Ernesto Blasco, defendió la Ley de Ordenamiento del Bosque Nativo y cuestionó con dureza la paralización de su aplicación por vía judicial, al advertir que la medida mantiene suspendida a toda la actividad forestoindustrial de la provincia y pone en riesgo el sustento de unas 40.000 familias.
Según explicó, se trata de una norma que fue trabajada durante un extenso período en la Cámara de Diputados del Chaco, con tratamiento en comisiones, acuerdos amplios y una posterior aprobación en el recinto con respaldo transversal.
«Es una ley de ordenamiento que se ha trabajado mucho en la Cámara, se ha debatido en comisiones, se alcanzaron los consensos necesarios y luego fue aprobada en el pleno por una amplia mayoría. No la votó solamente el oficialismo, sino también gran parte de la oposición», señaló.
Blasco remarcó que la ley surgió ante la ausencia de un marco normativo que permitiera regular de manera efectiva el uso del bosque nativo.
«Sabíamos que no había ley y que se estaban produciendo desmontes ilegales de forma tremenda», sostuvo, y explicó que el esquema previo de sanciones resultaba ineficaz: «La multa que se aplicaba era muy baja en relación con lo que produce una hectárea de campo limpio. Era mucho más rentable pagar la multa que respetar el bosque».
En ese contexto, el legislador explicó que la norma establece un sistema de ordenamiento territorial por categorías, identificadas por colores, con el objetivo de garantizar un uso racional y sustentable del recurso forestal.
«En las zonas rojas hay áreas de conservación estricta, donde no se puede tocar absolutamente nada; las zonas amarillas tienen restricciones severas; y recién en las verdes se permite un aprovechamiento controlado del bosque nativo», detalló.
A modo de ejemplo, precisó que la ley establece límites proporcionales al tamaño de los predios.
«Si una persona tiene 100 hectáreas, puede desmontar solo 10; si tiene 220 o 300 hectáreas, el porcentaje va creciendo de manera gradual, siempre con un tope que fija la ley», explicó.
Sin embargo, Blasco lamentó que la judicialización de la norma haya derivado en una paralización total del sector forestoindustrial, más allá de la cuestión puntual del desmonte.
«Lo grave y lamentable es que no solo se suspende el ordenamiento, sino que se frena toda la actividad forestoindustrial de la provincia. Hoy no hay guías para el transporte de madera, no se pueden utilizar subproductos del árbol y se detuvo una cadena productiva enorme», advirtió.
En ese sentido, destacó el desarrollo de polos industriales estratégicos en distintas localidades chaqueñas.
«Tenemos un polo industrial muy importante en Machagai, donde se hace un uso integral de la madera: incluso los residuos se transforman en carbón que se exporta a países europeos. Quitilipi también desarrolló un polo industrial fuerte a través de la industria de aberturas, lo mismo que Presidencia de la Plaza y Juan José Castelli», enumeró.
El legislador subrayó que la situación actual impacta de lleno en el empleo privado.
«Hoy hay alrededor de 40.000 familias que viven de esta actividad y no pueden trabajar, no pueden ganarse el sustento diario. Y estamos hablando de una provincia que ya está sobrepoblada de empleados públicos. Justamente lo que tenemos que hacer es incentivar la actividad privada», afirmó.
Blasco recordó además que el bosque nativo es el principal recurso natural de la provincia.
«El Chaco no tiene petróleo ni litio. Nuestros recursos son el bosque nativo y los recursos implantados por el hombre, como la agricultura y la ganadería. Hay mucha gente que desde hace años vive de lo que la provincia provee», señaló.
En paralelo, remarcó que la ley fue concebida con criterios de responsabilidad ambiental.
«No queremos que desaparezcan nuestra flora y nuestra fauna. Somos conscientes de que van de la mano y que el cuidado del ambiente es fundamental», dijo, aunque cuestionó la postura de algunos sectores ambientalistas.
«A veces vemos una dureza extrema en algunas denuncias, mientras uno cruza a Santiago del Estero y han arrasado con todo. Muchas empresas que estaban radicadas en el Chaco hoy piensan en irse porque allá no tienen trabas ni ordenamiento», comparó.
También mencionó que en provincias vecinas, como Formosa, no existe un esquema de ordenamiento similar al chaqueño.
«Nosotros trabajamos con responsabilidad. Acá hay una ley clara, mientras que en otras provincias no hay ningún marco de este tipo», sostuvo.
Ante este escenario, Blasco pidió una pronta definición del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, que analiza la cuestión de fondo.
«Espero que el máximo tribunal resuelva con velocidad, porque acá está en juego el sustento de miles de familias y un enorme valor agregado para la economía provincial», expresó.
Consultado sobre posibles nuevas acciones desde la Legislatura, aclaró que el Parlamento ya cumplió su rol.
«La Legislatura hizo su trabajo, que es sancionar la ley. Ahora el Superior Tribunal tiene dudas que serán evacuadas por el Poder Ejecutivo, a través de los profesionales del área de Producción. Una vez que eso ocurra, esperamos una definición urgente y positiva», afirmó.
Finalmente, el legislador advirtió sobre las oportunidades que podrían perderse en el marco del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
«Esta ley también permite acceder a bonos de carbono y generar ingresos por el cuidado del ambiente. Nosotros buscamos un uso responsable de los recursos, porque vivimos acá y nos importan las dos cosas: el cuidado ambiental y la generación de empleo privado», concluyó.
