El Ministerio de Capital Humano de la Nación, encabezado por Sandra Pettovello, presentó los resultados del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, una medición inédita por su alcance federal y su implementación digital que registró de manera simultánea a 9.421 personas en 19 provincias del país, incluyendo el Chaco, configurando así una base empírica sin precedentes para dimensionar esta problemática social.
La iniciativa constituye la primera experiencia sistemática de relevamiento en tiempo real sobre personas en situación de calle en la Argentina, lo que permitió obtener datos homogéneos y comparables a nivel federal, consolidando una herramienta clave para el diseño de políticas públicas orientadas a este sector de la población.
El operativo se desarrolló mediante una combinación de observación directa en territorio y entrevistas voluntarias, alcanzando una tasa de respuesta del 84%, lo que refleja un alto nivel de participación por parte de las personas relevadas y otorga robustez a los resultados obtenidos.
En ese sentido, el subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera, destacó la innovación metodológica del procedimiento al señalar: «Recorrimos la calle y también los dispositivos, y cargamos los datos en una aplicación que permite trabajar sin conexión. A las 8 cada provincia ya tenía sus resultados en un tablero».
El enfoque permitió no solo acelerar la disponibilidad de la información, sino también garantizar su precisión y actualización simultánea, fortaleciendo la capacidad de análisis y respuesta de las autoridades involucradas en la intervención social.
PERFIL DEMOGRÁFICO
Y EDUCATIVO
El informe evidencia una marcada predominancia masculina entre las personas en situación de calle, ya que el 83% de los casos corresponde a varones, mientras que el 17% restante está compuesto por mujeres, lo que da cuenta de una distribución de género claramente desigual en esta problemática.
En cuanto a la edad, el relevamiento confirma que se trata mayoritariamente de una población adulta, con un 92% de personas mayores de 18 años, lo que indica que la situación de calle afecta principalmente a individuos que se encuentran en etapas activas de la vida.
El nivel educativo aparece como un factor relevante para comprender las trayectorias de exclusión, dado que el 52% de las personas completó la educación primaria, pero no logró finalizar la secundaria, evidenciando una interrupción temprana de los procesos formativos.
Asimismo, el 16% no posee estudios o no completó el nivel primario, lo que agrava las dificultades de inserción laboral y social, mientras que solo el 16% logró finalizar la secundaria y un 9% accedió a estudios superiores, cifras que reflejan una baja proporción de capital educativo acumulado.
Estos datos permiten establecer una relación directa entre el acceso limitado a la educación y la vulnerabilidad estructural que atraviesa a este grupo, configurando un escenario donde las oportunidades de desarrollo se ven significativamente restringidas.
CONDICIONES
DE VIDA Y PERMANENCIA
EN LA CALLE
El informe también destaca la duración de la permanencia en situación de calle, ya que el 32% de las personas lleva más de dos años en esa condición, lo que evidencia procesos prolongados de exclusión social.
A este grupo se suma un 18% que permanece entre uno y dos años en la calle, mientras que un 9% atraviesa una situación reciente, de menos de un mes, lo que muestra la coexistencia de trayectorias tanto crónicas como emergentes dentro del fenómeno.
Las condiciones habitacionales relevadas reflejan una fuerte dependencia de dispositivos de asistencia, con un 46% de las personas que duerme en refugios o paradores, mientras que un 40% lo hace directamente en la vía pública, evidenciando la precariedad de las alternativas disponibles.
En paralelo, el 44% de las personas asiste a comedores, lo que da cuenta de la centralidad de las redes de asistencia alimentaria en la subsistencia cotidiana de esta población.
El informe también identifica factores recurrentes que explican el ingreso a la situación de calle, entre ellos los consumos problemáticos, los conflictos familiares, las separaciones y diversas formas de exclusión del hogar, configurando un entramado de causas múltiples y complejas.
Políticas públicas
El informe advierte también sobre situaciones de vulnerabilidad adicional, al señalar que el 15% de las personas relevadas manifestó tener alguna discapacidad, aunque menos de la mitad cuenta con el certificado correspondiente, lo que limita su acceso a derechos específicos.
Desde el área responsable del relevamiento destacaron la importancia de contar con esta información para mejorar la intervención estatal, al afirmar: «Pasamos de la reacción ante la urgencia a la planificación, de la dispersión a la coordinación, de la intuición a la evidencia».
El estudio se enmarca en lo establecido por la Ley 27.654, que impulsa la elaboración de diagnósticos federales para orientar políticas públicas dirigidas a personas en situación de calle y a aquellas en riesgo de estarlo.
No obstante, el relevamiento no contó con la participación de cinco provincias (Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego), y según se indicó, no se recibieron explicaciones formales sobre su ausencia, lo que introduce una limitación en el alcance total del diagnóstico.
A pesar de ello, los resultados obtenidos constituyen un insumo significativo para avanzar en la comprensión integral del fenómeno y en el diseño de estrategias más eficaces de intervención social a nivel nacional.
Inserción laboral e ingresos
En el plano laboral, el relevamiento aporta datos que cuestionan ciertos estereotipos, al señalar que el 53% de las personas en situación de calle realiza algún tipo de actividad laboral, lo que demuestra la existencia de estrategias activas de generación de ingresos.
Sin embargo, estas actividades se desarrollan mayoritariamente en condiciones de informalidad, con un 43% inserto en trabajos no registrados, un 27% vinculado a la economía popular y un 25% que recurre a estrategias de supervivencia, lo que evidencia la precariedad del mercado laboral al que acceden.
En términos de ingresos, el 56% percibe algún tipo de transferencia social, lo que indica una cierta articulación con el sistema de asistencia estatal, aunque insuficiente para revertir la situación habitacional.
Por su parte, un 30% cuenta con ingresos previsionales, lo que sugiere la presencia de personas con trayectorias laborales previas que, pese a ello, han caído en situaciones de extrema vulnerabilidad.