La secretaria de Economía del municipio de Sáenz Peña, Alejandra María Quintana, declaró en el marco de la causa que investiga la pérdida de aproximadamente $2 mil millones vinculada a inversiones financieras, y apuntó directamente al intendente Bruno Cipolini como responsable de las decisiones adoptadas en torno al manejo de los fondos públicos.
En su testimonio, la funcionaria estableció con claridad que las decisiones estratégicas sobre la administración de los recursos no se tomaban dentro de su área, sino que eran definidas por el Ejecutivo municipal, delimitando así el alcance de sus funciones en el esquema administrativo.
«Las decisiones son del Ejecutivo», afirmó Quintana, al describir el funcionamiento interno de la gestión económica, y explicó que desde la Secretaría a su cargo se limitaban a ejecutar órdenes vinculadas a pagos y transferencias previamente dispuestas por instancias superiores.
Asimismo, precisó que las instrucciones para realizar transferencias no se formalizaban necesariamente mediante documentación escrita, sino que eran comunicadas por vías informales. «Las órdenes de parte del intendente generalmente nos las dan por teléfono», señaló, al tiempo que subrayó la centralidad de la figura del intendente en la toma de decisiones.
En esa línea, enfatizó que no existían otros funcionarios habilitados para ordenar movimientos de fondos, reforzando el carácter concentrado del proceso decisorio. «No hay otro autorizado para ordenarnos transferir los fondos», sostuvo, al describir la operatoria habitual.
OPERATORIA FINANCIERA Y
VÍNCULO CON LA BOLSA
En relación con las transferencias hacia la cuenta comitente en la Bolsa de Comercio del Chaco, Quintana aseguró que todas las operaciones de ese tipo fueron instruidas directamente por el intendente. «Fueron dadas por el intendente Bruno Cipolini», indicó, en referencia a las órdenes que derivaron en las inversiones investigadas.
La funcionaria también aclaró que la Secretaría de Economía no tenía control ni administración directa sobre dicha cuenta, estableciendo una diferenciación entre la ejecución de transferencias y la gestión posterior de los fondos invertidos.
«Desde la Secretaría de Economía no tenemos el manejo de la cuenta comitente», explicó, al detallar que el control operativo de la relación con la Bolsa recaía en otra área del municipio, lo que implicaba una segmentación de responsabilidades dentro de la estructura administrativa.
En ese contexto, identificó al entonces secretario de Gobierno, Diego Landriscina, como el funcionario designado para actuar como nexo entre la comuna y los operadores financieros, desempeñando un rol clave en la interacción con el mercado.
Según su declaración, esta atribución fue formalizada mediante un acto administrativo específico. «Se cedió esa responsabilidad a Diego Landriscina a través de una resolución municipal», afirmó, aunque aclaró no recordar detalles precisos sobre dicho instrumento.
ALCANCE LIMITADO DE LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA
Quintana reiteró que su área no tenía acceso directo a la cuenta comitente ni participación en las decisiones de inversión que se realizaban a través de la misma, lo que, según su testimonio, restringía su capacidad de supervisión sobre las operaciones.
«Yo no tenía acceso a la cuenta comitente», expresó, al tiempo que agregó que las operaciones que se efectuaban dentro de esa cuenta no eran de su conocimiento, lo que refuerza la idea de una separación entre quienes ejecutaban transferencias y quienes definían la estrategia financiera. En relación con el perfil histórico de inversión del municipio, la funcionaria aportó un elemento de contexto relevante al señalar que la administración solía adoptar criterios conservadores en el manejo de los recursos públicos.
En ese sentido, sostuvo que ese enfoque no era compatible con la realización de colocaciones de riesgo, aunque aclaró que desconoce los cambios que pudieron haberse producido en la estrategia de inversión, debido a la falta de acceso a la información operativa de la cuenta.
Situación de los fondos investigados
En cuanto al estado actual de los recursos involucrados en la causa, la secretaria de Economía indicó que los fondos se encuentran sujetos a medidas judiciales que impiden su disponibilidad inmediata.
«Actualmente esos fondos están embargados, y hasta que se resuelva el litigio los fondos no van a volver», afirmó, al describir el escenario vigente en torno a los activos que forman parte del proceso judicial.
Este dato introduce una dimensión adicional al caso, ya que no solo se investiga la responsabilidad en las decisiones de inversión, sino también las consecuencias patrimoniales que derivan de las medidas cautelares adoptadas en el marco del litigio.
El embargo de los fondos implica que el municipio no puede disponer de esos recursos, lo que podría tener impacto en la planificación financiera y en la ejecución de políticas públicas, en función de la magnitud de la suma involucrada.
La evolución del proceso judicial será determinante para establecer tanto las responsabilidades individuales como el eventual recupero de los fondos, en un contexto marcado por la complejidad técnica y la relevancia institucional del caso.
Posición del querellante
En paralelo a la declaración de Quintana, el diputado provincial Santiago Pérez Pons, quien se presentó como querellante en la causa, realizó una evaluación política y jurídica del testimonio brindado por la funcionaria.
«La declaración confirma que las decisiones no eran técnicas sino políticas, y que la responsabilidad recae en el Ejecutivo municipal», sostuvo, al interpretar el alcance de las afirmaciones realizadas en sede testimonial.
El legislador remarcó que la clave del análisis no reside únicamente en la ejecución de las órdenes, sino en la identificación de quienes definieron la orientación de las decisiones financieras adoptadas.
«Cuando se administra dinero público, no alcanza con decir que alguien ejecutaba las órdenes. Lo importante es quién tomaba las decisiones, y eso está claramente señalado en la causa», expresó, al enfatizar el criterio de responsabilidad en la gestión pública.
Finalmente, Pérez Pons subrayó la gravedad institucional del caso, al vincularlo con el manejo de recursos estatales y la necesidad de controles adecuados en su administración.
«Estamos hablando de recursos públicos y de decisiones que, según surge de los testimonios, no tuvieron los controles adecuados», concluyó, planteando la relevancia del caso en términos de transparencia y rendición de cuentas.