A través de un comunicado dirigido a los usuarios, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) advirtió que el transporte público del interior del país atraviesa una «emergencia terminal», con consecuencias directas en la prestación del servicio.
Desde la entidad señalaron que la situación actual responde a un fuerte desfasaje económico que compromete la operatividad del sistema. «El transporte del interior se encuentra en un estado de parálisis inminente debido a un desfasaje económico que hace imposible sostener la operatividad normal de las unidades», indicaron.
Uno de los factores principales es el aumento del costo del combustible. Según detallaron, el gasoil representa un 18% en la estructura del boleto, por lo que una suba del 25% impacta directamente en los costos del servicio. «Los costos de explotación no han previsto el incremento del combustible, lo que obliga a recalcular tarifas y condiciones de prestación», explicaron.
A este escenario se suma la deuda del Estado nacional en concepto de «Atributos Sociales», es decir, los descuentos aplicados a través de la tarjeta Sube para sectores vulnerables.
Desde la Fatap remarcaron que las empresas están cubriendo esos beneficios con recursos propios. «El gobierno nacional adeuda los pagos correspondientes a enero, febrero y marzo, lo que implica que las empresas financian con recursos propios beneficios que otorga el Estado», advirtieron.
En paralelo, cuestionaron la distribución de subsidios entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y el interior del país. «Existe una desigualdad alarmante en el reparto de fondos. Mientras en el Amba el boleto se mantiene entre $700 y $800, en el interior debería superar los $2.300 para cubrir los costos reales», señalaron.
Menos frecuencias y servicios recortados
Como consecuencia de esta situación, las empresas comenzaron a aplicar medidas de emergencia que ya impactan en los usuarios. Entre ellas, se destaca la reducción de frecuencias, que alcanza hasta un 40% fuera de los horarios pico.
Además, se dispuso la suspensión de servicios nocturnos en varios puntos del país, debido a la imposibilidad de afrontar los costos operativos en franjas de menor demanda.
Otro de los puntos críticos es el riesgo en el pago de salarios, lo que podría derivar en conflictos gremiales. «La crisis pone en peligro el cumplimiento de las obligaciones con nuestros trabajadores», indicaron, y advirtieron sobre posibles medidas de fuerza.
Reclamo al Gobierno nacional
Ante este panorama, Fatap solicitó la intervención urgente del gobierno nacional. En ese sentido, reclamaron «la liberación inmediata de los fondos adeudados» y la apertura de una mesa de diálogo que permita discutir un esquema más equitativo de distribución de recursos.
Finalmente, desde la entidad lamentaron el impacto que esta crisis genera en la vida cotidiana de los usuarios, aunque insistieron en que la continuidad del sistema está en riesgo.
«Nuestra prioridad es defender el transporte que conecta a nuestras comunidades, pero sin los fondos que legalmente corresponden, el servicio corre riesgo de desaparecer», concluyeron.