La secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, acompañada por el ministro de Salud, Sergio Rodríguez; y los secretarios Marcos Resico (Asuntos Estratégicos) y Julio Ferro (general de la Gobernación), brindó un comunicado oficial para informar las acciones impulsadas por el gobierno del Chaco desde el momento en que se tomó conocimiento del caso de una falsa profesional médica que habría desempeñado funciones en establecimientos sanitarios de la provincia.
«Nuestro Gobierno informa la verdad y la transparencia en cada situación que atravesamos, a diferencia de épocas anteriores en donde la verdad y la información se tapaba. La primera denuncia realizada la hace el director del hospital de Quitilipi, la segunda la hace el Ministerio de Salud del Chaco y la tercera la hace el director regional; no vamos a permitir que se confunda a la sociedad y mucho menos se utilice la información con fines políticos», expresó.
Durante el anuncio, Meiriño detalló la cronología de las actuaciones administrativas, judiciales y policiales realizadas para avanzar en la investigación y garantizar el esclarecimiento de los hechos.
Según se informó, el 15 de abril, a las 9.05, el director del hospital de Quitilipi, Daniel Alfredo Acuña, elevó un informe a la Subsecretaría de Redes de Salud-Este, alertando que una mujer identificada como Mabel Ojeda realizaba guardias médicas de manera esporádica presentándose con la Matrícula Profesional 6822.
Tras las averiguaciones preliminares, se constató que la persona señalada no mantenía relación formal de dependencia con el Ministerio de Salud Pública.
De manera inmediata, la Subsecretaría solicitó un informe a la Dirección de Fiscalización Sanitaria para verificar la matrícula utilizada.
El gobierno como querellante
Además, informar que «Nos hemos constituido como querellantes en esta causa» y remarcó que desde el primer momento el gobierno provincial activó todos los mecanismos institucionales necesarios para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables respondan ante la Justicia.
«Desde el primer momento en que se advirtió la situación denunciada, el gobierno de la provincia articuló todos los resortes necesarios con el único objetivo de llegar a la verdad real y que quienes resulten responsables respondan conforme lo resuelva la Justicia, aplicándose el rigor de la ley», concluyó.