El Gobierno nacional confirmó este lunes un esquema de asistencia financiera para el Chaco que permitirá afrontar vencimientos de deuda durante 2026, en especial los compromisos vinculados al bono internacional en dólares que vence en agosto. La ayuda llega a través de un adelanto de coparticipación con una tasa del 15%, sensiblemente inferior a la del mercado, en un contexto de fuerte restricción para el acceso al crédito provincial.
La visita a Resistencia del secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, y su reunión con el ministro chaqueño Alejandro Abraam en Casa de Gobierno, terminó de formalizar una asistencia que el Ejecutivo de Leandro Zdero ya venía gestionando desde hace semanas. Según lo informado, el Chaco integra el grupo de 12 provincias alcanzadas por el Decreto 219/2026, que habilita anticipos por hasta $400.000 millones para cubrir urgencias financieras.
Secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman.
Desde el oficialismo provincial destacaron que el mecanismo permitirá “bajar el estrés financiero” y cubrir el 100% de los vencimientos previstos para este año, entre ellos un pago cercano a los 39 millones de dólares correspondiente al bono internacional heredado de administraciones anteriores. El argumento político del Gobierno chaqueño volvió a apuntar a la génesis de esa deuda: emitida durante la gestión de Domingo Peppo, luego reestructurada bajo Jorge Capitanich, y ahora afrontada por la administración actual.
Más allá del alivio inmediato, la asistencia vuelve a exponer una señal preocupante sobre la fragilidad estructural de las cuentas públicas provinciales. Que una provincia necesite anticipos de coparticipación para cubrir deuda en dólares y sostener pagos clave refleja que el margen fiscal sigue siendo extremadamente estrecho.
Coparticipación afectada: estos fondos deberán devolverse dentro del mismo ejercicio fiscal
Sin embargo, más allá del alivio inmediato, la asistencia vuelve a exponer una señal preocupante sobre la fragilidad estructural de las cuentas públicas provinciales. Que una provincia necesite anticipos de coparticipación para cubrir deuda en dólares y sostener pagos clave refleja que el margen fiscal sigue siendo extremadamente estrecho, incluso en un discurso oficial centrado en el “ordenamiento” y el “desendeudamiento”.
El punto crítico no es solo el costo del financiamiento —más bajo que el mercado—, sino el hecho de que estos fondos deberán devolverse dentro del mismo ejercicio fiscal mediante la afectación de recursos coparticipables futuros. Es decir, el alivio de hoy puede convertirse en una nueva presión sobre la caja de mañana.
En términos políticos, el auxilio también abre otro debate: mientras Nación sostiene un fuerte ajuste sobre transferencias discrecionales y obra pública, termina asistiendo a provincias aliadas o con dificultades de caja mediante mecanismos financieros que, aunque legales y habituales, funcionan como un puente para evitar crisis de corto plazo.
Para el Chaco, la asistencia representa oxígeno financiero y previsibilidad para atravesar los próximos meses sin sobresaltos. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿se trata de una solución transitoria o de una nueva postergación del problema estructural de endeudamiento y dependencia de recursos nacionales?
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