El Senador nacional Jorge Milton Capitanich fijó ayer una posición de rechazo integral al proyecto de presupuesto 2026 durante el debate en el Senado de la Nación.
El legislador opinó que la iniciativa vulnera de manera sistemática el reglamento interno de la Cámara alta y artículos centrales de la Constitución Nacional que garantizan el funcionamiento del sistema representativo, republicano y federal, lo que, a su criterio, deslegitima el proceso de formulación y tratamiento presupuestario.
En ese marco, remarcó que el presupuesto propuesto implica una reducción significativa de partidas esenciales para el desarrollo de políticas públicas en el territorio nacional. Interpretó esta dinámica como un mecanismo de presión sobre las administraciones provinciales y municipales, al condicionar la disponibilidad de recursos necesarios para la prestación de servicios básicos y la ejecución de programas estratégicos en áreas sensibles como infraestructura, educación y salud.
Capitanich también cuestionó el uso extendido de facultades delegadas por parte del Poder Ejecutivo y la emisión récord de decretos de necesidad y urgencia. En su intervención, enmarcó estas prácticas dentro de lo que la ciencia política define como «autoritarismos competitivos», al considerar que se debilitan los controles institucionales y se concentra poder decisorio fuera del ámbito legislativo, afectando el equilibrio entre los poderes del Estado.
Asimismo, planteó la necesidad de actualizar la Ley de Administración Financiera para adecuarla a la reforma constitucional de 1994. Señaló que el proyecto presupuestario vigente incurre en violaciones normativas al derogar de manera explícita leyes fundamentales, lo que genera un escenario de inseguridad jurídica y contradicciones legales que impactan en la planificación y ejecución del gasto público.
En este punto, el Senador subrayó que la discusión presupuestaria no puede reducirse a una cuestión técnica o contable, sino que debe ser entendida como una herramienta central de la política pública.
INCONSISTENCIAS MACROECONÓMICAS Y PROYECCIONES OFICIALES
Al abordar las variables macroeconómicas, Capitanich calificó al presupuesto como «inconsistente e incongruente», cuestionando la credibilidad de las proyecciones oficiales. En particular, desmintió la tasa de inflación prevista del 10,1 por ciento, al contrastarla con las expectativas del mercado, que superan el 20 por ciento, lo que, según indicó, evidencia una desconexión entre los supuestos del Poder Ejecutivo y la realidad económica.
El Senador extendió sus críticas a las estimaciones sobre el tipo de cambio y al crecimiento del Producto Interno Bruto, proyectado en un 5 por ciento. Argumentó que estos cálculos se apoyan en «premisas falsas» que invalidan las conclusiones financieras del presupuesto, ya que no contemplan factores estructurales ni las restricciones internas y externas que enfrenta la economía argentina.
En relación con el gasto público, Capitanich rechazó la meta de reducirlo al 25% del PIB, calificándola como «absolutamente inadmisible». Comparó ese nivel con el de países como Somalia o Haití, donde el Estado tiene una presencia mínima para garantizar derechos básicos, y advirtió que una contracción de esa magnitud compromete seriamente la cohesión social y la capacidad estatal.
El legislador sostuvo que el ajuste fiscal no recae sobre el Estado nacional, sino que se traslada a las provincias mediante la paralización de la obra pública, el deterioro de la red vial y recortes en pensiones no contributivas.
Desde esta perspectiva, Capitanich afirmó que el presupuesto carece de una mirada integral sobre el desarrollo y se limita a cumplir objetivos fiscales de corto plazo. Señaló que la ausencia de un enfoque macroeconómico consistente genera riesgos adicionales para la estabilidad financiera y la previsibilidad, elementos clave para la inversión y el crecimiento sostenido.
Prioridades
En materia de prioridades presupuestarias, el Senador cuestionó la compra de aviones F16 por 302 millones de dólares en un contexto de desfinanciamiento del Fondo Nacional de la Defensa. Calificó a las aeronaves adquiridas como «chatarra» y contrastó esa erogación con los recortes aplicados a áreas estratégicas como la educación técnica y la formación profesional.
También criticó la política tributaria implícita en el presupuesto, señalando beneficios en retenciones para corporaciones cerealeras y reducciones en el impuesto a los Bienes Personales para sectores de mayor capacidad contributiva. Según expresó, estas decisiones se toman mientras se eliminan recursos específicos destinados a las escuelas técnicas, lo que evidencia una asignación regresiva del gasto y de los incentivos fiscales.
Respecto a la situación de la deuda, Capitanich advirtió sobre la violación de la Ley de Sostenibilidad de la Deuda y el incremento de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, que proyectan alcanzar los 65.000 millones de dólares. Desmintió que el endeudamiento esté disminuyendo, citando informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso que indican un aumento del 19,5%, de 368.000 a 440.000 millones de dólares.
En el plano tributario, propuso abrir el debate sobre los gastos tributarios, que representan el 3,46% del PIB, y reforzar las políticas de combate a la evasión y la elusión fiscal, estimadas en un 7,1% del producto. Cuestionó la eliminación de impuestos a bienes suntuarios como aeronaves y embarcaciones, al considerar que esas medidas reducen recursos sin un impacto positivo en la equidad.
Energía e infraestructura
En el análisis del sector energético, Capitanich reconoció el avance de Vaca Muerta, al que atribuyó un papel central la estatización de YPF. No obstante, advirtió que se requieren inversiones por 80.000 millones de dólares para multiplicar la capacidad exportadora, y subrayó que este proceso debe ir acompañado de una estrategia de desarrollo integral.
El legislador alertó sobre el riesgo de caer en un «puro extractivismo» que condene a las generaciones futuras a la pobreza estructural. En su planteo, enfatizó la necesidad de construir una red de proveedores locales y cadenas de valor que permitan transformar los recursos naturales en empleo, tecnología y valor agregado dentro del país.
En materia de infraestructura, señaló que Argentina necesita una inversión pública anual de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares para sostener la red caminera. Comparó los 3.700 kilómetros de autovías del país con los 80.000 de Estados Unidos, y denunció que el Estado nacional concentra recursos de manera discrecional mientras se deterioran organismos como el INTA y el INTI.
En el ámbito industrial, denunció el cierre de 20.000 empresas y el despido de 276.000 trabajadores, atribuyendo estos resultados a la ausencia de una política industrial deliberada. Según expresó, la apertura indiscriminada de importaciones afecta al comercio local y debilita la estructura productiva nacional.
Como alternativa, propuso potenciar los servicios basados en el conocimiento, que podrían alcanzar exportaciones por 30.000 millones de dólares. A su juicio, este sector ofrece una oportunidad para diversificar la matriz productiva, generar empleo calificado y reducir la dependencia de actividades primarias.