En el marco de un debate extenso, la Cámara alta aprobó una nueva ley penal que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, además de una serie de normativas que reorganizan el régimen penal juvenil e incorporan medidas alternativas a la privación de la libertad.
La Cámara de Senadores convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, una decisión histórica dado que modifica una norma vigente desde 1980.
El oficialismo libertario consiguió así lo que otras administraciones intentaron sin éxito, en una sesión que concluyó a las 18.15 con 44 votos afirmativos, 27 en contra y 1 abstención.
Tras la aprobación en general, el Cuerpo avanzó en el tratamiento en particular por títulos, repitiéndose el mismo resultado.
Finalmente, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, comunicó la sanción definitiva. La norma, que había recibido media sanción en Diputados el 12 de febrero, entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial.
debate por la edad de imputabilidad y los recursos
Durante la discusión, el senador chaqueño Jorge Capitanich centró su intervención en las dificultades de implementación del nuevo régimen y en la responsabilidad de las provincias.
«El problema son las provincias, que son las que efectivamente tienen que dar cumplimiento a un régimen penal en materia de capacidad instalada, lugares de alojamiento y políticas públicas necesarias para observar el problema separando causas y consecuencias. Si no se garantizan los recursos para su aplicación, puede quedar en letra muerta», advirtió.
Capitanich aportó cifras para dimensionar el fenómeno: señaló que en la Argentina se registran 935 niños y adolescentes detenidos, 23 de ellos en el Chaco.
Remarcó además que el porcentaje de delitos cometidos por menores alcanza el 2% del total y que el 97% de los niños y adolescentes son nativos. «El problema es de alta sensibilidad porque existen víctimas y niños, y porque tenemos un problema mayor que tiene que ver con la capacidad de financiamiento y las capacidades estatales sensibles y eficientes para resolver esto», sostuvo.
El legislador también alertó sobre una sobrepoblación carcelaria estimada en el 30% en el sistema penitenciario y cuestionó el presupuesto previsto por la ley.
Según explicó, el componente presupuestario equivale a $24 mil millones, lo que implicaría proyecciones de hasta nueve años para construir capacidades adecuadas en cada jurisdicción.
«Este presupuesto es insuficiente porque no puede tardar nueve años un proceso de construcción de capacidades instaladas eficientes», afirmó y concluyó: «El exceso de punitivismo no resuelve el problema, solo lo traslada. Hay que atacar las causas para garantizar un ordenamiento jurídico».
Qué establece
la nueva ley
La iniciativa fija la edad de imputabilidad en 14 años y prevé medidas complementarias como programas educativos, laborales y recreativos. Para delitos con penas de hasta 3 años y entre 3 y 10 años (sin resultado de muerte o lesiones graves), podrán aplicarse alternativas antes de la privación de la libertad.
En cuanto a las penas privativas de libertad, podrán cumplirse en el domicilio, en institutos abiertos o especializados, o en secciones separadas de establecimientos penitenciarios, siempre apartados de adultos.
La norma prohíbe la prisión perpetua y habilita la mediación penal y la suspensión del proceso a prueba en determinados casos.
Schneider defendió la baja de la edad de imputabilidad: «En el Chaco, más del 26% de los inculpados por delitos son menores»
En el marco del debate por el nuevo Régimen Penal Juvenil en el Congreso de la Nación Argentina, la senadora nacional por el Chaco, Silvana Schneider, defendió la iniciativa que propone bajar la edad de imputabilidad y aseguró que se trata de «un día histórico para la República Argentina».
Durante su intervención, la legisladora sostuvo que el país mantiene «una deuda no saldada con la sociedad argentina y fundamentalmente con las víctimas y sus familias».
En ese sentido, afirmó que el Congreso tiene «la responsabilidad moral de darles una respuesta» a quienes sufrieron delitos cometidos por menores de edad.
«Yo sé que no vamos a poder reparar el brutal daño causado, pero sí acompañar para que puedan tener al menos un poquito de paz en este proceso de sanación», expresó.
Schneider remarcó que el tratamiento del régimen no debe limitarse a la comprensión de las problemáticas sociales, sino que debe traducirse en «respuestas concretas».
No obstante, también hizo hincapié en la necesidad de incluir medidas orientadas a la reinserción. Señaló que el proyecto, en su artículo 8, contempla acciones complementarias vinculadas a la educación, la formación y el acompañamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal. «Nos tenemos que ocupar de esto, tenemos que dejar de mirar al costado», enfatizó.
La senadora indicó que, según datos provinciales, en el Chaco «más del 26% de los inculpados por delitos son menores», y planteó la necesidad de promover la responsabilidad de los adolescentes por sus actos.
«Creo que es momento de empezar a educar con responsabilidad», afirmó, al tiempo que sostuvo que las provincias deberán acompañar la eventual sanción de la ley con políticas públicas de contención e inclusión.
En otro tramo de su discurso, Schneider cuestionó la gestión educativa anterior en la provincia y mencionó el caso de Emerenciano Sena como exdirector de una institución escolar.
Además, citó los resultados de las Pruebas Aprender para señalar el deterioro en los índices de calidad educativa. Aseguró que esa situación comenzó a revertirse «con decisión política» de la actual gestión provincial encabezada por el gobernador Leandro Zdero.
También se refirió a la problemática del narcotráfico y los consumos problemáticos en la provincia. Sostuvo que la provincia estuvo «atravesada por el narcotráfico» y que actualmente existen cárceles «abarrotadas», aunque destacó que se incrementaron los operativos de incautación de droga.
En ese contexto, ponderó la implementación del programa provincial Fortaleza, destinado a la atención y acompañamiento de personas con consumos problemáticos y sus familias, así como la iniciativa «Impulsar», orientada a facilitar la reinserción laboral.
«La sociedad argentina nos interpela: el nuevo Régimen Penal Juvenil debe ser ley», concluyó.