Una resolución del Juzgado de Faltas de Resistencia dispuso nuevas reglas para controlar manifestaciones en la ciudad: prohíben ruidos cerca de edificios públicos, ordenan identificar a los manifestantes y habilitan el secuestro de bombos y otros elementos usados en protestas. La medida genera debate en medio del conflicto salarial con trabajadores estatales en Chaco.
Una resolución del Juzgado de Faltas de Resistencia generó debate en el ámbito político y sindical al establecer nuevas pautas para el control de las manifestaciones públicas en la capital chaqueña. La medida dispone una serie de directivas para el accionar policial durante protestas, entre ellas la identificación de manifestantes, la individualización de referentes y la posibilidad de secuestrar elementos utilizados en las marchas.
La disposición también establece la prohibición de “generar ruidos o molestias” en las inmediaciones de escuelas, hospitales, sanatorios y edificios públicos, lo que alcanza a bombos, sirenas y pirotecnia, elementos habituales en movilizaciones sindicales y sociales.
Según el documento judicial, los efectivos deberán intervenir ante manifestaciones o acampes en espacios públicos, labrar actas de constatación e informar detalles como la cantidad de participantes, la presencia de vehículos o carpas, los carteles utilizados y la identidad de los referentes de la protesta.
Además, la resolución contempla que, en caso de incumplimiento de las disposiciones, la Policía podrá proceder al secuestro inmediato de los objetos utilizados en la manifestación e incluso disponer detenciones preventivas si se detecta una infracción en flagrancia.
En el caso de acampes en la Plaza 25 de Mayo, en el centro de Resistencia, los manifestantes deberán contar con una autorización escrita del Municipio. De no presentarla, la Policía podrá intimar a retirar carpas, toldos, pancartas, garrafas u otros objetos en un plazo máximo de 20 minutos, bajo apercibimiento de decomiso.
La resolución fue firmada por la jueza subrogante Silvia Claudia Zalazar y surgió a partir de un pedido de aclaratoria realizado por la Comisaría Primera Metropolitana, que consultó cómo debía actuar ante manifestaciones públicas en el centro de la ciudad.
El tema se instala en un contexto de tensión social en la provincia, marcado por reclamos de distintos sectores estatales que cuestionan los recientes aumentos salariales otorgados por el gobierno provincial, considerados insuficientes frente al impacto de la inflación en el poder adquisitivo.
Desde algunos gremios y organizaciones sociales advirtieron que las nuevas disposiciones podrían afectar el ejercicio del derecho a la protesta, mientras que otros sectores sostienen que las medidas buscan ordenar el uso del espacio público y garantizar la circulación en la ciudad.