Este miércoles comenzó en el Tribunal Oral Federal de Resistencia el juicio oral y público contra el dirigente social Ramón Alberto “Tito” López, su esposa Librada Beatriz Romero y sus hijos David Alberto, Walter Ramón y Daniel Orlando López, todos detenidos desde septiembre de 2024 en el marco de una de las causas judiciales más resonantes de la provincia.
La investigación, impulsada por la Fiscalía Federal a cargo de Patricio Sabadini y sostenida en esta etapa por el fiscal Federico Carniel, apunta a un presunto entramado de lavado de activos, fraude a la administración pública, asociación ilícita y maniobras irregulares con tierras fiscales. Según la hipótesis acusatoria, el clan familiar habría consolidado en poco más de una década un patrimonio millonario compuesto por inmuebles, campos, vehículos, maquinaria rural, ganado y divisas, bienes que resultarían incompatibles con los ingresos declarados.
Un juicio clave que comenzó de manera virtual y sin transmisión pública
El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por los jueces Enrique Jorge Bosch, Fabián Gustavo Cardozo y Juan Manuel Iglesias. En una decisión que ya genera debate, las audiencias comenzaron de manera virtual a través de la plataforma Zoom y sin acceso abierto al público, a diferencia de otros juicios federales de alto impacto que sí fueron transmitidos.
La ausencia de publicidad en tiempo real volvió a poner en discusión el principio de transparencia de los actos judiciales, especialmente por tratarse de una causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos y la apropiación irregular de tierras fiscales.
La acusación: del crecimiento patrimonial a un presunto circuito de lavado
Para la fiscalía, López —referente del Movimiento 17 de Julio— encabezó junto a su familia una estructura destinada a canalizar fondos públicos hacia beneficios personales.
La causa pone el foco en el llamativo crecimiento patrimonial del dirigente, quien en alrededor de dos décadas pasó de desempeñarse como carrero en Resistencia a reconocer públicamente bienes valuados en más de 1.600 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente, entre 2011 y 2023 el grupo familiar habría accedido a unas 3.000 hectáreas de tierras fiscales mediante adjudicaciones presuntamente irregulares ante el Instituto de Colonización. Esos inmuebles rurales, que debían tener un destino productivo y social, habrían sido luego utilizados en operaciones inmobiliarias, fideicomisos, leasing y ventas a terceros, pese a las restricciones legales para su transferencia.
La acusación también sostiene que fundaciones y estructuras jurídicas vinculadas al entorno de López fueron utilizadas para canalizar recursos provenientes del Estado provincial, dinero que, según la hipótesis fiscal, habría terminado financiando la adquisición de bienes de alto valor.
Los imputados se negaron a declarar
Durante la primera audiencia, Tito López, su esposa y sus hijos optaron por no prestar declaración indagatoria, haciendo uso de su derecho constitucional.
La jornada comenzó con la lectura formal de la acusación fiscal y, tras un cuarto intermedio, todos los imputados resolvieron abstenerse de declarar en esta instancia inicial.
El fiscal Federico Carniel fue contundente al término de la audiencia: “Deben ser condenados todos. Nosotros vamos a ir por esa posición”, sostuvo al ratificar la postura acusatoria del Ministerio Público Fiscal.
Carniel explicó que el presunto delito de lavado de activos se sostiene sobre un ilícito precedente relacionado con fondos públicos que habrían sido enviados a fundaciones vinculadas a la familia López y luego desviados para beneficio personal.
“Cuando el Estado entrega tierras lo hace con un fin productivo, pero lo que determinamos es que realizaban operaciones inmobiliarias, incluso vendiéndolas en leasing”, señaló el fiscal al describir una de las maniobras centrales investigadas.
La defensa insistirá con la absolución
Por su parte, el abogado defensor Marcelino Leiva consideró que la primera audiencia fue una presentación formal de los cargos y adelantó que insistirá con la absolución de todos los imputados.
El letrado confirmó que este jueves comenzará la ronda de testigos, con cerca de 30 testimoniales propuestas por la fiscalía y al menos seis por la defensa.
Además, reiteró que, a su criterio, “no existen cargos suficientes para que ellos sigan presos y procesados”, por lo que buscarán revertir la situación procesal del grupo familiar.
Cómo sigue el juicio
La próxima audiencia será este jueves 9 de abril, cuando se abrirá formalmente la etapa probatoria con la declaración de los primeros testigos. En esa jornada, Tito López fue citado de manera presencial, a diferencia de la audiencia inaugural que se realizó íntegramente por Zoom.
El cronograma del debate oral se extenderá hasta mayo y se espera que, en base al volumen de prueba acumulada, el proceso se convierta en un caso testigo sobre presunto lavado de activos y utilización de organizaciones sociales para el desvío de fondos públicos en Chaco.
En caso de condena, las penas previstas por los delitos imputados podrían oscilar entre 4 años y medio y 15 años de prisión, según la calificación legal sostenida por la fiscalía.
Fotos: Osvaldo Ramírez, La Voz del Chaco