Este viernes, allanaron la TV Pública por contratos vinculados a un allegado de Adorni y avanza la causa por los vuelos a Punta del Este.
La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este viernes nuevas medidas de prueba con un procedimiento en la TV Pública y la declaración de una testigo clave en los tribunales federales.
Por orden del juez federal Ariel Lijo, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria llevaron adelante un allanamiento en la emisora estatal con el objetivo de secuestrar contratos y documentación vinculada al periodista Marcelo Grandio, señalado como amigo del funcionario nacional.
La medida se enmarca en una causa que investiga presuntas dádivas relacionadas con los vuelos privados que Adorni realizó junto a su familia hacia Punta del Este durante el último feriado de Carnaval. Según las sospechas judiciales, esos viajes habrían sido abonados por terceros.
En paralelo al procedimiento, comenzó a declarar como testigo una empleada del bróker aéreo que intervino en la operación. Se trata de una secretaria que, según fuentes del caso, fue quien gestionó directamente la venta de los vuelos con Grandio. En su testimonio, habría ratificado que el tramo de regreso fue pagado por el periodista.
La declaración se suma a la brindada previamente por el piloto Agustín Issin, quien se presentó ante la Justicia y aseguró que ambos tramos del viaje fueron abonados por Grandio. De acuerdo a su exposición, el vuelo de ida fue facturado a la productora Imhouse, mientras que el regreso se pagó en efectivo a su empresa mediante un intermediario.
Además, el bróker aportó conversaciones mantenidas con el periodista en las que se detalla la organización de los vuelos y la búsqueda de pasajeros adicionales bajo la modalidad de “pata vacía”, lo que permitió reducir el costo total del servicio.
La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios. El foco de la investigación está puesto en determinar si existió un beneficio indebido hacia el funcionario nacional y si los pagos realizados podrían configurar un delito.