El diputado provincial Santiago Pérez Pons presentó una denuncia penal para que se investiguen las operaciones financieras realizadas por el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde la pérdida puede superar los 1.000 millones de pesos, vinculadas a colocaciones efectuadas a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, que habrían generado pérdidas millonarias.
La presentación no solo apunta al resultado económico negativo, sino a un punto central: el municipio aprobó los presupuestos 2025 y 2026 con déficit. Es decir, los gastos previstos superaban los recursos disponibles. Frente a ese escenario, surge la primera pregunta estructural: si el presupuesto ya era deficitario, ¿De dónde salieron los fondos para realizar estas operaciones financieras?
Desde el Ejecutivo municipal se mencionó la existencia de “remanentes” o saldos disponibles. Sin embargo, en un presupuesto deficitario esos fondos no se presumen automáticamente. Deben existir, estar identificados, debidamente contabilizados y certificados como libres y disponibles. La denuncia busca esclarecer si esos remanentes efectivamente existían, en qué cuentas estaban depositados y quién validó su disponibilidad para ser invertidos.
Otro eje central es la legalidad presupuestaria. El presupuesto municipal es la ordenanza más importante de la administración local: define qué puede hacerse con los recursos públicos y bajo qué condiciones. En ese sentido, la presentación judicial solicita que se determine si existía una habilitación expresa para invertir fondos municipales en operaciones financieras de riesgo y, en caso de existir, en qué artículo estaba contemplada.
Además, toda operatoria financiera con recursos públicos requiere actos administrativos concretos: decisiones formales, autorizaciones específicas y mecanismos de control. Por ello, la denuncia plantea interrogantes precisos: quién tomó la decisión de realizar las inversiones, quién las autorizó formalmente y qué órgano debía controlar la operación.
El planteo es claro: si quienes administran fondos públicos sabían que se trataba de instrumentos de alto riesgo y aun así avanzaron, se estaría ante una decisión imprudente. Si, en cambio, no conocían el destino ni el riesgo de los fondos enviados a la Bolsa y no ejercieron control, el escenario podría encuadrarse como una negligencia grave en el manejo de recursos públicos.
“Cuando se pierde dinero público no puede haber silencio ni evasivas. Hay responsabilidades políticas, administrativas y eventualmente penales. La sociedad tiene derecho a saber qué pasó, quién decidió y quién responde”, sostuvo Perez Pons tras formalizar la denuncia.
La causa ahora deberá avanzar para analizar documentación presupuestaria, actos administrativos y registros contables que permitan determinar si existieron irregularidades en la utilización de fondos municipales y si se incumplieron normas de administración financiera.
El legislador insistió en que el objetivo no es especular políticamente, sino garantizar transparencia. “Cuando el presupuesto es deficitario y aun así aparecen inversiones de riesgo por montos millonarios, la explicación debe ser completa, documentada y con responsables identificados”, concluyó.