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    Política

    Pérez Pons: «Leandro Zdero tiene el reloj contado, la sociedad se hartó»

    13 de mayo de 2026
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    El diputado provincial, entrevistado por LA VOZ DEL CHACO, cuestionó con dureza la gestión del gobernador remarcando que la provincia atraviesa una «catástrofe» institucional, económica y social, y vinculó esa situación con la falta de funcionamiento de la Cámara de Diputados y del Ejecutivo provincial. El legislador se refirió además a la causa judicial por el faltante de $2 mil millones en el municipio de Sáenz Peña, aseguró que el proceso investigativo está próximo a elevarse a juicio y pidió que el intendente sea imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de fondos y negociaciones incompatibles con la función pública. También denunció presunta parcialidad del juez interviniente, criticó la ausencia de funcionarios provinciales ante convocatorias legislativas, destacó un fallo judicial favorable a trabajadores del Ministerio de Producción por recortes salariales y anunció un proyecto para blindar bonificaciones del sector público.

    Así se desarrolló parte del diálogo.
    -Santiago Pérez Pons, diputado provincial del Partido Justicialista, en LA VOZ DEL CHACO. Bueno, es un placer, un honor también poder recibirlo, con muchos temas de este año en agenda, algunos de los cuales sorprenden a toda la comunidad no solo del Chaco, sino también de Corrientes, Formosa, Santa Fe y distintas partes del país, que se asombra por lo que ocurrió en Sáenz Peña. Principalmente eso, luego una agenda intensa, con alta conflictividad dentro de la Cámara de Diputados, en paridad extrema, 16 a 16, y la responsabilidad de comenzar a marcar un camino hacia 2027. Bienvenido.
    -No, al contrario, muchas gracias a usted por la invitación, por el espacio. La verdad es que sí, una situación, primero con respecto a las cuestiones judiciales, tuvimos dos cuestiones muy importantes en el proceso en el que nosotros pudimos intervenir, y yo pude intervenir.
    Una tiene que ver con una causa muy importante que abarca al municipio de Sáenz Peña, donde pudimos, después de todo el proceso que se dio, de lo que se intentó decir y de acuerdos que se intentaron hacer con la bolsa de la plata perdida, llegar a un resumen: se perdieron $2 mil millones, que hoy siguen sin estar en la municipalidad. Esos $2 mil millones no regresaron y tal vez no regresen en un período de 18 meses; y, si regresa una parte, no regresará la totalidad. Ese es el primer punto.
    El segundo: fue imputado el principal actor secundario de este proceso, quien ejecutaba las órdenes del intendente, que fue su secretario de Gobierno, mejor amigo del intendente y funcionario desde hace muchísimo tiempo, que no solamente llevaba adelante las operaciones, sino que se enriquecía por esas operaciones. Cobraba por lo menos $15 millones, dependiendo de los meses, por invertir fondos en operaciones no garantizadas, que son operaciones que tienen muchísimo riesgo, para decirlo resumidamente.
    Y punto número tres: confiamos, creemos y lo pedimos, insistimos el día de ayer, en que el principal responsable es el intendente, y esperamos que en las próximas semanas sea imputado por los tres delitos por los que fue imputado Holan Dresina: por incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, que son los tres delitos que, acumulados, pueden tener penas de entre 5 y 10 años de prisión.
    Esperemos que el intendente pueda ser llamado a declaración indagatoria y pueda ser imputado. Y bueno, ya teniendo toda la prueba, el proceso, no diría que está concluido, pero el proceso de investigación está casi cerrado. Tiene que elevarse la causa a juicio y esperamos que sea durante este año.

    CRISIS POLÍTICA Y JUDICIAL
    -También un cuestionamiento del magistrado que atiende la causa hacia tu posición como querellante, pero a la vez también un cuestionamiento como querellante a la posición del magistrado, teniendo en cuenta vínculos anteriores a la causa.

    Mirá, la Justicia funciona y deberá funcionar de esta manera: cuando hay un mínimo grado de duda sobre la imparcialidad, la persona tiene que apartarse del proceso. El juez de Garantías, es, de vuelta, amigo del intendente: come con el intendente, cena, festeja los cumpleaños, festejan las elecciones cuando las ganan.
    Todo esto es público, están las fotos, las expresiones del juez e incluso, y más grave aún, la mujer, la conviviente, la concubina del juez, es la apoderada legal del intendente ante la Justicia; es la persona que lleva la representación legal del intendente.
    Por lo tanto, yo creo que la Cámara, después de nuestra presentación de recusación del juez, la va a confirmar porque hay una parcialidad manifiesta que me parece que amerita que el proceso de Justicia se haga como se tiene que dar. Están las pruebas, que se investigue, que la Justicia investigue y que después termine no solamente con imputados y procesados, sino que después sean condenados, en caso de que así lo considere la Justicia.

    «La Cámara de Diputados no legisla y no funciona»

    -La Cámara de Diputados del Chaco es caja de resonancia de los conflictos sociales, principalmente de Resistencia en este último tiempo, con relación a temas de servicios, pero también sobre la cuestión económica. Y se ha llegado a un acuerdo, luego de varios intentos fallidos de sesión, hoy, de velar por la institucionalidad; también algo que dice usted, diputado: la transparencia en el ejercicio de los cargos. Hoy se ha apoyado a una persona designada por la Cámara por unanimidad, se ha llegado a un consenso, pero ¿cómo se vive la cuestión del acuerdo dentro de la Cámara? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Qué hay que mejorar dentro de la Cámara? ¿Cuáles son los temas urgentes?
    -Hoy la Cámara no funciona. Independientemente de que tengamos sesiones, la sociedad tiene que saber que la Cámara de Diputados no legisla y no funciona. La presidenta del Legislativo puede decir que tuvimos sesión y que se aprobó el orden del día, se aprobó… pero no tiene ningún funcionamiento real de impacto en los problemas de la gente. Es todo verso, es lo que quiere la Legislatura sin funcionar; por eso no hay acuerdos.
    El que tiene que estar interesado en el proceso de acuerdo de proyectos de ley es el oficialismo, porque son los que necesitan las herramientas para gestionar y resolver los problemas de la gente. Después nosotros tenemos en consideración, es decir, bueno, las prioridades son estas, consideramos estas alternativas, pero quienes tienen que empujar para que se sesione y se resuelvan los problemas es el oficialismo, para eso los votaron.
    Ellos parecieran que todavía gobiernan siendo oposición, ¿no? Tenés un reclamo a la gestión constantemente: hay un problema de seguridad, bueno, «porque Capitanich»; hay un problema en la salud, como pasa ahora con la médica trucha. «No, creemos que en 2023 ella…» Falso, mentira. Hoy el fiscal fue contundente. La persona, yo no sé cómo decirle, la médica trucha, la «Rímolo del Chaco», la expresión que queramos, atendió desde mayo de 2005 hasta abril de este año a 1.200 pacientes en Quitilipi, firmó 10 actas de defunción y trabajó durante la gestión de Leandro Zdero. El sistema lo controla el ministro de Salud, fiscaliza, eso está declarado por ley; es el responsable de fiscalizar, de controlar a sus profesionales, de que el sistema funcione. Hay funcionarios, hay directores de hospitales, directores de zona, subsecretarios, ministros, y nadie sabía.
    Hace casi un año y medio esta persona atendía; un año y medio, dos, ya determinará el fiscal desde cuándo está atendiendo. Es una locura. Y todavía ellos tienen el tupé de poder decir: «No, esto viene de la gestión anterior», o hoy haciendo una conferencia diciendo: «Nosotros apenas nos enteramos denunciamos». Falso. Al que denunció, que era funcionario suyo, lo echaron. Imagínense si esto pasaba durante la gestión anterior: un funcionario denunciando este proceso en un hospital y el gobernador echándolo a los dos días de la denuncia. Es un delirio.
    Entonces, me parece que hay una responsabilidad que ellos todavía no asumen, por incapacidad de gestión, por no poder cumplir las promesas de campaña, porque claramente esto fue una estafa electoral, lo que sufrió el electorado. Los docentes la están pasando en una situación crítica, perdiendo el 35% de su salario, habiéndoles sacado la cláusula gatillo. El sistema de salud, colapsado. Explota la necesidad de la gente porque algunos tuvieron que dejar su obra social y se tuvieron que ir al hospital público. Todo el sistema sanitario cobra un 40% menos en términos reales que en 2023.
    Entonces, la situación termina siendo una catástrofe. Y todo lo que pasa, lo que pasa en la policía, de un policía drogándose, el otro disparando, el otro intentando ser partícipe del narcomenudeo o del narcotráfico, todo es parte de un sistema que no funciona. Y la sociedad está harta, cansada, porque hasta el 15 de cada mes llega, y después del 15 al 30 no sabe qué hacer.
    Me parece que acá hay una estafa electoral, una decisión del gobernador o incapacidad del gobernador de poder resolver los problemas. Y la Cámara de la provincia, la Legislatura, no funciona porque no quieren tratar tres o cuatro temas que son los importantes. ¿Qué va a pasar con todo el sistema público y sus salarios, que todos perdieron entre un 30% y un 40%? ¿Qué va a pasar con la luz?
    Hoy lo escuché al presidente de Secheep diciendo: «No sé de qué se están quejando. Si recién en junio viene el aumento». Y todos recibieron facturas en enero, febrero y marzo impagables. Y él está avisando: «¿De qué se quejan todavía, si todavía falta el aumento de junio?». Es una demencia que yo nunca he visto con tanta vulgaridad. Entonces, la situación tarifaria es hipercompleja. Después, claramente tuvimos ciertas coyunturas, como la emergencia que tuvo El Impenetrable en algunas zonas de los departamentos General San Martín y Maipú, donde se han puesto las botas, se han sacado fotos y ahora toda la gente que perdió un montón de cosas no tiene ni crédito, ni subsidio, ni ayuda, ni absolutamente nada. Entonces veo un gobierno al que le quedan menos de 570 días para irse; tienen el reloj contado, ellos lo saben.
    La sociedad se hartó, no han cumplido ninguna de las promesas y me parece que la Legislatura funciona igual que el gobierno. ¿Qué hace? No funciona, no da respuestas. Va a escuchar a la presidenta decir cosas como: «No, la oposición no sé qué, no funciona, no quieren trabajar». Imaginate que se sesiona cada 15 días; la presidenta determinó que se sesione cada 15 días, nunca se ha visto. Y cuando tenemos sesión, el ministro de Producción va y no contesta; el ministro de Salud no va; el director de Vialidad no va; el presidente de Secheep no va. Nadie da cuenta de nada, el gobernador apañando al ministro de Salud para que no lo echen por estos casos. La situación, en términos de gestión, es catastrófica.

    «Evaluamos juicio político al presidente del Insssep»

    -A eso iba también, diputado: pedidos de audiencia a los funcionarios del Ejecutivo. Y remarco este punto porque la fiscalización ciudadana de los actos públicos tiene frutos y también, bueno, en una provincia donde solo hay una Cámara -podríamos decir que en Corrientes hay dos cámaras, Senadores y Diputados, al igual que en otras provincias e inclusive la Nación-, los expedientes pueden, de un modo u otro, vehiculizarse y las demandas tener atención de los funcionarios públicos. En este caso, tres pedidos de audiencia sin algunas de las respuestas que se pensaban fundamentales para que el Ejecutivo transparentara los actos públicos.
    -Así es. A ver, constitucionalmente los funcionarios tienen que rendir cuentas cuando la Cámara o el Poder Legislativo los convoca, ¿no? El que no va puede ser pasible de juicio político, ¿no? Lo estamos evaluando con respecto al presidente del Insssep porque ni pisó la Cámara; más allá del quórum, no fue directamente, no asistió como correspondía. Hoy esperamos al director de Vialidad Provincial, tampoco fue; el ministro de Producción fue, mintió, no respondió y se fue.
    Dicho sea de paso, le ganamos un amparo al Poder Ejecutivo que le había recortado el 80% del salario a los trabajadores de Producción. Yo trabajé técnicamente el amparo, juntamos a los trabajadores, los acompañamos y le ganamos en la Justicia.
    Y ahora tienen que cumplir, porque lo escuché decir antes que ellos iban a cumplir la decisión del juez. Nos salió positivo a los trabajadores, que tanto esfuerzo nos costó durante tres meses lograr el amparo y la decisión favorable de la Justicia, y ahora no quieren pagar.
    Tienen menos de 30 días para poder cumplir lo que corresponde al mes de mayo y, posteriormente, 60 días para pagar el retroactivo de todo lo que les sacaron a los trabajadores.
    Entonces, con respecto a los funcionarios, no me sorprende que no vayan. Nosotros tomaremos decisiones con quienes no concurran al Poder Legislativo para hacer el proceso de juicio político que corresponde, porque por la Constitución tienen que asistir cuando se los convoca.
    Y después, lo que no podamos discutir en la Cámara lo llevaremos a la Justicia. Así lo hicimos, o lo hice yo, acompañando a los trabajadores de Producción con el proceso por su recorte. Y ahora presenté un proyecto de ley para blindar todas las bonificaciones del sector público, para que lo que le pasó al Ministerio de Producción no le pueda pasar a ningún trabajador de ningún sector.
    Todos tienen bonificaciones, fondos de estímulo, que son parte del salario, del recibo de sueldo, conceptos salariales. Y vino el gobernador y dijo un día: «Mirá, esto para mí ya no hay que pagarlo más». Y así están, con terror, todos los empleados públicos. Entonces uno puede discutir la pauta salarial, si es 20, 30 o 25; ahora es 5%. Imagínense la locura: con 30% de inflación, 5% de aumento.
    Presenté un proyecto para blindar todas las bonificaciones y que el gobernador no se levante un día y, por decisión de acompañar al presidente, diga: «Bueno, este concepto salarial ya no existe». Esas son las discusiones que me parece que tenemos que dar. Nosotros, como digo, lo que no podemos resolver en la Cámara lo resolvemos en la Justicia, principalmente lo que tenga que ver con derechos de los trabajadores, porque no se puede retroceder: hay garantías, hay ciertos derechos adquiridos que no se pueden quitar de un día para otro.

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