguridad vial, garantizar derechos laborales y ordenar la actividad, y reiteraron que cualquier normativa que aspire a ser integral debe contemplar a todos los actores que hoy prestan servicios a través de aplicaciones digitales.