En un contexto de creciente incertidumbre, la directora de la institución Girasoles, Rocío Delssin, expresó su profunda preocupación por la situación que atraviesa el sector de discapacidad en el país, al advertir sobre un posible retroceso en materia de derechos adquiridos.
«Es una situación realmente muy crítica. Girasoles tiene 27 años de vida y nunca nos ha pasado estar viviendo algo así. Hemos atravesado crisis en nuestro país, pero nunca con tanto peligro de que se pierdan derechos», afirmó.
En declaraciones a Radio Libertad, Delssin remarcó que el escenario actual genera «impotencia, angustia y desconcierto», no solo desde su rol institucional, sino también en representación de las familias, las personas con discapacidad y los trabajadores del sector. «No sabemos qué va a pasar. Ya vienen sucediendo cosas que nos ponen en una situación de mucho riesgo», sostuvo.
En ese sentido, también mencionó a Mirta Goñi, codirectora de la institución, con más de 45 años de trayectoria, quien continúa trabajando activamente en la atención de familias. «La preocupación es enorme», resumió.
Reempadronamiento y riesgo de pérdida de beneficios
Uno de los puntos más cuestionados por la referente es la implementación del reempadronamiento obligatorio de pensiones por parte del gobierno nacional.
«El problema es que esto ya ocurrió antes. Muchas personas con discapacidad perdieron sus pensiones sin una revisión profunda. Los trámites son extremadamente engorrosos, sobre todo para quienes viven en el interior o en zonas como El Impenetrable», explicó.
Según detalló, la caída de pensiones implica también la pérdida de acceso al programa Incluir Salud, lo que deja a los beneficiarios sin cobertura para tratamientos médicos, terapias, medicación o insumos esenciales.
«No estamos hablando solo de un ingreso económico. Estamos hablando de tratamientos psiquiátricos, medicación, leches especiales, sillas de ruedas, bastones, anteojos. Es todo un sistema que permite sostener una calidad de vida mínima», subrayó.
«Se pone en juego la inclusión lograda»
Delssin alertó además sobre el impacto de los recortes en el transporte público, particularmente en la reducción de beneficios asociados a la tarjeta Sube.
«Hoy una persona con discapacidad tiene que elegir entre ir a trabajar o asistir a sus terapias. Muchos necesitan tomar dos colectivos para ir y volver, y viven en zonas alejadas del centro», señaló.
En ese marco, cuestionó las decisiones que afectan directamente a un sector históricamente vulnerable. «¿Desde qué lógica se analiza esto? ¿Por qué ajustar en un colectivo tan sensible que ha luchado durante décadas por su inclusión?», planteó.
La directora recordó que los avances logrados en inclusión educativa y laboral son el resultado de años de lucha. «Hoy tenemos jóvenes con discapacidad trabajando formalmente, algo que nunca había pasado en el Chaco. ¿Por qué vamos a retroceder?», se preguntó.
Derechos conquistados y riesgo de retroceso
Delssin contextualizó la problemática en el marco de la evolución histórica de los derechos de las personas con discapacidad, recordando que la Argentina adhirió en 2008 a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
«Venimos de una historia de exclusión y segregación. Durante años, estas personas eran invisibilizadas. Hoy son sujetos de derechos, pero estamos retrocediendo», advirtió.
También cuestionó la incompatibilidad entre pensiones y empleo formal, al considerar que limita las posibilidades de inclusión laboral. «No pueden vivir toda la vida de una pensión. Necesitan trabajar, desarrollarse, tener un proyecto de vida», afirmó.
Crisis en el sistema y falta de pagos
Otro de los puntos críticos señalados es la falta de actualización en los aranceles y la interrupción en la cadena de pagos por parte de las obras sociales.
«Hace meses que no se cobran prestaciones ni transporte. Esto afecta a todos: instituciones, profesionales independientes, trabajadores y familias», explicó.
La situación, agregó, pone en riesgo la continuidad de los servicios. «Si no hay aumento en las prestaciones, no nos vamos a poder sostener. Hay instituciones que ya están cerrando y prestadores que dejaron de brindar servicios», advirtió.
Llamado a la sociedad
Finalmente, Delssin hizo un llamado a la sociedad a tomar conciencia sobre la problemática.
«Esto no es un tema de un sector. Nos atraviesa a todos. Nadie está exento de tener un familiar con discapacidad», expresó.
En esa línea, pidió visibilizar la situación y defender los derechos conquistados. «No podemos naturalizar el retroceso. La Argentina ha sido un ejemplo en materia de derechos. La pregunta es: ¿por qué vamos a volver a excluir?», concluyó.
El 52% de los argentinos no llega a fin de mes
y crece la necesidad de otro ingreso
Un informe de la consultora Delfos reveló que el 52% de los argentinos no llega a fin de mes, mientras que alrededor del 40% de los trabajadores intenta sumar un segundo empleo ante la insuficiencia de sus ingresos.
La pérdida de poder adquisitivo se profundizó en los últimos meses y ya impacta de lleno en la vida cotidiana. Según el relevamiento, más de la mitad de la población no logra cubrir gastos fijos con su ingreso mensual y apenas un 17% consigue sostener el consumo y, al mismo tiempo, ahorrar.
El estudio también identifica un segmento amplio que sobrevive sin margen: el 31% llega justo a fin de mes. Si se suma a quienes directamente no alcanzan a cubrir sus necesidades, el universo en situación de fragilidad económica trepa al 83%.
«Si consideramos a los que llegan con lo justo como otro sector tensionado económicamente, el porcentaje de argentinos en situación de vulnerabilidad económica asciende al 83%», precisó el informe.
El deterioro aparece como una tendencia sostenida. El indicador de quienes no llegan a fin de mes arrancó el año en 35%, subió a 40% en febrero, avanzó a 49% en marzo y alcanzó el 52% en abril , en una curva ascendente que refleja el impacto acumulado de la inflación sobre los ingresos.
La presión no se limita al empleo principal. Otro relevamiento de la misma consultora señaló que el 43% de los argentinos busca un segundo trabajo para complementar ingresos, un dato que supera ampliamente el 16,5% de búsqueda laboral activa informado por el Indec.
«Este diagnóstico expone que los problemas laborales de los argentinos no pasan únicamente por el acceso al empleo, sino por la incapacidad de cubrir sus necesidades básicas», sostuvo la consultora. Solo dos de cada diez personas afirmaron no necesitar un ingreso adicional en la actualidad.
La necesidad de generar recursos extra también alcanza a los jubilados, que representan el 14% de quienes buscan otra fuente de ingreso, lo que evidencia dificultades para sostener el costo de vida incluso después de finalizada la etapa laboral activa.