La secretaria de Economía del Municipio de Sáenz Peña, Alejandra María Quintana, apuntó directamente al intendente Bruno Cipolini como responsable de las decisiones vinculadas a las inversiones que derivaron en una pérdida cercana a los 2.000 millones de pesos.
En su declaración testimonial, Quintana dejó en claro que las decisiones sobre el manejo de los fondos no se tomaban dentro de su área, sino que provenían del Ejecutivo municipal. “Las decisiones son del Ejecutivo”, afirmó, al tiempo que explicó que desde la Secretaría de Economía se limitaban a ejecutar órdenes de pago y transferencias.
En ese sentido, detalló que “las órdenes de parte del intendente generalmente nos las dan por teléfono”, y remarcó que “no hay otro autorizado para ordenarnos transferir los fondos”. Según su testimonio, todas las transferencias hacia la cuenta comitente en la Bolsa de Comercio del Chaco “fueron dadas por el intendente Bruno Cipolini”.
Quintana también explicó que la operatoria con la Bolsa no era manejada por su área. “Desde la Secretaría de Economía no tenemos el manejo de la cuenta comitente”, sostuvo, y precisó que el autorizado para gestionar la relación con la Bolsa era el entonces secretario de Gobierno, Diego Landriscina, quien actuaba como nexo entre el Municipio y los operadores financieros.
En esa línea, indicó que dicha responsabilidad fue delegada mediante un instrumento del Ejecutivo: “Se cedió esa responsabilidad a Diego Landriscina a través de una resolución municipal”, aunque aclaró que no recuerda el número ni la fecha.
Respecto del funcionamiento de la cuenta y las decisiones de inversión, Quintana señaló que su área no tenía intervención directa. “Yo no tenía acceso a la cuenta comitente”, afirmó, y agregó que las operaciones dentro de esa cuenta “no las conocía”.
La funcionaria también aportó un dato clave sobre el perfil de inversión del Municipio, al señalar que históricamente era “conservador” y que, en ese marco, no correspondía realizar colocaciones de riesgo, sin embargo desconoce los siguientes cambios, ya que no tenía acceso a la cuenta.
En relación a la situación actual de los fondos, fue contundente: “Actualmente esos fondos están embargados, y hasta que se resuelva el litigio los fondos no van a volver”.
En este contexto, el diputado provincial Santiago Pérez Pons, quien se presentó como querellante en la causa, sostuvo que “la declaración confirma que las decisiones no eran técnicas sino políticas, y que la responsabilidad recae en el Ejecutivo municipal”.
“Cuando se administra dinero público, no alcanza con decir que alguien ejecutaba las órdenes. Lo importante es quién tomaba las decisiones, y eso está claramente señalado en la causa”, agregó.
Finalmente, remarcó la gravedad institucional del caso: “Estamos hablando de recursos públicos y de decisiones que, según surge de los testimonios, no tuvieron los controles adecuados”.
