Con la participación de casi 300 asistentes, se desarrolló el Primer encuentro sobre participación indígena; consulta libre, previa e informada; tierra y territorios; el rol de los traductores e intérpretes, una jornada orientada a debatir los desafíos vinculados al acceso de los pueblos indígenas al sistema judicial y a fortalecer las políticas institucionales en materia de derechos colectivos.
La actividad fue coordinada por la jueza del Superior Tribunal de Justicia, Iride Isabel Grillo, en su carácter de vocal del Instituto de Capacitación Judicial Reflejar, y contó además con la colaboración de la Cátedra Libre de Derecho Indígena “Ricardo Altabe”, la Facultad de Derecho de la UNNE y la Coordinación Integral de los Pueblos Indígenas ante el Poder Judicial del Chaco. Entre los asistentes hubo magistrados, funcionarios y trabajadores judiciales de distintas provincias, además de referentes académicos y representantes de organismos vinculados a derechos humanos y pluralismo cultural.
Durante la apertura institucional, la presidenta de Jufejus y jueza del STJ, Emilia Valle, definió al encuentro “Tiempo Social de la Justicia” como un ámbito de reflexión destinado a repensar el derecho y la función judicial en relación con sectores históricamente postergados. En el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, sostuvo que el acceso a la justicia constituye un derecho humano fundamental que exige acciones concretas por parte del Estado para garantizar su ejercicio efectivo.
Asimismo, repasó avances normativos vinculados al reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, la educación bilingüe, la propiedad comunitaria y la consulta libre, previa e informada, y remarcó la responsabilidad que recae sobre el Poder Judicial en la aplicación efectiva de esos derechos.
Valle también destacó diversas iniciativas impulsadas desde el sistema judicial chaqueño, entre ellas la creación del Juzgado Multifueros de Nueva Pompeya, la incorporación de referentes indígenas mediante concursos en todas las circunscripciones y la existencia de fallos considerados relevantes en la materia. Señaló que, pese a los avances alcanzados, persisten desafíos estructurales que requieren profundizar políticas públicas y mecanismos institucionales. En ese sentido, valoró el encuentro como una oportunidad para “aprender, escuchar y mejorar las prácticas institucionales”, enfatizando la necesidad de consolidar espacios permanentes de diálogo intercultural dentro del ámbito judicial.
REFLEXIONES SOBRE DERECHOS Y REPRESENTACIÓN
La presidenta de REFLEJAR, María del Carmen Battaini, respaldó las expresiones formuladas por Valle y recordó que la iniciativa tuvo su origen en Ushuaia como una propuesta orientada a compartir experiencias y promover herramientas que permitan construir prácticas judiciales más accesibles y sensibles frente a contextos de vulnerabilidad. Battaini resaltó además el aporte realizado por Elizabet González y sostuvo que la jornada constituyó “un primer paso para conocerse, reconocerse y avanzar en conjunto”, en referencia a la articulación institucional y comunitaria que dio sustento al encuentro.
Por su parte, Iride Isabel Grillo destacó el trabajo conjunto entre las instituciones organizadoras y reivindicó el liderazgo de Valle y Battaini al frente de Jufejus y Reflejar. La magistrada recordó los orígenes de la Cátedra Libre de Derecho Indígena y definió a Ricardo Altabe como un “luchador inclaudicable”, subrayando su trayectoria en defensa de los derechos indígenas. Además, sostuvo que la justicia debe entenderse como un derecho humano y afirmó que el Estado tiene la obligación de evitar nuevas vulneraciones, incluso dentro del marco democrático, especialmente cuando persisten prácticas institucionales basadas en el desconocimiento de las realidades culturales de los pueblos originarios.
En la misma línea, el decano de la Facultad de Derecho de la UNNE, Mario Villegas, analizó los alcances de la reforma constitucional de 1994 y señaló que, si bien implicó avances significativos en el reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas, aún existen dificultades para garantizar la implementación efectiva de esos derechos. Entre las problemáticas pendientes mencionó la regularización territorial y el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada. También sostuvo que resulta necesario fortalecer el acceso a la justicia mediante intérpretes, facilitadores culturales y defensorías especializadas, y reivindicó el rol de la universidad pública en la producción y democratización del conocimiento, además de destacar la creciente presencia de estudiantes indígenas en la UNNE.
EXPERIENCIAS, PROPUESTAS Y DESAFÍOS FUTUROS
La jornada incluyó diversas exposiciones vinculadas al acceso de los pueblos indígenas al Poder Judicial y a las formas de participación desde las propias cosmovisiones comunitarias. Martha Altabe abordó el marco constitucional y convencional relativo a la participación indígena en la justicia, mientras que Alberto Núñez, líder sabio del pueblo Qom, y Elizabet González expusieron sobre la visión indígena respecto del reconocimiento de derechos y la necesidad de garantizar una participación efectiva. Núñez reclamó que “se efectivicen y se respeten realmente los derechos de los pueblos indígenas”, planteando la necesidad de superar las brechas existentes entre el reconocimiento normativo y la realidad cotidiana de las comunidades.
Otro de los ejes centrales estuvo relacionado con el concurso de ingreso al Poder Judicial destinado a integrantes de pueblos indígenas. Rosario Augé, Daniel Escalante y Abel Salteño analizaron el diseño, la implementación y los desafíos de esa política de inclusión institucional. Posteriormente, Ismael Gómez compartió su experiencia como primer empleado judicial del pueblo Wichi incorporado por concurso, mientras que Isabel Paredes expuso sobre los procesos de formación y preparación de jóvenes indígenas para su inserción en el ámbito judicial. Las intervenciones coincidieron en la necesidad de fortalecer estrategias de capacitación y acompañamiento que permitan ampliar la representación indígena dentro de las estructuras estatales.
En el cierre del encuentro, Grillo formuló una serie de reflexiones orientadas a proyectar el trabajo hacia futuras instancias, incluida una nueva jornada prevista para septiembre sobre participación de mujeres indígenas. La jueza afirmó que “cuando la causa es indígena, los tiempos deben ser indígenas, no regidos por lógicas externas”, y sostuvo que no se trata de “otorgar” derechos, sino de garantizar derechos preexistentes. En ese sentido, remarcó que los pueblos indígenas son anteriores al Estado nacional y deben ser reconocidos como sujetos de derechos “individuales y colectivos”.
También reclamó consultas “previas no posteriores, libres, genuinas, de buena fe, no consultas tardías, nominales, o disfraces de consultas”, y agregó que las autoridades deben actuar “evitando prácticas meramente formales o tardías”. Finalmente, sostuvo que los pueblos indígenas no deben ser considerados personas vulnerables, sino “personas con derechos vulnerados”, y concluyó que las decisiones judiciales requieren prudencia y tiempos adecuados, ya que “lo urgente no debe confundirse con lo apresurado”.