El gobierno nacional definió un nuevo esquema de criterios para ordenar la selección de proyectos que integrarán el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2027-2029.
La decisión apunta a establecer prioridades claras en la asignación de recursos y a jerarquizar las obras en función de su impacto económico y productivo.
La medida introduce un marco metodológico que busca orientar la planificación estatal en materia de infraestructura bajo parámetros específicos vinculados al desarrollo.
La decisión fue formalizada a través de una resolución conjunta emitida por la Secretaría Ejecutiva de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, y publicada en el Boletín Oficial.
El instrumento establece los lineamientos que deberán seguir los organismos responsables al momento de formular y evaluar proyectos.
En ese sentido, dispone que se dará prioridad a la continuidad de las obras que ya se encuentran en ejecución, con el objetivo de evitar la paralización de proyectos en curso y garantizar la eficiencia en el uso de los recursos previamente comprometidos.
El esquema apunta a fortalecer una lógica de sostenimiento de inversiones ya iniciadas, minimizando los costos asociados a interrupciones o reprogramaciones.
Para las nuevas iniciativas, además, el Gobierno definió que se privilegiarán aquellas que generen empleo, impulsen las exportaciones y contribuyan a mejorar la balanza energética, estableciendo así un conjunto de variables que deberán ser consideradas en la evaluación de cada propuesta.
Asimismo, se incorporan como criterios de valoración adicional aquellos proyectos que promuevan el desarrollo tecnológico, cuenten con evaluación técnica vigente y dispongan de estudios de factibilidad o prefactibilidad presentados ante la Dirección Nacional de Inversión Pública, lo que introduce exigencias técnicas y documentales más rigurosas para su eventual inclusión.
MARCO INSTITUCIONAL Y METODOLÓGICO
La medida se inscribe en el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, organismo encargado de regular la formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos de inversión del Estado nacional, en pos de asegurar la coherencia entre las políticas públicas y las decisiones presupuestarias.
Dentro de este sistema, la Secretaría Ejecutiva actúa como autoridad de aplicación, coordinando con la Secretaría de Hacienda la definición de los lineamientos generales que orientan la incorporación de proyectos al esquema de inversión pública.
Según se detalla en la norma, los criterios establecidos no implican una asignación automática de fondos, sino que funcionan como un mecanismo de ordenamiento y clasificación dentro del Banco de Proyectos de Inversión Pública, herramienta central para la gestión de iniciativas estatales.
Se estima que este enfoque permita estructurar una base de proyectos jerarquizada, en la cual cada iniciativa es evaluada en función de su impacto y viabilidad, facilitando la toma de decisiones en un contexto de recursos limitados y múltiples demandas de inversión.
Además, se prevé que estos lineamientos sean desarrollados en guías y manuales metodológicos, con el fin de estandarizar su aplicación por parte de los distintos organismos del sector público, promoviendo criterios homogéneos en todo el ámbito estatal.
Hoja de ruta a mediano plazo
Cabe remarcar que el Plan Nacional de Inversiones Públicas constituye un documento clave en la gestión estatal, ya que presenta de manera sistemática el conjunto de programas y proyectos de inversión pública, así como las políticas que fundamentan dichas decisiones.
Su formulación anual y gestión están a cargo de la Dirección Nacional de Inversión Pública, en su carácter de órgano rector del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, lo que le otorga un rol central en la articulación de las políticas de inversión.
El plan incluye los gastos de capital y organiza la información de manera estructurada, permitiendo una visión integral de las prioridades del Estado en materia de infraestructura y desarrollo económico.
Estos programas y proyectos son posteriormente incorporados al proyecto de ley de presupuesto general, correspondiente al período plurianual, lo que garantiza su integración dentro del esquema financiero del Estado nacional.
En este contexto, el período 2026-2028 constituye el antecedente inmediato del nuevo esquema 2027-2029, sobre el cual se aplicarán los criterios recientemente establecidos para la selección y jerarquización de iniciativas.
Articulación presupuestaria
Uno de los objetivos centrales de la medida es alinear la planificación de obras públicas con el proceso de elaboración del presupuesto nacional, integrando las decisiones de inversión dentro de una estrategia fiscal más amplia que contemple tanto prioridades políticas como disponibilidad de financiamiento.
En este marco, los proyectos que cumplan con los criterios establecidos podrán ser considerados para su inclusión en el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional, correspondiente al período plurianual definido.
El proceso implica una articulación entre la planificación técnica y la programación presupuestaria, en la cual los proyectos son evaluados no solo por su impacto, sino también por su factibilidad financiera en el contexto macroeconómico vigente.
De esta manera, el esquema busca evitar la incorporación de iniciativas sin respaldo presupuestario o sin evaluación técnica suficiente, fortaleciendo la calidad del gasto público y la transparencia en la asignación de recursos.