A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo, el arco gremial docente se prepara para movilizar mañana, en reclamo por la reinstalación plena de la cláusula gatillo, el pago de los montos adeudados y la convocatoria urgente a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo.
La protesta tendrá su epicentro en Resistencia, con concentración desde las 9, y se replicará de manera simultánea en todas las plazas del interior provincial.
La medida fue anunciada luego de conocerse el dictamen del Procurador General de la Provincia, que cuestionó el fallo de segunda instancia que ordena al Ejecutivo cumplir con el mecanismo de actualización salarial.
Desde los gremios, consideraron que esa interpretación «desconoce una ley de rango constitucional» y profundiza una crisis que, según advirtieron, «ya no da para más».
La movilización, que partirá desde inmediaciones del Insssep, continuará hacia el Superior Tribunal de Justicia y finalizará frente a Casa de Gobierno, con la entrega de documentos tanto al Poder Judicial como al Ejecutivo provincial.
Participarán docentes activos y jubilados, junto a otros sectores de trabajadores, en lo que los sindicatos definieron como una jornada clave para el futuro del salario y del sistema educativo chaqueño.
derechos adquiridos
El conflicto docente tiene como eje el incumplimiento del artículo 47 del Estatuto del Docente, norma de rango constitucional que obliga al Poder Ejecutivo a garantizar la actualización del valor real del salario y a incluir las previsiones necesarias en la Ley de Presupuesto. Ese mecanismo, conocido como cláusula gatillo, permitió durante años atenuar el impacto de la inflación sobre los haberes del sector.
Desde el arco gremial recordaron que la cláusula gatillo no fue una concesión, sino el resultado de largas luchas sostenidas por la docencia organizada frente a distintos gobiernos.
En ese marco, remarcaron que el actual incumplimiento representa un retroceso histórico y una violación directa de derechos adquiridos.
La preocupación se intensificó tras el dictamen del procurador general, que puso en duda la constitucionalidad del pago ordenado por la Justicia laboral. Para los sindicatos, ese pronunciamiento no solo careció de sustento jurídico, sino que además intentó «blindar judicialmente» una política de ajuste.
Rosa Petrovich: «no da para más»
Durante la conferencia de prensa brindada el jueves pasado, la secretaria general de Atech, Rosa Petrovich, trazó un duro diagnóstico de la situación.
La dirigente sostuvo que el dictamen del procurador «desconoció deliberadamente» la vigencia del artículo 47 del Estatuto del Docente y opinó que se trató de un hecho de «gravedad institucional». «La ley que el Procurador dice que debería existir, existe, y tiene rango constitucional», afirmó.
La dirigente dijo que el gobierno provincial «viene incumpliendo sistemáticamente» la obligación de preservar el salario real y remarcó que la cláusula gatillo estuvo vigente durante años como parte del salario en blanco. «No se trata de fijar un sueldo nuevo, sino de evitar que el salario se destruya frente a la inflación», explicó.
En ese sentido, advirtió que ningún poder del Estado puede desconocer la situación crítica que atraviesan los docentes. «Si la idea es ponerle un blindaje judicial a los incumplimientos del Ejecutivo, estamos ante un escenario muy grave», alertó.
Petrovich también cuestionó la oportunidad del dictamen, emitido en plena feria judicial, y se preguntó por qué, entre miles de causas, se eligió intervenir justamente en la relacionada con la cláusula gatillo docente. «Eso llama poderosamente la atención», señaló.
Finalmente, anticipó que, de persistir esta situación, el ciclo lectivo «está en serio riesgo». «Sí, el 3 estamos movilizados, está claro que las clases están en peligro», advirtió.
«Decir ‘no hay plata’ no alcanza»
A su turno, el secretario general de Federación Sitech, Eduardo Mijno, profundizó las críticas al dictamen y al accionar del gobierno provincial.
Mijno explicó que el fallo de segunda instancia fue claro al reconocer la cláusula gatillo como un derecho adquirido, con más de siete años de vigencia, y rechazó la idea de que la Cámara Laboral no haya considerado los argumentos oficiales. «El Gobierno dijo que no tenía plata, pero ese argumento no es válido para eliminar un derecho», afirmó.
El dirigente sostuvo que el procurador incurrió en «falsedades» al afirmar lo contrario y recordó que la cláusula gatillo no necesita una ley específica para existir, ya que se trata de un mecanismo de recomposición salarial y no de la fijación de un nuevo haber.
Además, comparó la situación con otros sectores del Estado que sí mantienen mecanismos de actualización. «Resulta contradictorio que algunos trabajadores tengan cláusula gatillo y los docentes, que están entre los sectores más postergados, no», señaló.
Asimismo, Mijno también recordó que el actual gobernador, durante la campaña se había mostrado como defensor del salario docente. «Fue una bandera electoral y hoy es el principal responsable de no cumplirla», afirmó.
«Los docentes fueron estafados»
Por su parte el dirigente de Utre-Ctera, Carlos Cuevas, afirmó que el reclamo central es «el pago de lo adeudado y la continuidad de la cláusula gatillo» y acusó al Gobierno de haber traicionado los compromisos asumidos. «Los docentes fueron estafados», sentenció.
El dirigente sostuvo que la provincia se encuentra subordinada a las políticas nacionales de ajuste y dijo que se utiliza el argumento de la falta de fondos mientras se imponen aumentos en otros servicios sin consultar a la ciudadanía. «Para subir la luz, el agua o los aportes a la obra social nadie pregunta si podemos pagar», remarcó.
Cuevas también denunció la crítica situación del Insssep y advirtió sobre intentos de desfinanciamiento del sistema de salud y previsional. En ese marco, confirmó que la movilización del martes comenzará frente al organismo, donde se presentará un documento reclamando su normalización.
«La Justicia tiene que demostrar que es independiente y no una colectora del Poder Ejecutivo», sostuvo, al referirse al paso de la protesta por el Superior Tribunal de Justicia.
Unidad gremial y advertencia al Gobierno
El arco gremial docente, integrado por Atech, Utre-Ctera, Federación Sitech, Sadop, Amet, UDA, entre otros sindicatos, ratificó la unidad del sector y convocó a toda la docencia chaqueña a «estrechar filas» frente al ajuste.
Los dirigentes coincidieron en que la situación salarial es insostenible, con docentes endeudados y salarios que pierden poder adquisitivo mes a mes.
También advirtieron que, sin respuestas concretas, el conflicto se profundizará y derivará en un inicio de clases irregular.
Qué es la cláusula gatillo y por qué es eje del conflicto
La cláusula gatillo es el mecanismo mediante el cual los salarios docentes se actualizan automáticamente para no perder poder adquisitivo frente a la inflación.
En la provincia, este derecho no surge de un acuerdo coyuntural sino que está expresamente contemplado en el artículo 47 del Estatuto del Docente (Ley 647 E), norma de rango constitucional.
Este artículo obliga al Poder Ejecutivo a incluir en la Ley de Presupuesto las previsiones necesarias para «conservar el valor real del salario» y establece la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, ámbito paritario donde deben discutirse las actualizaciones.
Desde los gremios denunciaron que esa comisión no fue convocada y que el Gobierno «incumple la ley de manera lisa y llana».
Durante la conferencia de prensa, Rosa Petrovich explicó que la cláusula gatillo «no fija un aumento nuevo ni genera privilegios», sino que «evita que el salario se derrumbe frente a la inflación».
Por su parte, Carlos Cuevas advirtió que la eliminación de la cláusula gatillo implica «una transferencia directa del ajuste a los trabajadores» y alertó que la pérdida salarial acumulada ya tiene impacto en el endeudamiento de los docentes. «Estamos hablando de docentes que cobran y vuelven a endeudarse para poder comer», dijo.