La Justicia chaqueña intervino de manera inmediata ante una serie de amenazas de tiroteos en distintos establecimientos educativos, en un contexto de creciente preocupación a nivel nacional por episodios similares. El Poder Judicial, a través de un comunicado conjunto del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Penal N° 3 y la Fiscalía Penal de Investigaciones N° 3, confirmó que varios adolescentes ya fueron identificados e imputados por el delito de intimidación pública, mientras que continúan las investigaciones para determinar el alcance de los hechos.
Los mensajes intimidatorios, que circularon principalmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, generaron alarma entre estudiantes, docentes y familias, lo que derivó en la intervención de las autoridades judiciales y policiales. Según se informó oficialmente, las actuaciones se iniciaron tras denuncias canalizadas en distintas comisarías de la ciudad y forman parte de un fenómeno que no es aislado, ya que se registraron casos similares en otros puntos de la provincia y del país.
En este marco, el comunicado judicial precisó que “se encuentra en curso la actuación coordinada del Ministerio Público Fiscal y del Juzgado de N.A.F. N° 3 Penal respecto de los adolescentes que han sido identificados y puestos a disposición de la Justicia”. Asimismo, se detalló que los menores fueron imputados por el delito de intimidación pública, contemplado en el artículo 211 del Código Penal, que prevé penas de entre dos y seis años de prisión.
Desde la Fiscalía, el ayudante fiscal Cristian Barreto brindó detalles sobre el avance de las investigaciones y confirmó que, hasta el momento, en su jurisdicción se tramitan tres causas vinculadas a amenazas de este tipo. “Nosotros hasta ahora tenemos tres causas, pero hay amenazas en varios puntos de la provincia y en varias circunstancias”, sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa, en la que también mencionó la existencia de casos en localidades como General San Martín, Charata y otras zonas del área metropolitana.
Barreto explicó que la investigación se desarrolla bajo estricta reserva, en línea con las características propias de un proceso penal. “Es una investigación penal y por tal debe permanecer secreta”, afirmó, al tiempo que evitó brindar detalles sobre medidas en curso, como posibles allanamientos o nuevas diligencias. “Hay medidas que vamos a tomar que no las puedo decir en este momento”, agregó.
En relación con las pruebas, el funcionario confirmó el secuestro de al menos un teléfono celular vinculado a las amenazas. “Hay teléfonos celulares secuestrados como parte de las medidas de prueba, sí, correcto”, indicó, aunque aclaró que podrían sumarse nuevos dispositivos a medida que avance la investigación. También explicó que, en casos donde las amenazas se realizan a través de redes sociales, es necesario solicitar información a las empresas prestadoras del servicio para poder rastrear el origen de los mensajes.
Responsabilidad individual
Uno de los puntos centrales abordados por Barreto fue la responsabilidad penal en este tipo de hechos. El funcionario remarcó que, al tratarse de menores de edad, la responsabilidad es individual y no alcanza a sus padres o tutores. “La responsabilidad penal es intransferible, no se le puede hacer responsable a un padre por la actitud del hijo”, sostuvo. No obstante, aclaró que los adultos responsables son citados para tomar conocimiento de las actuaciones judiciales cuando se trata de menores involucrados.
Por su parte, el comunicado del Poder Judicial detalló las medidas adoptadas en el marco del Régimen Penal Juvenil. En los casos de menores punibles, el juez autorizó a la Policía a conducir a los adolescentes a dependencias policiales para su correcta identificación y la formación de los expedientes correspondientes. Además, se indicó que tanto los jóvenes como sus padres o responsables legales serán citados posteriormente ante el Juzgado.
Las autoridades judiciales también hicieron hincapié en el rol de las familias en la prevención de este tipo de conductas. “Recordamos a padres, madres y responsables el rol fundamental que les cabe en la formación de sus hijos, en el diálogo cotidiano y en el control responsable del uso de redes sociales y dispositivos tecnológicos”, señalaron en el comunicado.
En ese sentido, remarcaron que “la prevención de estas conductas empieza en casa, con escucha, límites claros y acompañamiento”.
En cuanto a la postura institucional, el Ministerio Público Fiscal advirtió que actuará con firmeza frente a este tipo de hechos. “Actuará con todo el rigor de la ley frente a conductas que alteren la paz social y atenten contra la seguridad en el ámbito escolar”, indicaron. A su vez, el Juzgado aseguró que se adoptarán todas las medidas previstas para garantizar el cumplimiento de la ley, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso y el debido proceso.
El mensaje también estuvo dirigido a la comunidad en general, a la que se le solicitó evitar la difusión de información no verificada que pueda generar mayor alarma social. “Solicitamos a la ciudadanía no difundir audios, imágenes o mensajes no verificados que generen mayor alarma social, y canalizar cualquier información por las vías oficiales”, expresaron, recomendando comunicarse con el 911, la comisaría más cercana o las sedes fiscales.
En paralelo, desde el ámbito educativo se comenzaron a implementar medidas preventivas en algunas instituciones, como controles en los accesos o restricciones en el ingreso de estudiantes, en un intento por llevar tranquilidad a la comunidad. Sin embargo, Barreto aclaró que esas decisiones corresponden a cada establecimiento en coordinación con las autoridades educativas. “Hay una cuestión administrativa puramente, que es la que lo manejan cada institución educativa con el Ministerio de Educación”, explicó, y añadió que dichas medidas deben respetar el marco legal vigente.
El escenario
En Argentina, se ha registrado una ola de amenazas de tiroteos en escuelas durante abril de 2026, lo que genera una gran preocupación y la activación de protocolos de seguridad en múltiples provincias. Aunque la mayoría de estas amenazas se vinculan a un posible reto viral, las autoridades han reforzado los controles y ya se han producido detenciones e imputaciones de menores.
Los mismos comenzaron a multiplicarse después del ataque real en la escuela Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe, donde un joven armado con una escopeta disparó contra sus compañeros, resultando en una víctima fatal y varios heridos, el pasado 30 de marzo.
Se investiga si los mensajes intimidatorios, que suelen aparecer como pintadas en baños o mensajes en redes con frases como «Mañana tiroteo», forman parte de un desafío viral en plataformas como TikTok.
Se han registrado incidentes y amenazas en Córdoba (más de 100 casos), Corrientes, Salta, Tucumán, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Como consecuencia de las autoridades se ven obligados a tomar distintas medidas de Seguridad como ser la implementación de Protocolos de Ingreso. En provincias como Corrientes, Chaco y Tucumán, algunas escuelas han prohibido el uso de mochilas o realizan revisiones exhaustivas de las mismas antes del ingreso.
En instituciones como el Colegio Nacional «J.M. Paz» de Resistencia los alumnos deben llevar sus útiles (carpetas, cartucheras) de forma visible o en bolsas transparentes.
Asimsimo, se han dispuesto consignas fijas y patrulleros en los horarios de ingreso y salida en los establecimientos afectados (más de 50 escuelas bajo monitoreo). Algunas instituciones, como la E.E.T. N° 33 de Barranqueras, han implementado la restricción total o regulación del uso de celulares dentro del edificio escolar.
Ante una amenaza, el protocolo activa automáticamente a las unidades de Antiterrorismo, Cibercrimen y servicios de emergencia para rastrear el origen de los mensajes y realizar requisas preventivas si es necesario.
Si bien la justicia chaqueña aclaró que la responsabilidad penal es individual y no de los padres, el gobierno provincial respalda las sanciones de intimidación pública, un delito que puede conllevar penas graves.
La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, instó a las familias a no reenviar estos mensajes para evitar el pánico social y a reportar cualquier sospecha directamente a los directivos de cada escuela, quienes son los encargados oficiales de ejecutar el protocolo.
Asimismo, como parte de las acciones legales, en Santa Fe, el gobierno anunció que cobrará a los padres de los menores involucrados el costo de los operativos policiales generados por falsas amenazas. En Salta y Córdoba ya hay adolescentes imputados por intimidación pública.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Educación de CABA han difundido guías oficiales para que los directivos y docentes sepan cómo actuar ante estos mensajes y evitar su viralización.