La causa federal que investiga presuntas irregularidades en operatorias financieras vinculadas a la Bolsa de Comercio del Chaco (BCCH) registró un nuevo movimiento procesal a partir de una medida impulsada por el Ministerio Público Fiscal.
En el marco del expediente identificado como caso Coiron 27724/2026, la Unidad Fiscal Resistencia – Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos avanzó con un requerimiento formal orientado a profundizar la recolección de información vinculada a la administración de recursos públicos municipales.
La actuación se materializó mediante el oficio 90/2026, fechado el pasado 25 y remitido al Tribunal de Cuentas del Chaco. El documento lleva la firma del fiscal federal Patricio Nicolás Sabadini, quien encabeza la investigación en la jurisdicción de Resistencia y dispuso la solicitud de informes detallados como parte de las medidas de prueba en curso.
El requerimiento fiscal solicita que el organismo de control provincial remita información exhaustiva sobre los controles efectuados en relación con las rendiciones de cuentas correspondientes a la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, abarcando el período comprendido entre 2020 y la actualidad.
La medida busca establecer con precisión el alcance y la regularidad de los mecanismos de fiscalización aplicados sobre la administración municipal en esos años.
Según surge del oficio, el objetivo es determinar si durante ese lapso fueron detectadas irregularidades administrativas o contables en el manejo de los recursos públicos municipales.
En ese sentido, la fiscalía procura contar con un detalle técnico que permita evaluar la existencia de eventuales observaciones formuladas por el órgano de control y su eventual impacto en la investigación penal en trámite.
ALCANCE DEL REQUERIMIENTO
De manera específica, el Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió que se informe si, como consecuencia de observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, se promovieron denuncias penales vinculadas a la gestión de fondos públicos. En caso de existir tales actuaciones, el oficio solicita que se acompañe copia de las presentaciones efectuadas ante la Justicia, a fin de incorporarlas al expediente federal.
El pedido se inscribe en una línea investigativa orientada a verificar posibles incumplimientos en la administración y rendición de fondos públicos.
La fiscalía busca establecer si las operatorias financieras bajo análisis guardan relación con eventuales desvíos, inconsistencias o irregularidades detectadas por los mecanismos institucionales de control previstos en el ámbito provincial.
La intervención del Tribunal de Cuentas resulta relevante en este contexto, dado que se trata del órgano constitucional encargado de fiscalizar la legalidad y regularidad del gasto público provincial y municipal. Los informes requeridos podrían aportar elementos objetivos sobre el funcionamiento de los sistemas de control interno y externo aplicados a la Municipalidad de Sáenz Peña en el período bajo examen.
Asimismo, la solicitud apunta a determinar si existió una articulación formal entre el órgano de control administrativo y el sistema judicial ante la eventual detección de hechos que pudieran configurar ilícitos penales.
La eventual existencia de denuncias previas podría incidir en la reconstrucción cronológica de los hechos investigados en la causa federal.
DERIVACIONES INSTITUCIONALES
La medida adoptada por la Unidad Fiscal Resistencia se enmarca en una investigación de mayor alcance vinculada al denominado escándalo de la BCCH, que involucra operatorias financieras cuestionadas y la posible utilización de recursos públicos en inversiones bajo análisis.
La causa procura esclarecer si existieron irregularidades en la canalización y rendición de fondos, así como la eventual responsabilidad de funcionarios o terceros intervinientes.
En este contexto, las actuaciones administrativas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) constituyen un antecedente institucional relevante. El organismo nacional intervino en relación con las operaciones financieras observadas, lo que amplió el espectro de control y supervisión sobre las prácticas investigadas.
La investigación federal se encuentra en etapa de producción de prueba y análisis documental, con el objetivo de reunir elementos suficientes que permitan determinar la existencia o no de incumplimientos en la administración de fondos públicos.
El pedido de informes al Tribunal de Cuentas se integra así a un conjunto de medidas orientadas a reconstruir el circuito administrativo, financiero y contable bajo examen.