El senador Jorge Capitanich sostuvo durante su intervención parlamentaria que el proyecto impulsado por el oficialismo para reformar el régimen laboral contiene, en realidad, una modificación impositiva de gran alcance que no ha sido presentada como tal.
Advirtió que se trata de una alteración sustantiva del esquema tributario que afecta la distribución de recursos entre la Nación, las provincias y los municipios, y que debería haber sido tratada conforme a los mecanismos constitucionales previstos para ese tipo de iniciativas.
En ese marco, el legislador cuestionó la validez procedimental del tratamiento legislativo. Señaló que la convocatoria para debatir la iniciativa en sesiones extraordinarias resulta improcedente, dado que, a su entender, correspondía su abordaje en el período ordinario.
Además, denunció que el proyecto es «violatorio del reglamento interno» del Senado, citando objeciones específicas a los artículos 14, 60, 91 y 93 del reglamento, que regulan la competencia, la formación de dictámenes y el trámite parlamentario.
Capitanich argumentó también que el texto vulnera el artículo 52 de la Constitución nacional al incorporar una reforma que, por su naturaleza, debería tener origen en la Cámara de Diputados. Sostuvo que el esquema propuesto implica una transferencia de recursos coparticipables que no ha sido debatida bajo las reglas constitucionales correspondientes, afectando el federalismo fiscal y la autonomía financiera de las jurisdicciones subnacionales.
Asimismo, denunció el incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a pueblos originarios, que exige mecanismos de consulta previa. Recordó que los artículos 75, inciso 22; y 75 inciso 17 de la Constitución otorgan jerarquía constitucional a determinados tratados internacionales y reconocen derechos específicos a las comunidades indígenas, por lo que consideró que la omisión de instancias de consulta constituye una transgresión normativa.
En el mismo sentido, sostuvo que la iniciativa atenta contra el artículo 14 bis de la Constitución nacional, que consagra derechos fundamentales de los trabajadores, tales como condiciones dignas y equitativas de labor, protección contra el despido arbitrario y organización sindical libre y democrática.
Desde su perspectiva, el conjunto de modificaciones propuestas configura un retroceso en la protección jurídica del trabajo.
ALCANCE NORMATIVO Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Durante su exposición, el senador destacó la magnitud del proyecto al señalar que el dictamen de comisión pasó de 197 a 213 artículos, modificando o derogando un total de 32 leyes. Precisó que nueve normas serían derogadas íntegramente y que el cronograma de implementación se extendería hasta 2027, lo que, a su juicio, evidencia un rediseño estructural del marco regulatorio laboral y tributario.
Capitanich estableció un paralelismo histórico con la Ley 21.297, sancionada durante la dictadura militar e impulsada por el entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, la cual modificó de manera sustancial la Ley de Contrato de Trabajo de 1974.
Según recordó, aquel plexo normativo buscó restringir derechos colectivos, incluyendo el derecho de huelga y el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
Advirtió que las políticas implementadas en ese período derivaron en una desindustrialización acelerada, una caída en la tasa de actividad y una depreciación significativa de los salarios reales. Afirmó que la serie histórica demuestra que recetas económicas similares no produjeron resultados sostenibles en términos de empleo y desarrollo productivo, por lo que cuestionó la reiteración de ese enfoque.
En relación con la tasa de desempleo, indicó que Argentina alcanzó un mínimo histórico de 5,4% en 1991 y de 5,7% en 2023.
Contrastó esos registros con los picos superiores al 20% verificados tras las crisis asociadas a modelos de ajuste estructural, sugiriendo que los procesos de flexibilización laboral no garantizaron estabilidad en el mercado de trabajo.
El legislador describió además la estructura del mercado laboral argentino, señalando que, sobre una población de aproximadamente 47 millones de habitantes, solo alrededor de 6.5 millones cuentan con empleo privado formal.
Crítica al modelo propuesto
Capitanich cuestionó que la propuesta oficial se sustente en lo que definió como una «batalla cultural» antes que en un análisis técnico orientado al crecimiento sostenido.
Argumentó que la productividad del trabajo depende del stock de capital y de la acumulación de inversiones, y sostuvo que esos factores no pueden fortalecerse únicamente mediante la reducción de derechos laborales.
En su intervención, planteó que no existe una relación causal automática entre la concesión de beneficios a empresarios y el incremento efectivo del empleo. Señaló que históricamente se han otorgado incentivos a factores como el capital y la tierra, mientras que el ajuste recae sobre el trabajo, al que calificó como el eslabón más débil de la estructura productiva.
Al abordar la cuestión tributaria, insistió en que la reforma impactaría negativamente en la recaudación coparticipable de provincias y municipios. Mencionó modificaciones en el impuesto a las ganancias y en la evaluación de existencias de ganado bovino como ejemplos de cambios que reducirían recursos compartidos, con consecuencias fiscales para las administraciones locales.
El senador también cuestionó intervenciones en estatutos específicos, como los de periodistas y viajantes, y señaló reparos respecto del financiamiento de la industria cinematográfica.
Asimismo, consideró que la incorporación de estos aspectos en una reforma laboral amplía innecesariamente el conflicto y desvía la discusión de los problemas estructurales del empleo.
Alternativa
Como alternativa al enfoque oficial, Capitanich propuso concentrar esfuerzos en la reducción de la informalidad laboral mediante incentivos específicos en sectores de alta precariedad, como el trabajo en casas particulares y el empleo agrario.
Señaló que la Ley 26.727 del trabajador rural requiere adecuaciones para incorporar innovaciones tecnológicas sin menoscabar derechos adquiridos.
Asimismo, planteó la necesidad de avanzar en una estrategia de digitalización de transacciones para combatir la evasión y la elusión fiscal. Según explicó, la incorporación de herramientas tecnológicas permitiría ampliar la base tributaria sin recortar derechos laborales, al tiempo que contribuiría a transparentar operaciones económicas.
El legislador propuso discutir una simplificación del sistema tributario que abarque tributos como ingresos brutos, créditos y débitos bancarios y retenciones.
En su visión, una reforma integral debería orientarse a eliminar distorsiones y mejorar la eficiencia recaudatoria, en lugar de concentrarse en la reducción de costos laborales como principal mecanismo de ajuste.
Posición política
El senador nacional formuló en el recinto parlamentario una severa y minuciosa crítica al proyecto oficial que obtuvo media sanción para modificar el régimen laboral.
En ese contexto, sostuvo que la iniciativa encierra una reforma tributaria de carácter solapado y objetó la constitucionalidad de su tratamiento legislativo.
Asimismo, alertó sobre el sesgo regresivo de la propuesta en materia de derechos laborales y acerca de sus eventuales consecuencias sobre la distribución de los recursos federales.