El ayudante fiscal, Cristian Barreto, del Equipo Fiscal N° 3, explicó que la mayoría de los involucrados son menores de edad, en su mayoría estudiantes secundarios.
En ese contexto, aclaró que las medidas se adoptan bajo el régimen legal vigente, con intervención de organismos de Niñez y del juzgado correspondiente.
La investigación se centra en amenazas difundidas principalmente a través de redes sociales como WhatsApp e Instagram.
Como parte de las pruebas, ya se secuestraron dispositivos electrónicos y se solicitaron informes a las plataformas digitales para rastrear el origen de los mensajes.
Desde el Poder Judicial indicaron que los hechos encuadran en el artículo 211 del Código Penal, que contempla penas de entre 2 y 6 años de prisión. Sin embargo, no descartan nuevas calificaciones a medida que avance la causa.
En paralelo, el Juzgado de Niñez autorizó el traslado de los menores a dependencias policiales para su identificación y la formación de expedientes. Luego, tanto los adolescentes como sus padres serán citados para continuar con las actuaciones judiciales.
Para evitar mayor alarma social, las autoridades decidieron no difundir los nombres de las instituciones afectadas y reiteraron el pedido a la comunidad de no viralizar mensajes no verificados.
Mientras tanto, la Policía refuerza la seguridad en escuelas de Resistencia y otras localidades como Sáenz Peña, San Martín y Charata, además de avanzar en la elaboración de protocolos de actuación ante este tipo de amenazas.
Finalmente, desde la Justicia remarcaron la importancia del rol de las familias en la prevención: el control del uso de redes sociales y el acompañamiento a los menores son claves para evitar este tipo de situaciones.
Alumnos involucrados podrían tener consecuencias penales
El Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Penal de Resistencia N° 3 y la Fiscalía Penal de Investigaciones N° 3. informaron que, ante los hechos de público conocimiento vinculados a amenazas de tiroteos en distintos establecimientos educativos de la ciudad de Resistencia, se encuentra en curso la actuación coordinada del Ministerio Público Fiscal y del Juzgado de N.A.F. respecto de los adolescentes que han sido identificados y puestos a disposición de la Justicia.
Se ha procedido a la imputación de los adolescentes involucrados por el delito de intimidación pública, previsto en el art. 211 del Código Penal (Pena de 2 a 6 años de prisión), sin perjuicio de otras calificaciones que pudieran corresponder conforme avance la investigación.
En todos los casos de menores de edad punibles, el Juez autorizó a la Policia para la conducción de los adolescentes a comisarias para su correcta identificación y formación de los expedientes judiciales respectivos. Oportunamente, tanto los adolescentes como sus padres y/o responsables legales serán citados ante el Juzgado en el marco de las causas iniciadas por los hechos que se investigan.
Se recuerda a padres, madres y responsables, el rol fundamental que les cabe en la formación de sus hijos, en el diálogo cotidiano y en el control responsable del uso de redes sociales y dispositivos tecnológicos.
La prevención de estas conductas empieza en casa, con escucha, límites claros y acompañamiento.
El Ministerio Público Fiscal actuará con todo el rigor de la ley frente a conductas que alteren la paz social y atenten contra la seguridad en el ámbito escolar.
Por su parte, este Juzgado arbitrará todas las medidas previstas en el Régimen Penal Juvenil para hacer cumplir la ley, atendiendo a las particularidades de cada caso y garantizando el debido proceso.
El Poder Judicial interviene en los casos que amerita.
Estos hechos tendrán consecuencias legales y se adoptarán todas las medidas necesarias para cumplir con la ley.
Finalmente, se solicita a la ciudadanía no difundir audios, imágenes o mensajes no verificados que generen mayor alarma social, y canalizar cualquier información por las vías oficiales: 911, comisaría más cercana o sede de Fiscalía.