La investigación, centrada en hechos ocurridos entre 2016 y 2021, señala la existencia de una estructura organizada para el desvío de patrimonio público mediante la falsificación de documentos.
La fiscalía solicitó al juez de Garantías 2, Ricardo Mianovich, que envíe a juicio a cinco personas, acusadas de integrar una asociación ilícita y cometer delitos de falsedad ideológica y uso de documentos adulterados.
LOS IMPUTADOS
Entre estos, se encuentran Lidia del Carmen C., ex directora general de Gestión de Bienes de la provincia, a quien se la acusa de certificar los anexos falsificados de los decretos de subasta en carácter de funcionaria pública.
También está Santiago Daniel D., comerciante y titular de la empresa S. SAS, señalado como uno de los principales beneficiarios de las transferencias ilegales; Mario Orlando B., empleado público y mandatario, quien tenía la facultad de decidir qué bienes iban a subasta y se encargaba de los trámites ante el Registro Automotor; y Daniel Alejandro R. y Marcos Teófilo V., ambos sargentos de la Policía de Formosa y verificadores.
A estos últimos se les imputa haber certificado formularios de verificación policial (Formularios 12) sin tener los vehículos a la vista, facilitando el trámite legal de los rodados sustraídos. Héctor D., hermano de Santiago, también estaba imputado, pero falleció en diciembre pasado.
EL MODUS OPERANDI
Según pudo saber el portal Chaco Día por Día, la maniobra delictiva consistía en la adulteración de decretos provinciales originales que autorizaban subastas legítimas de vehículos oficiales.
Los implicados insertaban datos falsos en los anexos de estos decretos, modificando los nombres de los compradores por los de «prestanombres» o de la empresa S. SAS, además de alterar números de motor, chasis y dominios para que coincidieran con los vehículos que deseaban transferir ilegalmente.
DOCUMENTOS FALSOS
La organización utilizaba documentación pública falsificada, incluyendo actas de subasta y formularios registrales, para lograr que el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (DNRPA) transfiriera la titularidad de los autos y motovehículos del Estado provincial a manos privadas.
EL DESCUBRIMIENTO
La causa se inició en junio de 2021 tras una denuncia de Adrián Veleff, encargado de un Registro Automotor en Resistencia.
Veleff, quien actualmente se desempeña como presidente de Ecom Chaco, detectó de manera casual diferencias en la tipografía y colores de un decreto presentado para una transferencia y, al cotejarlo con el sitio web oficial de la provincia, confirmó que los datos del vehículo y del adquirente no coincidían con el documento original.
A esta denuncia se sumaron luego otras presentaciones de distintos titulares de registros que detectaron maniobras similares con motovehículos y otros rodados pertenecientes a la Jefatura de Policía del Chaco.