La discusión en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional incorporó en las últimas horas un eje central vinculado al impacto fiscal que tendría su aprobación en las provincias, con estimaciones concretas que advierten una pérdida significativa de recursos. En el caso del Chaco, los cálculos indican que la aplicación del Artículo 191 del proyecto implicaría resignar 75.220 millones de pesos anuales y 6.268 millones de pesos mensuales, cifras que se inscriben dentro de un recorte global de gran magnitud para los distritos subnacionales.
De acuerdo con las proyecciones difundidas, la eventual sanción del artículo en cuestión generaría un costo fiscal para el conjunto de las provincias de aproximadamente 130 mil millones de pesos mensuales, lo que se traduce en un billón y medio de pesos por año. Este escenario encendió alertas entre los gobernadores, quienes consideran que la iniciativa introduce, dentro de una reforma laboral, un componente impositivo que afecta de manera directa la coparticipación y la previsibilidad de las cuentas provinciales.
El Artículo 191 se vincula con el capítulo de ganancias incluido en el proyecto, cuya eliminación es reclamada por los mandatarios provinciales como condición para acompañar la reforma. Según estimaciones oficiales, el recorte total derivado de este punto específico explica la mayor parte del impacto fiscal negativo que denuncian las provincias, lo que convierte a este artículo en el núcleo del conflicto político y económico en la negociación parlamentaria.
En ese contexto, el Gobierno nacional comenzó a evaluar la posibilidad de retirar dicho capítulo con el objetivo de destrabar el respaldo de los gobernadores. La decisión se inscribe en una estrategia más amplia destinada a garantizar la aprobación de la reforma laboral, considerada prioritaria por el Ejecutivo para enviar señales de ordenamiento económico y previsibilidad institucional.
LA ESTRATEGIA DEL
GOBIERNO NACIONAL
La nueva mesa política del gobierno se reunió este viernes para definir la estrategia de negociación con los gobernadores y analizar los puntos más conflictivos del proyecto. El encuentro permitió identificar con claridad la principal demanda de las provincias: la eliminación del capítulo de ganancias que recorta un billón y medio de pesos a los distritos. Esta definición marcó el rumbo de las conversaciones posteriores.
La mesa política está integrada por Santiago Caputo, Diego Santilli, Manuel Adorni, Lule Menem, Patricia Bullrich y Martín Menem. En la primera parte de la reunión participó también el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, quien se sumó específicamente para abordar el impacto del capítulo de ganancias y las alternativas posibles para moderar sus efectos sobre las finanzas provinciales.
Desde el entorno gubernamental reconocen que la inclusión de una reforma impositiva dentro del proyecto de reforma laboral generó resistencias inesperadas. Esta maniobra había sido revelada previamente en una columna del diputado Guillermo Michel, ex titular de la Aduana, quien advirtió sobre las consecuencias fiscales que acarrearía la iniciativa para las provincias.
El argumento central del Ejecutivo sostiene que, gracias a la reforma laboral, la pérdida de recursos sería compensada por un aumento en la generación de empleo y, en consecuencia, por una mayor recaudación futura. Sin embargo, este planteo no logró convencer a los gobernadores, quienes consideran que se trata de una proyección incierta frente a un recorte inmediato y concreto.
Ante este escenario, en el Gobierno admitieron que ya se encuentran trabajando en mecanismos para moderar la curva del impacto fiscal del artículo de ganancias. No obstante, remarcan que la prioridad política es lograr la aprobación de la reforma laboral, aun si ello implica introducir modificaciones parciales al texto original.
Señales del mercado
Desde la Casa Rosada subrayan que la aprobación de la reforma laboral es clave para enviar una señal positiva al mercado, al Fondo Monetario Internacional y a la Casa Blanca. En este marco, la voluntad de avanzar con el proyecto se mantiene firme, incluso frente a las dificultades políticas que plantea la negociación con las provincias.
La estrategia discursiva del Gobierno apunta a insistir en que se introducirán cambios al texto original, al tiempo que se busca una votación «a libro cerrado» que evite nuevas modificaciones durante el debate parlamentario. Este esquema ya fue utilizado en el tratamiento del Presupuesto, aunque en aquella oportunidad la oposición logró introducir cambios que derivaron en un revés para el Ejecutivo.
La experiencia previa llevó al presidente Javier Milei a analizar incluso el veto del Presupuesto, lo que dejó una enseñanza dentro del gabinete. Los funcionarios con mayor trayectoria advierten que el artículo de ganancias podría convertirse en la «zanahoria» necesaria para evitar que la reforma laboral sea desnaturalizada durante su tratamiento legislativo.
En este contexto, la eventual eliminación del capítulo de ganancias aparece como una concesión táctica destinada a asegurar el acompañamiento de los gobernadores sin resignar el núcleo de la reforma laboraal. La definición final dependerá del equilibrio que el Gobierno logre entre sus objetivos económicos y las demandas fiscales de las provincias.
Mientras tanto, provincias como Chaco observan con atención el desenlace de las negociaciones, conscientes de que la aprobación o rechazo del artículo 191 tendrá un impacto directo y cuantificable en sus recursos. La discusión, lejos de limitarse al plano técnico, se convirtió en un capítulo central de la disputa política y fiscal entre la Nación y los distritos.
La posición de los gobernadores
Los gobernadores expresaron su desconfianza frente a los argumentos oficiales sobre los beneficios futuros de la reforma laboral. En ese sentido, respaldaron el Presupuesto 2026 con el objetivo de conocer de antemano los fondos disponibles y contar con un marco de previsibilidad fiscal que les permita planificar la gestión en sus respectivas provincias.
Desde las provincias consideran que este enfoque resulta más realista que las proyecciones de crecimiento y prosperidad que plantea el Ejecutivo nacional. Para los mandatarios, la prioridad es evitar un desfinanciamiento inmediato que afecte la prestación de servicios esenciales y el equilibrio de las cuentas públicas provinciales.
En las negociaciones, los gobernadores dejaron en claro que no acompañarán la reforma si se mantiene el artículo que implica una quita de 1,5 billones de pesos. Esta postura unificada fortaleció su capacidad de negociación frente al Gobierno nacional y obligó al Ejecutivo a reconsiderar su estrategia legislativa.
Una fuente que participa de las conversaciones explicó el trasfondo político de esta posición al señalar que «la idea de los gobernadores es bancar la reforma, pero necesitan mostrar que consiguieron frenar una bomba para irse tranquilos a las provincias». Esta definición resume el delicado equilibrio entre acompañar una iniciativa nacional y preservar la estabilidad fiscal local.