El Poder Ejecutivo nacional procedió a la presentación formal de un ambicioso proyecto de ley destinado a modificar estructuralmente el sistema electoral vigente en la República Argentina.
La iniciativa, que fue introducida a través de la Cámara de Senadores de la Nación, contempla un total de setenta y nueve artículos que proponen transformaciones profundas en diversas normativas, tales como la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la Ley de Financiamiento de las agrupaciones políticas y el propio Código Electoral Nacional.
La presentación de esta propuesta legal sucede a los anuncios realizados previamente por el presidente Javier Milei durante su visita oficial a Israel, donde anticipó los ejes centrales de la reforma que su administración pretendía impulsar.
Según lo expresado por el primer mandatario, el objetivo primordial radica en desmantelar un esquema que considera ineficiente y oneroso para las arcas públicas, centrando su atención en la supresión de las elecciones primarias y la implementación de mecanismos de control más rigurosos para los candidatos.
Desde la oficina del Presidente se emitió un comunicado oficial fundamentando la urgencia de estas modificaciones, sosteniendo que el sistema actual se encuentra viciado y requiere una corrección inmediata para que la política represente verdaderamente a la ciudadanía.
La comunicación gubernamental enfatizó que la intención oficial es devolver el poder a los argentinos y garantizar que la actividad política esté genuinamente al servicio de la gente. En este sentido, el texto oficial reza: «Llegó la hora de devolverle el poder a los argentinos: que la política vuelva a estar al servicio de la gente».
El proyecto no solo se limita a la gestión de los comicios, sino que aspira a una reorganización del costo de la democracia en la Argentina, señalando que el esquema actual subsidia de manera insensata a la dirigencia política.
El diagnóstico del Ejecutivo sugiere que las normativas vigentes han sido diseñadas para proteger los privilegios de lo que denominan la casta política, en detrimento del bienestar económico de la población.
ELIMINACIÓN DE LAS PASO Y NUEVOS REQUISITOS PARTIDARIOS
Uno de los pilares fundamentales del proyecto es la supresión definitiva de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un mecanismo instaurado hace más de una década que el Gobierno califica como un experimento fallido.
De acuerdo con la argumentación oficial, estas instancias no han cumplido con su propósito original de dirimir internas relevantes y han representado un gasto exorbitante para el Estado nacional.
El texto del proyecto destaca que solo en el año 2023, la realización de las PASO implicó una inversión de $45 mil millones, cifra que el Ejecutivo considera injustificada dado que, en la práctica, muchos partidos no presentan competencia real en dichas etapas.
Al respecto, la administración de Javier Milei sostiene que las elecciones primarias deben retornar al ámbito privado de cada agrupación política, siendo estas las responsables de organizar y financiar sus propios procesos de selección de candidatos sin la asistencia del erario público.
El comunicado oficial refuerza esta postura, subrayando: «De acá en adelante, las primarias vuelven a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado. Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos».
En consonancia con la eliminación de las PASO, la reforma introduce cambios significativos en las condiciones necesarias para que una agrupación política obtenga y mantenga su personería jurídica.
El proyecto establece que para la constitución de un partido en el orden de distrito se requerirá la presencia de al menos cincuenta electores fundadores, la redacción de una carta orgánica, la declaración de principios y la designación de autoridades, además de contar con un sitio web oficial.
Una vez obtenido el reconocimiento provisorio, las agrupaciones deberán acreditar en un plazo de ciento ochenta días un número de afiliados que no sea inferior al cero coma cinco por ciento del padrón electoral del distrito correspondiente, con un límite máximo de 2 millones de inscriptos.
Asimismo, se impone la obligación de convocar a elecciones internas para definir a las autoridades definitivas en un término no mayor a noventa días desde la obtención de la personería.
Para los partidos que aspiren al reconocimiento nacional, la exigencia se eleva a poseer personería vigente en al menos diez distritos y contar con una masa de afiliados equivalente al 0,1% del padrón total del país, garantizando así una representatividad federal mínima.
El control de estas condiciones quedará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal (MPF), que tendrá la potestad de solicitar la caducidad de la personería en caso de incumplimientos específicos.
Entre las causas de pérdida de reconocimiento legal se incluyen la omisión de elecciones internas durante un período de cuatro años, la no participación en dos procesos electorales nacionales consecutivos o el fracaso en alcanzar el tres por ciento del padrón en elecciones sucesivas.
Además, se añade como causal de caducidad el incumplimiento de la paridad de género en los órganos directivos, reforzando la obligatoriedad de que las estructuras partidarias reflejen una composición equitativa entre hombres y mujeres en sus niveles de conducción.
El fin de la polémica boleta partidaria
BLINDAJE ELECTORAL. La implementación de la Boleta Única de Papel traslada al Estado la responsabilidad de garantizar la disponibilidad de boletas, eliminando el riesgo de faltantes o robo y permitiendo al elector elegir una lista completa mediante un casillero específico.
Mayor integridad y transparencia pública
FILTRO ÉTICO. La reforma establece que cualquier persona con una condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos quedará inhabilitada para ser candidato o ejercer cargos en la administración pública.
Nueva distribución
de fondos
BAJO FISCALIZACIÓN ESTRICTA. La propuesta de reforma electoral establece un nuevo esquema de financiamiento público en el cual el 80% de los aportes estatales se distribuirá de manera proporcional a la cantidad de votos obtenidos por cada partido político.