El ex presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y actual presidente de la Federación Económica del Chaco, Alfredo González, entrevistado por Radio Natagalá, abordó la situación del sector pyme argentino, los cambios normativos recientes y los desafíos estructurales que enfrenta la actividad productiva.
González contextualizó sus definiciones desde una doble mirada: la experiencia concreta en la gestión de empresas y el trabajo institucional en representación del entramado productivo regional y nacional.
El dirigente subrayó que la representación pyme implica un trabajo permanente de diálogo con los distintos niveles del Estado y una lectura constante de las condiciones económicas que atraviesan las empresas de menor y mediano tamaño.
En ese marco, planteó que el inicio de un nuevo año encuentra al sector con expectativas moderadas pero con múltiples preocupaciones acumuladas. Señaló que el empresariado pyme mantiene la voluntad de seguir invirtiendo y sosteniendo el empleo, aun en un escenario caracterizado por la presión impositiva, la caída del consumo y una creciente competencia externa, factores que condicionan la rentabilidad y la continuidad de muchas unidades productivas.
LEY DE INOCENCIA FISCAL Y PRESIÓN TRIBUTARIA
González explicó que uno de los puntos más relevantes de la normativa es la modificación del monto a partir del cual una deuda tributaria puede derivar en una causa penal. Indicó que anteriormente ese umbral estaba fijado en un millón y medio de pesos, una cifra que calificó como muy baja para la realidad operativa de una pyme argentina.
Según detalló, con el esquema previo muchas empresas quedaban expuestas a la judicialización de sus deudas fiscales ante cualquier dificultad transitoria de pago, aun cuando se tratara de situaciones habituales en un contexto económico inestable. González remarcó que el nuevo marco legal elevó ese monto a cien millones de pesos, lo que reduce de manera significativa el riesgo de que una empresa sea criminalizada por atrasos fiscales menores.
El dirigente sostuvo que este cambio permite a las pymes contar con mayor margen para regularizar sus obligaciones mediante planes de pago o moratorias, sin quedar inmediatamente bajo la amenaza de un proceso judicial. En sus palabras, «baja notablemente el riesgo de judicializarse», ya que una deuda de cien millones de pesos implica un nivel de gravedad muy distinto al de atrasos propios del funcionamiento cotidiano de una empresa pequeña o mediana.
No obstante, González advirtió que la mejora puntual no resuelve el problema estructural de la carga tributaria. Recordó que en la Argentina existen alrededor de 170 impuestos y que solo 12 concentran el 90 por ciento de la recaudación. Señaló que, pese a los anuncios iniciales del actual gobierno nacional, hasta el momento no se produjo una reducción efectiva de los impuestos considerados distorsivos, lo que sigue afectando la competitividad del sector.
Reforma laboral
González consideró que se trata de un debate central para la sostenibilidad del empleo formal y recordó que las entidades empresarias vienen planteando desde hace años la necesidad de modernizar el marco normativo. Aclaró que el objetivo no es eliminar derechos adquiridos, sino otorgar previsibilidad a las relaciones laborales. En ese sentido, sostuvo que uno de los principales problemas es la denominada industria del juicio, que, según afirmó, ha generado la pérdida de numerosos puestos de trabajo. Señaló que muchas empresas enfrentan litigios con resultados imprevisibles, donde las indemnizaciones finales no guardan relación con la realidad del vínculo laboral ni con la capacidad económica del empleador.
Competitividad, informalidad
y contrabando
Al analizar el contexto económico general, González afirmó que las pymes compiten hoy en condiciones mucho más exigentes que en años anteriores. Indicó que, además de la presión impositiva interna, las empresas locales deben enfrentar la competencia de productos importados provenientes de países como Paraguay y Brasil, donde los niveles de tributación son considerablemente más bajos. Según describió, esta situación implica cargar con una «mochila» de costos que se mantiene elevada mientras se amplía la apertura comercial.
En ese escenario, el dirigente señaló que los empresarios reciben aumentos constantes de precios por parte de sus proveedores, lo que limita la posibilidad de trasladar esos incrementos al consumidor final sin perder ventas. Explicó que la caída del poder adquisitivo reduce el consumo y coloca a muchas pymes al borde de quedar fuera del mercado, especialmente en sectores sensibles al precio.
González alertó también sobre el crecimiento de la informalidad comercial y del contrabando. Afirmó que más del 50 por ciento del mercado de la micro pyme en la Argentina opera en condiciones informales, una situación que se replica en distintas provincias con distinta intensidad. Precisó que se trata, en muchos casos, de emprendimientos familiares o con uno o dos empleados, que funcionan al margen del sistema impositivo y laboral.
En relación con el comercio exterior a pequeña escala, explicó que una persona puede importar hasta 3.000 dólares mensuales sin pagar impuestos y que, mediante la utilización de múltiples documentos, se conforman organizaciones que ingresan mercadería por valores de entre 10.000 y 20.000 dólares mensuales. Según González, esta operatoria no responde al consumo personal sino que constituye una forma de competencia desleal que perjudica a quienes cumplen con todas las obligaciones fiscales y laborales.