En el marco de una intervención parlamentaria durante el debate legislativo sobre un proyecto de modernización laboral, el diputado nacional Aldo Leiva formuló duras críticas orientadas contra el contenido y los alcances de la iniciativa impulsada La Libertad Avanza (LLA).
El diputado advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales en torno a la misma, especialmente, en relación con las condiciones de empleo, la estructura productiva nacional y la situación de las pequeñas y medianas empresas.
Durante su alocución en el recinto, el legislador calificó al proyecto como un «engendro», señalando que se trata de una medida que implica «un verdadero retroceso» y que constituye «un verdadero escándalo».
En su argumentación, sostuvo que la propuesta legislativa «perjudica al presente y al futuro» del país, al tiempo que afirmó que no existen antecedentes históricos que permitan sostener que normativas de similares características hayan generado empleo, reactivación económica o niveles mínimos de justicia social.
Además, el diputado indicó que este tipo de reformas laborales no han contribuido en el pasado a mejorar las condiciones del mercado de trabajo.
Asimismo, Leiva estableció un paralelismo entre la iniciativa debatida y medidas adoptadas durante el período de la dictadura militar, remarcando que se trata de «la réplica de lo que se hizo en su momento con la dictadura militar».
En ese sentido, vinculó la aprobación de este tipo de proyectos con políticas económicas aplicadas en contextos históricos anteriores que, según su interpretación, afectaron negativamente al empleo formal.
DEBATE HISTÓRICO SOBRE RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS
En otro tramo de su exposición, el legislador cuestionó las afirmaciones que atribuyen al peronismo la responsabilidad de las crisis económicas del país.
En ese sentido, expresó su malestar respecto de las menciones a los denominados «70 años que gobernó el peronismo», al sostener que «de los últimos 70 años el peronismo gobernó solamente 34 años este país».
Leiva agregó que se hacía cargo de los diez años de gestión del expresidente Carlos Menem, aunque señaló que «los otros 36 años gobernaron ustedes con los militares o haciendo roscas o tranzando con el que hicieran». En esa línea, sostuvo que sectores opositores serían «los responsables de esta crisis fenomenal que vive el país».
En defensa de las administraciones peronistas, afirmó que durante el período comprendido entre 2003 y 2015 se logró «generar más de 4 millones de empleos».
De este modo, contrapuso esos resultados con los datos que atribuyó a la gestión de sus adversarios políticos, indicando que «en 2 años y medio hicieron papa por no decir una palabra fuera de lugar 300 mil puestos de trabajo».
El legislador también hizo referencia a normativas previamente aprobadas, señalando que la denominada ley base constituía, según sus palabras, «base para la destrucción del empleo», «base para la precarización laboral» y «base para la destrucción de las pymes». Estas expresiones fueron utilizadas para reforzar su posición crítica frente al rumbo de las políticas laborales debatidas en el Congreso.
Condiciones laborales y precarización
Durante su intervención, Leiva hizo foco en las condiciones de trabajo del personal que presta servicios dentro del propio ámbito parlamentario, particularmente en el área gastronómica.
En ese contexto, describió la situación de los trabajadores encargados de brindar servicios de alimentación a legisladores y personal administrativo, al señalar que «son todos precarizados».
En relación con sus ingresos, afirmó que dichos trabajadores perciben remuneraciones de «$50 mil por día» por las tareas que desempeñan, que incluyen el servicio de almuerzo, cena y merienda. Este ejemplo fue utilizado por el legislador para ilustrar lo que considera una situación extendida de precarización laboral en distintos sectores del mercado de trabajo.
Asimismo, se refirió a las condiciones laborales de quienes desarrollan actividades mediante plataformas digitales, al señalar que los trabajadores de aplicaciones enfrentan esquemas de ingresos en los cuales el «80% de la recaudación» quedaría en manos de propietarios de vehículos, mientras que «el 20%» restante correspondería al conductor.
A partir de estos casos, el diputado manifestó que las políticas debatidas avanzarían en lo que definió como una «verdadera destrucción del empleo» y una «verdadera destrucción de las pymes».
En su exposición, cuestionó la ausencia de representantes del sector empresarial en el recinto que respaldaran públicamente el proyecto en tratamiento.
Durante su intervención, Leiva hizo foco en las condiciones de trabajo del personal que presta servicios dentro del propio ámbito parlamentario, particularmente en el área gastronómica.
En ese contexto, describió la situación de los trabajadores encargados de brindar servicios de alimentación a legisladores y personal administrativo, al señalar que «son todos precarizados».
En relación con sus ingresos, afirmó que dichos trabajadores perciben remuneraciones de «$50 mil por día» por las tareas que desempeñan, que incluyen el servicio de almuerzo, cena y merienda. Este ejemplo fue utilizado por el legislador para ilustrar lo que considera una situación extendida de precarización laboral en distintos sectores del mercado de trabajo.
Asimismo, se refirió a las condiciones laborales de quienes desarrollan actividades mediante plataformas digitales, al señalar que los trabajadores de aplicaciones enfrentan esquemas de ingresos en los cuales el «80% de la recaudación» quedaría en manos de propietarios de vehículos, mientras que «el 20%» restante correspondería al conductor.
A partir de estos casos, el diputado manifestó que las políticas debatidas avanzarían en lo que definió como una «verdadera destrucción del empleo» y una «verdadera destrucción de las pymes».
En su exposición, cuestionó la ausencia de representantes del sector empresarial en el recinto que respaldaran públicamente el proyecto en tratamiento.
Críticas a la política económica y financiera
En su discurso, el legislador también aludió a la aprobación de instrumentos económicos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, los cuales -según indicó- fueron votados sin conocimiento detallado de «los montos ni los intereses».
En ese contexto, expresó su escepticismo respecto de la capacidad del nuevo proyecto para mejorar los niveles de empleo, al afirmar que se pretende instalar la idea de que la normativa contribuiría a resolver los problemas del mercado laboral.
Asimismo, sostuvo que determinados sectores vinculados al sistema financiero no priorizan el desarrollo de la industria nacional, al señalar que «no le importa un comino la industria de la vestimenta».
Esta afirmación fue enmarcada dentro de una crítica más amplia al modelo económico que, según su visión, se promueve desde los espacios que impulsan la reforma.
El diputado también cuestionó determinadas contrataciones realizadas en el ámbito estatal, al hacer referencia a un funcionario al que denominó como «el coloso de Esterceneger», mencionando la celebración de contratos por «más de $100 y pico de millones».

