El titular de la Administración Provincial del Agua (APA), Jorge Pilar, confirmó que el organismo comenzará a implementar un registro de infractores al Código de Aguas de la provincia, con el objetivo de ordenar las intervenciones hídricas realizadas sin autorización y evitar perjuicios a terceros.
La medida alcanzará tanto a productores del interior como a particulares en centros urbanos como Resistencia, donde se detectaron rellenos ilegales de lagunas, taponamientos de canales y ocupaciones indebidas de zonas anegables.
En declaraciones a radio Facundo Quiroga, Pilar explicó que el registro incluirá a quienes hayan ejecutado obras sin la debida aprobación técnica de la APA y que, de algún modo, hayan afectado el normal escurrimiento del agua o generado daños a terceros.
«Nosotros estamos regidos por el Código de Aguas del Chaco. La provincia fue una de las primeras provincias de todo el país en tener su Código de Aguas y todavía es una de las pocas», sostuvo.
El funcionario remarcó que la creación del organismo y su rol de contralor están contemplados en la Constitución provincial y que, por lo tanto, el cumplimiento de la normativa hídrica «está por encima de cualquier interés particular».
Según indicó, la confección de este registro constituye una herramienta administrativa para identificar a quienes transgredieron la legislación vigente y comenzar un proceso de ordenamiento progresivo.
ordenar el territorio
Pilar explicó que el registro no fue concebido inicialmente como una herramienta punitiva, sino como un mecanismo de información y control. «En principio no estamos hablando de algún tipo de penalización. Simplemente es correcto que sepamos que tenemos, por ejemplo, productores que son permanentes transgresores a lo normado y hacen reclamos», afirmó.
El titular de la APA señaló que en reiteradas oportunidades se recibieron planteos o solicitudes de asistencia de parte de personas que, al mismo tiempo, habían ejecutado obras no autorizadas que afectaban a vecinos o a la comunidad. «Vienen o hacen reclamos productores que son permanentes transgresores a lo normado y hacen reclamos, entonces sí, bueno, a ver, fulano de tal es un transgresor», expresó.
En ese sentido, indicó que el Estado provincial, al momento de otorgar subsidios o asistencia, debe contar con información precisa sobre la conducta de quienes los solicitan. «El Estado provincial sale a subsidiar a buenos y a no tan buenos. Y no es justo eso, porque hay muchos de los que también reciben la atención del Estado que están perjudicando a terceros», opinó.
Aunque evitó anticipar sanciones concretas, dejó abierta la posibilidad de que el registro funcione como antecedente administrativo en futuras gestiones.
De este modo, quienes figuren como infractores podrían verse compelidos a regularizar su situación antes de acceder a determinados beneficios.
Rellenos ilegales
y taponamientos
El funcionario detalló que las infracciones más frecuentes estuvieron vinculadas al relleno de lagunas, el taponamiento de canales y la alteración de cursos de agua sin autorización técnica. «Nos hemos encontrado con gente que tapona canales, inclusive tapona recursos, agua, riachos», señaló.
Estas intervenciones, explicó, obligaron al Estado a destinar recursos económicos para desobstruir y restituir el normal funcionamiento del sistema hídrico. «Con dinero de todos los chaqueños, que no está sobrando, muy por el contrario, tenemos que hacer las operaciones para desobstruir», sostuvo.
En el caso de la capital provincial, Pilar confirmó que también se registraron ocupaciones y rellenos en zonas de lagunas.
Por otro lado destacó el rol de los medios de comunicación y de los vecinos en la detección de estas situaciones. «Gracias a ustedes que hacen eco, nos informan de que habría algún relleno ilegal, una usurpación, en fin, lo que fuere. Nosotros agradecemos eso y esas denuncias son anónimas», afirmó.
Denuncias por redes sociales
En cuanto a los canales habilitados para realizar denuncias, Pilar indicó que la vía más utilizada en la actualidad son las redes sociales del organismo. «Lo mejor y la gente está más acostumbrada hoy en día a las redes sociales. Nosotros estamos recibiendo muchísimas de estas denuncias por redes sociales», precisó.
Según detalló, una vez recibida la denuncia, técnicos de la Administración verifican la situación en territorio y, en caso de comprobarse la infracción, se actúa en coordinación con los juzgados de faltas municipales. «Vamos, verificamos y en caso de que sea correcta la denuncia, actuaremos en consecuencia con los juzgados de falta municipales», explicó.
La posibilidad de realizar denuncias anónimas busca fomentar la participación ciudadana y acelerar la detección de irregularidades, especialmente en contextos donde las intervenciones pueden generar impactos acumulativos sobre el sistema de drenaje.
Un proceso de ordenamiento
Pilar reconoció que la tarea de ordenar el territorio no resultó sencilla y que las consecuencias de la falta de planificación histórica todavía se sienten. «Nuestro presente es una continuidad lineal del pasado. Estamos donde estamos por un pasado que permitió que se hicieran cosas sin ese control ni esa planificación», reflexionó.
El funcionario consideró que durante años se ejecutaron obras sin la correspondiente adecuación hidráulica, lo que generó complicaciones posteriores.
A modo de ejemplo, mencionó pavimentos realizados sin estudios de escurrimiento. «A la mañana hacían el movimiento de suelo y a la tarde estaban tirando hormigón. Y por supuesto no tenían adecuación hidráulica y todos los problemas», sostuvo.
Frente a este panorama, aseguró que la actual gestión apostó a la prevención y la planificación como ejes centrales. «Hay que empezar a ordenar y mientras tanto seguir avanzando. Es una tarea muy complicada», reconoció.
En esa línea, agregó que prevenir siempre resultó más complejo que actuar ante el daño ya consumado. «Todo el mundo sabe que parar es más fácil que prevenir. La prevención uno la puede planificar, pero si no se planifican las consecuencias, enseguida aparecen las consecuencias negativas», opinó.
Marco constitucional
Pilar recordó que el Código de Aguas de la provincia posee rango constitucional y que la APA fue creada como órgano de aplicación de esa normativa. «Tiene rango constitucional y está mencionado en la Constitución. Así que la importancia que tiene respetar nuestro Código de Aguas es por encima de cualquier interés particular», subrayó.
El registro de infractores, según explicó, abarcará todo el territorio provincial y no se limitará exclusivamente a productores rurales. «Lo que queremos es empezar a dejar registro de todas las transgresiones a la normativa vigente», aclaró.
De este modo, cualquier persona física o jurídica que realice obras hídricas sin autorización podrá ser incorporada al listado, previa verificación técnica.
Para el titular de la APA, el desafío de fondo radica en promover una cultura de cumplimiento normativo y conciencia colectiva sobre la importancia del manejo responsable del recurso hídrico.
«Hay que empezar a ordenar», reiteró, al tiempo que sostuvo que la medida busca sentar bases para un desarrollo más equilibrado y sostenible en el tiempo.