Carlos García confirmó que el proyecto de reforma se tratará esta semana en el Congreso, con el objetivo de alcanzar un dictamen de mayoría que permita su debate en el recinto de la Cámara de Diputados.
«Primero se va a tener que tratar en comisiones. El tratamiento está previsto para hoy, con la idea de sacar un dictamen de mayoría y poder llevar la ley al recinto», explicó el legislador, quien remarcó que el gobierno nacional trabaja intensamente para reunir los consensos necesarios.
«Obviamente el Gobierno está trabajando sobre conseguir los números para que la ley pueda ser aprobada en Diputados», señaló.
Consultado sobre a quién beneficiaría la iniciativa, el diputado sostuvo que el principal impacto sería para los trabajadores, especialmente para quienes hoy se encuentran fuera del sistema formal. «Hay que entender que hoy tenemos cerca de un 50% de las personas en la informalidad, que no tienen ningún derecho ni ningún beneficio», afirmó en diálogo con LA VOZ DEL CHACO.
En ese sentido, consideró que la reforma permitiría «provocar más trabajo» y facilitar el ingreso de ese sector al empleo registrado.
«Que ese 50% que hoy está en la informalidad pueda volver a la formalidad ya es un primer paso muy importante», subrayó. Además, el legislador apuntó contra una concepción que, según dijo, se instaló en los últimos años: «Existe esta idea de que el trabajador es enemigo del empresario y el empresario es enemigo del trabajador. Y hay que entender que uno sin el otro no puede existir».
«No hay empresa sin empleado y no hay empleado sin empresa. Con esta ley buscamos justamente eso: incentivar el empleo y terminar con la industria del juicio, que tampoco beneficiaba al trabajador», sostuvo.
Según explicó, el nuevo esquema permitiría una relación laboral «más directa y moderna», alentando a los empleadores a contratar personal sin temor a conflictos judiciales.
Frente a las críticas de sectores de la oposición, que advierten sobre un recorte de derechos laborales, el diputado fue contundente. «Hablar de recorte de derechos para personas que hoy no tienen ningún derecho no es verdad», afirmó y agregó: «El sistema que tenemos hoy viene de hace muchos años y nos llevó a esta situación de informalidad. Evidentemente hay que tomar otro camino».
En ese marco, defendió la necesidad de actualizar el marco normativo. «Hay que modernizar las leyes y adaptarlas a los nuevos tiempos. Eso, lejos de quitar derechos, va a traer beneficios reales para los trabajadores», insistió. «La oposición no piensa en esa gente que hoy no tiene ningún beneficio; esta ley apunta justamente a incentivar el empleo y a que el empresario se anime a contratar», aseveró.
Sobre el paro anunciado por la CGT en coincidencia con el tratamiento del proyecto, el legislador consideró que se trata de una medida con motivaciones políticas. «El paro de la CGT tiene un tinte político e ideológico. Lo único que les interesa es la corporación sindical», sostuvo.
«Está claro que no defienden los intereses de los empleados, sino los propios. Son intereses muy distintos», afirmó, y agregó que este tipo de medidas ya no cuentan con el respaldo social: «La sociedad entiende que son sectores que no defienden los intereses reales de los trabajadores, sino los de la propia CGT».
En otra parte del diálogo el diputado se mostró convencido de que la reforma tendrá un impacto positivo en el mercado laboral, incluso en sectores sensibles como el textil, afectados por la apertura de importaciones. «Estoy convencido de que va a incentivar la toma de empleo, va a dar estabilidad, seguridad jurídica y reglas claras», afirmó.
«Hoy existe un miedo real del empresario a contratar por la industria del juicio. Eso no beneficia ni al trabajador ni al empleador», explicó y concluyó: «Tenemos que hacer algo diferente. Modernizar las leyes, dejar atrás un sistema que nos llevó a la desocupación y entender que empresas y trabajadores tienen que caminar juntos para crecer».
Baja de la edad
de imputabilidad
Por otra parte, García se refirió en otra parte del diálogo al debate por la baja de la edad de imputabilidad, al clima político en el Congreso durante 2026 y a las expectativas del oficialismo para avanzar con la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional.
Consultado sobre si la reducción de la edad de imputabilidad puede ser una solución al problema de la delincuencia juvenil, García sostuvo que se trata de una herramienta necesaria dentro de un abordaje más amplio. «Sabemos que son herramientas que tienden a mejorar la situación», afirmó, y puso el foco en las víctimas de los delitos cometidos por menores de edad.
«Uno ve situaciones de ciudadanos, de madres, de padres que pierden a sus hijos, a sus familiares, de la mano de menores que tienen la conciencia para arrebatar una vida», expresó.
En ese sentido, consideró que existe una responsabilidad que debe ser asumida: «Así como tienen conciencia para cometer un delito, también tienen que ser responsables de asumir las consecuencias».
El legislador aclaró que la iniciativa no es una medida aislada ni excepcional en el contexto regional. «En todos los países, específicamente en Latinoamérica y en América del Sur, la edad ronda los 14 años; incluso creo que en Brasil se habla de 12», señaló y remarcó la necesidad de actualizar el marco legal: «Hay que adaptar las nuevas leyes a las nuevas situaciones. La juventud no es la misma y las situaciones no son las mismas».
En esa línea, cuestionó el enfoque que, según él, predominó durante años en la Argentina. «En algún punto había cierta injusticia, porque en esta Argentina garantista el derecho lo tenía solamente la persona que cometía un delito», sostuvo.
Para el diputado, el objetivo central de la norma es restablecer un equilibrio: «La idea es tratar de ser justos, que haya justicia, y que también las personas damnificadas, que perdieron un familiar, tengan su respuesta».
El legislador destacó además el amplio respaldo que obtuvo el proyecto en la Cámara baja. «Es una ley que tuvo mucho debate durante mucho tiempo y que hoy tuvo el apoyo de alrededor de 150 diputados, de distintos sectores políticos», remarcó.
A su entender, ese acompañamiento refleja una demanda social concreta: «Hay una parte de la sociedad que esperaba esto de nosotros, que cumplamos con la responsabilidad de que si alguien comete un delito, asuma las consecuencias».
No obstante, García subrayó que el debate no se agota en la sanción de la ley. «Obviamente que después hay que trabajar sobre el sistema penitenciario, sobre los lugares de detención, para capacitar, reinsertar en la sociedad y que las personas puedan corregir y cambiar su vida», agregó.
Clima político
en el Congreso
Al referirse a la relación entre oficialismo y oposición en el Congreso durante este año, García describió un escenario más tenso que en períodos anteriores. «Veo una situación un poco más polarizada, con una oposición que se está abroquelando», afirmó, aunque consideró que esa dinámica forma parte del juego democrático.
«De eso se trata la democracia: de distintas formas de ver las cosas y de tener ámbitos como el recinto y las comisiones para plantear posiciones», dijo.
Desde su rol como legislador oficialista, señaló que el bloque busca acompañar el rumbo del Ejecutivo. «Nosotros tratamos de acompañar la idea y el plan de gobierno de Javier Milei», indicó.
Sin embargo, fue crítico con parte de la oposición, a la que calificó como «ideologizada, intransigente o destructiva».
«Hay un ‘no por el no mismo’, incluso contradiciendo posiciones anteriores», sostuvo, y puso como ejemplo el debate por la imputabilidad. «En algún momento el kirchnerismo también lo propuso, pero cuando lo impulsa el oficialismo se pone en la vereda de enfrente», relató.