La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo eje de investigación: la Justicia federal comenzó a analizar movimientos vinculados a criptomonedas y activos digitales .
El fiscal Gerardo Pollicita recibió en las últimas horas las primeras respuestas enviadas por exchanges y plataformas virtuales a las que había solicitado información. Según trascendió, los reportes confirmaron la existencia de transacciones realizadas por el funcionario dentro del ecosistema cripto.
La investigación se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo y ahora incorpora un componente financiero de mayor complejidad, debido a las dificultades que suelen presentar este tipo de activos para su rastreo mediante mecanismos tradicionales.
Si bien los montos detectados hasta el momento serían menores en comparación con otros movimientos económicos ya incorporados al expediente, los investigadores consideran que podrían representar apenas una parte de operaciones más amplias. En ese contexto, la fiscalía analiza avanzar con estudios técnicos de trazabilidad para reconstruir el recorrido de los fondos dentro de la cadena de bloques y determinar origen y destino de las operaciones.
El avance de la causa se da luego de que el presidente Javier Milei confirmara que Adorni presentará una actualización de su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2025, en medio de la polémica por gastos, propiedades y movimientos económicos que quedaron bajo la lupa pública en las últimas semanas.
Entre los puntos que el funcionario buscará explicar aparece la herencia recibida tras la muerte de su padre, Jorge Eduardo Adorni, fallecido en 2002. En el expediente sucesorio figuran un departamento y un terreno en la ciudad de La Plata, bienes que formarían parte de la justificación patrimonial que incorporará en su presentación.
La declaración jurada también deberá dar precisiones sobre distintos gastos que forman parte del análisis judicial, entre ellos la compra de propiedades, viajes y refacciones realizadas en una vivienda del country Indio Cuá.
Uno de los datos incorporados recientemente a la causa surgió de la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, quien aseguró bajo juramento que las remodelaciones realizadas en esa propiedad demandaron alrededor de 245 mil dólares abonados en efectivo.
Además, la investigación analiza otros movimientos económicos vinculados a viajes familiares y gastos realizados durante los últimos dos años.
En medio de la controversia, Milei volvió a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete y sostuvo que el funcionario tiene «todo en regla». «No voy a ejecutar gente honesta», afirmó el Presidente al referirse al caso.