Los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor marcaron un nuevo punto de inflexión en la dinámica inflacionaria argentina, con un leve repunte registrado en diciembre que cerró el año con una variación acumulada del 31,8 por ciento.
La medición volvió a instalar el debate sobre la evolución de los precios y su impacto directo en el poder adquisitivo de los hogares, especialmente en un contexto de estancamiento y contracción de la actividad económica.
En ese contexto, el economista Eduardo Aguilar, entrevistado por Radio Natagalá, explicó que el proceso inflacionario no puede analizarse de manera aislada, sino como una secuencia que muestra primero una desaceleración y luego una nueva aceleración.
Señaló que, tras descender desde niveles cercanos al 3 por ciento mensual hasta alrededor del 1,5 por ciento hacia mayo, la inflación retomó una trayectoria ascendente que culminó en registros cercanos al 2,8 por ciento en diciembre, con una inflación núcleo que alcanzó el 3 por ciento.
Aguilar advirtió que, al anualizar una inflación mensual del orden del 2,8 por ciento, el resultado proyectado para 2026 se ubicaría en torno al 40 por ciento.
Explicó que este cálculo responde al efecto acumulativo del interés compuesto, un mecanismo conocido que multiplica el impacto de variaciones mensuales aparentemente moderadas cuando se extienden a lo largo de un año completo.
El economista subrayó que este escenario adquiere mayor relevancia al vincularse con el nuevo esquema cambiario, en el que el mismo porcentaje de inflación mensual se utiliza como referencia para el deslizamiento de la banda del dólar.
Según indicó, la economía argentina mantiene fuertes mecanismos de indexación atados al tipo de cambio, lo que lleva a que muchos formadores de precios ajusten valores en función de la evolución del dólar, incluso cuando sus costos no dependen directamente de insumos importados.
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PODER ADQUISITIVO
A pesar de la proyección inflacionaria, Aguilar sostuvo que existen factores que podrían limitar la traslación plena de aumentos a los precios. Entre ellos, destacó la fuerte contracción de la actividad económica en la mayoría de los sectores productivos, con excepción de algunos rubros puntuales como la minería, el petróleo, el sistema financiero y ciertos bancos.
El economista precisó que la construcción se encuentra casi un 30 por ciento por debajo de los niveles registrados hacia fines de 2016, lo que genera un impacto significativo debido a su elevada capacidad de generación de empleo y su efecto multiplicador sobre otras actividades. En paralelo, la industria manufacturera también muestra caídas pronunciadas, afectando tanto la producción como el empleo.
Este contexto, explicó Aguilar, limita la posibilidad de que comerciantes y empresas trasladen incrementos de costos a los precios finales, ya que el deterioro del poder adquisitivo reduce el consumo. Señaló que muchos comerciantes enfrentan dificultades para vender el stock acumulado, lo que actúa como un freno a nuevas remarcaciones, aun cuando enfrenten aumentos en tarifas, salarios o insumos.
En ese marco, advirtió que incluso los economistas de orientación más liberal coinciden en que resulta muy difícil reducir la inflación mensual por debajo de un piso del 2 o 2,5 por ciento. Al mismo tiempo, indicó que los salarios no se proyectan a ese ritmo de crecimiento, lo que anticipa un nuevo año de pérdida del poder adquisitivo real para los trabajadores durante 2026.
Política económica, dólar y empleo
Al analizar el impacto del actual gobierno, Aguilar sostuvo que la inflación se redujo respecto de los niveles heredados, aunque aclaró que esa baja se produjo desde valores extremadamente elevados. Recordó que, tras una gestión económica que calificó como desordenada, la inflación había escalado hasta niveles cercanos al 12 por ciento mensual en el contexto de la devaluación inicial del nuevo gobierno.
Según explicó, la desaceleración posterior respondió en parte a dos factores que consideró transitorios. El primero fue el anclaje del tipo de cambio a un nivel que definió como insostenible en ausencia de reservas suficientes. Indicó que, durante un período, el Banco Central no compró divisas y financió sus obligaciones con nueva deuda, lo que contuvo la suba del dólar.
Aguilar señaló que esta situación comenzó a modificarse cuando el Banco Central retomó la compra de reservas, en un contexto de mayor presión internacional para que la Argentina fortalezca su posición externa. En su análisis, este cambio implica una mayor probabilidad de suba del dólar y, en consecuencia, una reactivación de presiones inflacionarias.
El segundo factor identificado fue la fuerte caída del empleo y de los ingresos. El economista mencionó la pérdida de alrededor de 400 puestos de trabajo por día desde comienzos de 2023 y explicó que la gran devaluación inicial licuó los salarios, reduciendo el consumo y limitando la capacidad de las empresas para aumentar precios. En términos reales, sostuvo que el tipo de cambio actual ya se ubica por debajo del nivel existente al inicio del gobierno, pese a la fuerte devaluación inicial.
Reformas, distribución
y tensiones federales
Aguilar cuestionó el carácter distributivo de las reformas impulsadas, en particular la reforma laboral y los cambios impositivos. Señaló que la reducción del impuesto a las ganancias y de los aportes patronales beneficia de manera homogénea a grandes empresas y pequeñas unidades productivas, sin contemplar la situación diferencial de las micro y pequeñas empresas.
Según explicó, la reforma laboral prevé la creación de un fondo para cubrir despidos, financiado por el Estado, lo que implica que parte de los costos laborales de grandes empresas serían asumidos con recursos públicos. En su análisis, estas medidas se implementan sin mecanismos de compensación para los sectores más vulnerables ni políticas específicas para el empleo informal, que alcanza a unos 10 millones de personas en el país.
El economista sostuvo que el ajuste tuvo un impacto particularmente fuerte sobre empleados públicos nacionales, jubilados, asalariados y trabajadores informales. Afirmó que la contracción de ingresos es generalizada y que esta situación también repercute en las finanzas provinciales, especialmente a través de la reducción de recursos coparticipables asociados al impuesto a las ganancias.
En ese sentido, describió las dificultades de los gobernadores para acompañar las reformas, dado que implican menores ingresos y promesas de compensación que, según relató, no siempre se cumplen. Aguilar destacó que este escenario genera tensiones políticas y fiscales, en un contexto en el que las provincias enfrentan crecientes demandas sociales con recursos limitados.