En la 5ª sesión especial realizada ayer, la Cámara de Diputados del Chaco llevó adelante la interpelación al ministro de Producción y Desarrollo Económico, Oscar Dudik, en el marco del conflicto suscitado por el Fondo Estímulo Productivo (FEP), cuya modificación en el sistema de cálculo derivó en una fuerte controversia política, administrativa y judicial.
La convocatoria legislativa se inscribe en una serie de interpelaciones aprobadas por unanimidad por el cuerpo parlamentario, con el propósito de requerir explicaciones a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo sobre aspectos relevantes de la gestión pública, en este caso vinculados específicamente a la liquidación de un adicional salarial que afecta a cientos de trabajadores del área productiva.
El conflicto en torno al FEP se originó tras la implementación de un nuevo esquema de cálculo que impactó de manera directa en los ingresos de aproximadamente 570 agentes del Ministerio de Producción, quienes perciben este adicional como parte de su remuneración mensual, generando una reacción inmediata por parte de los sectores afectados.
La situación derivó en la judicialización del caso, a partir de la presentación de reclamos por parte de trabajadores que denunciaron una reducción significativa en sus haberes, lo que trasladó el debate desde el plano administrativo hacia el ámbito judicial, incrementando la tensión institucional.
En este contexto, la interpelación se constituyó en una instancia clave para exponer los fundamentos técnicos, legales y políticos de la decisión adoptada por la cartera productiva, así como para responder a los cuestionamientos formulados tanto por legisladores como por representantes sindicales.
EXPOSICIÓN
DEL MINISTRO Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS
Durante su presentación ante el cuerpo legislativo, Dudik inició su intervención con una definición institucional: «Hoy venimos a brindar un informe requerido por el cuerpo», sostuvo enmarcando su participación en el cumplimiento de una obligación formal ante la Legislatura.
En esa misma línea, el funcionario agregó que contaba con «instrucciones precisas» para ponerse a disposición no solo del ámbito parlamentario, sino también de la ciudadanía, subrayando la voluntad del Ejecutivo de transparentar los procesos administrativos vinculados al FEP.
El ministro explicó que el núcleo del conflicto reside en la forma de cálculo del fondo, al que definió como una asignación «móvil y variable», cuyo monto depende de la recaudación del organismo, integrada por ingresos provenientes de habilitaciones, multas, permisos e inspecciones, entre otros conceptos.
Según detalló, hasta el mes de diciembre de 2025, el FEP se calculaba sobre una base cercana a los $1.000 millones, lo que derivaba en percepciones superiores al $1.5 millones por agente, configurando un componente significativo dentro de la estructura salarial de los trabajadores.
No obstante, Dudik indicó que, tras solicitar dictámenes a organismos de control y al Ministerio de Economía, se detectaron inconsistencias en la composición de la base de cálculo, particularmente la inclusión de recursos que no se ajustaban a lo establecido por la normativa vigente.
CORRECCIONES EN LA LIQUIDACIÓN Y ADECUACIÓN LEGAL
En relación con las observaciones técnicas, el ministro sostuvo: «Se determinó que hay conceptos que son malinterpretados en cuanto a la ley y que no correspondían», enfatizando que el problema radicaba en una interpretación incorrecta de la normativa que regula el fondo.
Entre los elementos cuestionados, mencionó la incorporación de fondos específicos, como aquellos vinculados al área de bosques, los cuales definió como «específicos e intangibles», por lo que no pueden ser utilizados para el cálculo del FEP sin vulnerar su destino legal.
Asimismo, se refirió a los recursos provenientes del convenio de corresponsabilidad gremial, indicando que estos deben ser remitidos en su totalidad al Arca a nivel nacional, lo que excluye su consideración dentro del esquema de distribución del fondo estímulo.
A partir de estos dictámenes, el Ministerio de Producción dictó en enero de 2026 una resolución orientada a adecuar la liquidación del FEP a los criterios legales establecidos, modificando de manera sustancial la base sobre la cual se calcula el adicional.
El funcionario remarcó que la decisión adoptada no implicó la eliminación del beneficio, sino su ajuste conforme a derecho, al señalar: «No es que no se pagó», sino que el nuevo esquema implica abonar «lo que corresponde», en línea con las recomendaciones técnicas recibidas.
Impacto en los ingresos
La implementación del nuevo cálculo tuvo un impacto directo en los ingresos de los trabajadores alcanzados por el FEP, quienes experimentaron una reducción significativa en los montos percibidos, generando un clima de conflictividad dentro del organismo.
De acuerdo con los planteos realizados por los sectores afectados, la disminución en los haberes fue sustancial, lo que motivó la presentación de acciones judiciales con el objetivo de revertir la medida y restablecer los niveles de ingresos previos a la modificación.
El carácter variable del fondo, dependiente de la recaudación y de los criterios de liquidación, profundiza la complejidad del conflicto, al poner en discusión no solo el monto percibido, sino también la legitimidad de los parámetros utilizados para su determinación.
En este escenario, el debate trasciende lo estrictamente administrativo para adquirir una dimensión política y social, en tanto involucra la interpretación de normas, la distribución de recursos públicos y el impacto en las condiciones laborales de los agentes estatales.
Críticas de la oposición
Tras la exposición del ministro, diputados de la oposición manifestaron fuertes críticas hacia el desarrollo de la sesión, cuestionando la actuación del bloque oficialista y el desenlace del encuentro parlamentario.
En ese sentido, señalaron: «No fue un accidente. Dudik vino a tomarle el pelo al pueblo del Chaco: expuso y se fue», en referencia a la interrupción de la sesión por falta de quórum, que impidió la continuidad del intercambio y la formulación de preguntas.
Los legisladores opositores denunciaron que el ministro «leyó sin parar, pero no explicó por qué tomaron la decisión de no pagar el Fondo Estímulo a los trabajadores», y agregaron: «600 familias perdieron hasta el 80% de su salarios. No fue un error. No fue una demora. Fue una decisión: no pagar».
Asimismo, cuestionaron el accionar del oficialismo al sostener: «Cuando un funcionario decide no firmar lo que corresponde, no administra: bloquea derechos y ajusta», interpretando la medida como una decisión política con consecuencias directas sobre los trabajadores.
Finalmente, afirmaron que la exposición estuvo diseñada para evitar respuestas sustanciales, al declarar: «Como ya nos tiene acostumbrados la patota del Gobierno, cuando no tienen respuestas para dar, bajan la persiana y se esconden. La interpelación fue una farsa».