La Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (Otbn) del Chaco se encuentra actualmente suspendida por una medida cautelar judicial que mantiene en suspenso su plena vigencia. Esta situación ha generado un escenario de indefinición legal que impacta de manera directa sobre la gestión ambiental, la actividad productiva y la seguridad jurídica en amplias zonas del territorio provincial, en un contexto donde la regulación del uso del bosque nativo resulta central para el equilibrio entre conservación y desarrollo.
En este contexto, distintos referentes políticos han reclamado a la Justicia del Chaco una resolución inmediata que permita despejar el escenario legal y establecer con claridad si la norma se ajusta o no a la Constitución, evitando así que la provincia continúe operando sin un marco normativo que regule de manera integral el uso del bosque nativo.
Entre ellos, el diputado provincial Iván Gyoker rechazó de manera categórica los cuestionamientos sobre la supuesta inconstitucionalidad de la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo y defendió el proceso legislativo que derivó en su sanción. Según expresó, la norma fue elaborada con seriedad, participación y fundamentos técnicos y legales que garantizan su validez jurídica.
«Esta ley fue trabajada con seriedad, con participación y con criterios técnicos y legales claros. No hay ningún vicio de inconstitucionalidad, y lo sé porque conozco cómo se construyó cada uno de sus artículos», afirmó el legislador, al descartar de plano los argumentos que sostienen la necesidad de mantener su suspensión por presuntas irregularidades en su elaboración.
Gyoker sostuvo que la indefinición judicial tiene consecuencias concretas sobre la vida económica y social de la provincia, y remarcó que «el trabajo de miles de familias depende de que la justicia pueda dar validez a la ley de Ordenamiento de Bosques Nativos». En ese sentido, vinculó la falta de una resolución definitiva con la paralización de actividades productivas y la pérdida de previsibilidad.
El legislador advirtió que la extensión indefinida de la medida cautelar mantiene al Chaco en un escenario excepcional que carece de reglas claras para el uso y control del bosque nativo. «El Chaco hoy está atrapado en un limbo jurídico. La extensión indefinida de una cautelar nos deja sin una ley vigente que ordene, controle y proteja el uso del bosque nativo», afirmó, al describir el impacto institucional de la situación.
Desde su rol como titular del bloque legislativo Chaco Puede, Gyoker remarcó que esta falta de definición genera inseguridad jurídica, desalienta inversiones y frena proyectos productivos que dependen de un marco normativo estable, afectando tanto a pequeños como a grandes actores del sector.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
En sus declaraciones, Iván Gyoker fue enfático al señalar que la Justicia debe asumir la responsabilidad institucional de resolver el planteo judicial de fondo y no prolongar indefinidamente una situación transitoria. Para el legislador, la cautelar ha dejado de cumplir una función preventiva para convertirse en un factor de bloqueo.
«El Superior Tribunal tiene que pronunciarse cuanto antes. No se puede seguir postergando una definición clave para la provincia», sostuvo, al reclamar una decisión que permita cerrar el debate jurídico y restituir la vigencia plena de la ley o, en su defecto, establecer con claridad los criterios a seguir.
Gyoker advirtió que el escenario actual no logra los objetivos que, en teoría, justificaron la suspensión de la norma. Desde su perspectiva, la falta de una ley vigente no garantiza una mayor protección ambiental ni mejora las condiciones de control sobre el territorio.
Finalmente, el legislador sostuvo que mantener la situación actual «no protege el ambiente ni garantiza reglas claras», y afirmó que la falta de una definición judicial «termina perjudicando a todos: al Estado, a los productores responsables y al propio ambiente chaqueño». De este modo, vinculó la resolución judicial con la necesidad de restablecer un equilibrio entre conservación y producción.
«El bosque es un recurso renovable si hay reglas claras»
La diputada provincial Laura Bisonni se sumó a la defensa de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y cuestionó la medida cautelar que mantiene suspendida su aplicación. En sus declaraciones, destacó la importancia de contar con un esquema basado en criterios técnicos que definan con precisión las áreas de protección y las zonas habilitadas para la producción.
«El bosque es un recurso renovable si hay reglas claras. Sin reglas, gana el descontrol», señaló la legisladora, al subrayar que la norma establece mapas técnicos que ordenan el territorio, incorporan controles y contemplan la reforestación como parte del esquema productivo.
Bisonni afirmó que la paralización de la ley afecta de manera directa al empleo privado, la producción y la previsibilidad económica del Chaco. «Esta ley vino a terminar con años de descontrol. Frenarla es retroceder», sostuvo, al recordar que la iniciativa fue debatida en la Legislatura con participación de distintos sectores.
La Diputada remarcó que la norma cuenta con respaldo técnico de especialistas, universidades y organismos nacionales como el INTA, y rechazó las críticas que la presentan como una iniciativa improvisada. «No es improvisación ni negocio: es orden», afirmó, al defender el proceso de elaboración y los fundamentos técnicos de la ley.
Desde su perspectiva, el ordenamiento territorial no solo busca proteger el ambiente, sino también establecer condiciones claras para el desarrollo de actividades productivas que dependen del uso responsable del bosque nativo.