Familias, prestadores y organizaciones vinculadas a la discapacidad se movilizaron ayer por la mañana en la plaza 25 de Mayo de Resistencia para visibilizar la profunda crisis que atraviesa el sector en el Chaco, marcada por deudas en el pago de prestaciones, incertidumbre sobre la continuidad de tratamientos y el rechazo a reformas impulsadas a nivel nacional.
La protesta, que se replicó en otras ciudades del NEA, reunió a personas con discapacidad, profesionales de la salud y referentes sociales frente a la Casa de las Culturas, en el centro de la capital chaqueña.
La convocatoria tuvo como eje principal la exigencia de regularización en los pagos a prestadores, que según denunciaron, acumulan atrasos de hasta seis meses correspondientes al año pasado.
Los manifestantes también expresaron su preocupación por iniciativas legislativas y administrativas que, a su entender, podrían derivar en recortes de derechos adquiridos y en una mayor desprotección del sector.
Durante la jornada, los participantes portaron carteles con consignas como «la discapacidad no se ajusta» y «sin prestaciones no hay derechos», en un clima de preocupación generalizada por el impacto directo que la crisis tiene en la calidad de vida de miles de personas.
La protesta se desarrolló de manera pacífica, con intervenciones públicas y testimonios que reflejaron la gravedad de la situación.
derechos conquistados
Erika Nasir, madre de un joven con discapacidad y una de las voceras del reclamo en la capital chaqueña, sostuvo que el escenario actual «se agrava por la falta de implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad».
En ese sentido, advirtió que «la desfinanciación solo profundiza la crisis» y remarcó que «esto implica interrupción de tratamientos y posibles cierres de instituciones».
La mujer también cuestionó propuestas impulsadas desde el Ministerio de Salud de la Nación, particularmente aquellas vinculadas a la revisión de pensiones. «Podrían derivar en bajas masivas y en una mayor desregulación del sistema», afirmó, al tiempo que pidió a los legisladores «responsabilidad social para evitar medidas que anulan derechos conquistados».
En la misma línea, familiares de personas con discapacidad denunciaron un contexto de creciente vulnerabilidad. «Hay un ensañamiento con las personas con discapacidad», expresaron durante la movilización, al describir las dificultades que enfrentan para sostener terapias, medicación y asistencia diaria.
Según indicaron, la falta de pagos impacta directamente en la continuidad de los tratamientos, muchos de los cuales resultan esenciales.
Deuda con prestadores
Prestadores del sistema también hicieron oír su voz. Profesionales de distintas áreas señalaron que atraviesan una situación crítica debido a los atrasos en los cobros y a la falta de actualización de aranceles. «Hace meses no cobramos las prestaciones», afirmaron y agregaron que «las familias no pueden afrontar terapias ni medicamentos», lo que genera un efecto en cadena que termina afectando a todo el sistema.
En ese marco, advirtieron que la crisis no solo compromete la atención actual, sino que pone en riesgo la sostenibilidad de centros terapéuticos e instituciones especializadas. «Si esto sigue así, muchos espacios van a cerrar», alertaron, al describir un panorama que consideran insostenible en el corto plazo.
En la región
La protesta en Resistencia se enmarcó en una jornada regional de movilización que también tuvo expresiones en Corrientes y Posadas, donde se replicaron reclamos similares. En todos los casos, el eje estuvo puesto en la necesidad de garantizar el acceso a prestaciones básicas, regularizar los pagos y evitar reformas que impliquen retrocesos en materia de derechos.
Desde organizaciones del sector remarcaron que la problemática no es nueva, pero que se ha profundizado en los últimos meses. Señalaron que el sistema de discapacidad arrastra dificultades estructurales vinculadas a la demora en los pagos, la falta de actualización de valores y la insuficiencia en la cobertura de obras sociales.
En ese contexto, el Foro Permanente por la Discapacidad también había anticipado medidas de protesta a nivel nacional, con una movilización hacia el Ministerio de Salud para exigir respuestas concretas. Entre los principales puntos del reclamo figuran la actualización de aranceles, la regularidad en los pagos mensuales y la cancelación de las deudas acumuladas.
Desde ese espacio advirtieron que las iniciativas oficiales «instalan una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad» y que «desvían el foco de la verdadera problemática», que según sostuvieron, radica en la crisis estructural del sistema. «Las personas con discapacidad no son responsables de la crisis. Necesitan respuestas urgentes, no retrocesos», expresaron en un documento difundido en el marco de la convocatoria.
En la plaza 25 de Mayo, el reclamo también tuvo un fuerte componente emocional. Muchas familias compartieron sus experiencias y expusieron las dificultades cotidianas que enfrentan ante la falta de cobertura y la incertidumbre sobre el futuro. «No sabemos si nuestros hijos van a poder seguir con sus terapias», comentó una madre durante la jornada, reflejando una preocupación que se repitió en distintos testimonios.
A lo largo de la movilización, los organizadores insistieron en la necesidad de que la problemática sea incorporada en la agenda pública y política con carácter urgente.
Asimismo, consideraron que la situación actual requiere medidas inmediatas que garanticen la continuidad de los servicios y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.
También reclamaron mayor articulación entre los distintos niveles del Estado para dar respuesta a una problemática que atraviesa tanto a la Nación como a las provincias. En el caso del Chaco, señalaron que es necesario reforzar los mecanismos de control y acompañamiento para evitar que la crisis se profundice.
La protesta en Resistencia volvió a poner en evidencia la delicada situación del sistema de discapacidad en la provincia y en la región, con un llamado urgente a las autoridades para que adopten medidas que permitan garantizar la continuidad de las prestaciones y evitar un escenario de mayor vulnerabilidad para uno de los sectores más sensibles de la sociedad.
«Es una situación límite que atraviesa a miles de familias»
Erika Nasir, madre de un joven con discapacidad, fue una de las voces más representativas de la jornada y describió con crudeza el impacto de la crisis en la vida cotidiana de las familias.
«La situación ya no es solo preocupante, es angustiante», sostuvo y remarcó que «hay familias que no saben cómo van a hacer para continuar la semana que viene con las terapias de sus hijos».
Asimismo, explicó que la falta de pago a prestadores genera un efecto directo en la continuidad de los tratamientos. «Cuando un profesional deja de atender porque no cobra hace meses, no es que se reemplaza automáticamente. Se pierde un vínculo, un proceso, un trabajo de años», señaló.
En ese sentido, advirtió que «la discapacidad no admite interrupciones», y que «cada tratamiento tiene una continuidad que es fundamental para el desarrollo de la persona».
Según indicó, los retrocesos pueden ser significativos cuando se corta ese acompañamiento. También cuestionó la falta de respuestas por parte del Estado. «Sentimos que estamos solos, que nadie dimensiona lo que está pasando», expresó, y agregó que «esto no es un gasto, es una inversión en calidad de vida».
En relación con las posibles reformas en el sistema, Nasir manifestó preocupación por el impacto que podrían tener. «Hay mucho temor. No sabemos quiénes van a quedar afuera, ni con qué criterios», dijo, y consideró que «no se puede ajustar sobre los sectores más vulnerables».
Finalmente, remarcó que el reclamo busca visibilizar una problemática que muchas veces queda invisibilizada. «No es un reclamo sectorial, es una situación límite que atraviesa a miles de familias», afirmó y concluyó: «Necesitamos respuestas urgentes, porque detrás de cada prestación hay una persona que depende de eso para vivir mejor».