El Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó este lunes la sentencia condenatoria contra siete integrantes del llamado “clan Sosa”, la organización familiar dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico con base en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.
El fallo, firmado por el juez de Cámara Enrique Bosch, homologó un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la Fiscalía General y los imputados, cerrando así una causa que se extendió desde el año 2020 y que investigó maniobras delictivas desarrolladas durante más de una década.
Los condenados son Ana María Flamenco, sus hijos Hugo Sebastián Sosa, Ariel Alberto Sosa y Mariela Alejandra Sosa, junto a Lía Vanesa Ruth Paz, Ramón Ángel Almua y Mauro Hernán Pacheco, todos oriundos de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Según la acusación, la organización operó de manera sostenida entre 2009 y 2022, canalizando ganancias ilícitas provenientes del tráfico de estupefacientes hacia la economía formal mediante la compra de vehículos, inmuebles, terrenos, emprendimientos comerciales e incluso una empresa de transporte y una financiera.
El fiscal general Federico Carniel, junto a los abogados defensores, presentó el acuerdo de juicio abreviado el 12 de febrero pasado. Sobre esa base, el juez Bosch impuso las condenas más severas a Ana María Flamenco y Hugo Sebastián Sosa, reconocidos como coautores principales: ambos recibieron siete años de prisión efectiva, multa equivalente al doble del monto de las operaciones ilícitas y el decomiso de todos los bienes vinculados al delito. Ariel Alberto Sosa, Ramón Ángel Almua y Mauro Hernán Pacheco fueron condenados a cuatro años y seis meses de prisión cada uno, bajo las mismas condiciones patrimoniales.
En tanto, Mariela Alejandra Sosa y Lía Vanesa Ruth Paz, calificadas como partícipes secundarias, recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional. Además de la multa y el decomiso de bienes, deberán cumplir reglas de conducta durante el mismo período de la condena: fijar domicilio bajo supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, y realizar ocho horas mensuales de trabajo comunitario no remunerado en instituciones de salud pública.
La investigación reveló que la organización utilizó diversas estrategias para ocultar el origen ilícito del dinero. Entre los mecanismos detectados figuran el uso de testaferros y prestanombres, la no inscripción formal de bienes adquiridos, la simulación de operaciones mediante contratos de alquiler o boletos de compraventa, y la superposición de transacciones para dificultar el rastreo del dinero. Los bienes se intentaron justificar inicialmente a través de Juan Alberto Sosa, padre de varios de los imputados y ya fallecido, así como mediante supuestas ganancias de actividades comerciales legítimas como carnicerías, tiendas de ropa y una distribuidora.
El tribunal destacó que la prueba reunida durante la instrucción fue determinante para sustentar el acuerdo, e indicó que la decisión de los imputados de admitir los hechos fue libre y voluntaria, con el asesoramiento de sus respectivos defensores.