El bloque de La Libertad Avanza (LLA) convocó a una sesión en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para el próximo 20 con el objetivo de tratar la denominada Ley Hojarasca, un proyecto impulsado por el gobierno nacional que propone derogar centenares de normas consideradas obsoletas.
La iniciativa forma parte de la estrategia de desregulación promovida por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger, y apunta a reducir estructuras burocráticas, eliminar regulaciones consideradas innecesarias y simplificar el funcionamiento administrativo del Estado.
La sesión fue convocada luego de que sectores de la oposición lograran desarticular la reunión prevista para este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se pretendía interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Tras ese revés legislativo, el oficialismo reorganizó su agenda parlamentaria y resolvió priorizar el tratamiento de iniciativas vinculadas con la desregulación económica, la reducción de subsidios y la aprobación de acuerdos internacionales.
La convocatoria formal fue presentada por el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, quien impulsó un temario que incluye la quita de subsidios al gas, diversos tratados internacionales y la discusión integral de la Ley Hojarasca. La iniciativa ya había obtenido dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General el pasado 21 de abril, lo que permitió habilitar su tratamiento en el recinto.
El proyecto representa uno de los pilares centrales de la política de transformación estatal promovida por el Gobierno nacional.
REDUCCIÓN DEL ESTADO
Otro de los ejes centrales de la Ley Hojarasca está vinculado con la reducción de organismos financiados por el Estado. El proyecto plantea derogar leyes asociadas a entes públicos, fondos específicos y estructuras administrativas consideradas redundantes o carentes de utilidad actual.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la permanencia de esos organismos implica costos fiscales permanentes y una expansión burocrática que consideran incompatible con el actual programa de ajuste y racionalización del gasto público.
La iniciativa también propone avanzar en una desregulación económica y productiva de mayor alcance. Funcionarios nacionales adelantaron además que existe intención de flexibilizar restricciones vinculadas a la compra de tierras por parte de extranjeros y otras limitaciones regulatorias relacionadas con inversiones privadas.
El Gobierno considera que la apertura de esos esquemas normativos favorecería el ingreso de capitales y ampliaría las posibilidades de desarrollo productivo en distintos sectores económicos.
Otro aspecto relevante del proyecto apunta a la eliminación de leyes consideradas restrictivas de las «libertades individuales».
El texto también promueve una simplificación integral del marco jurídico argentino. El objetivo declarado es «limpiar» el digesto legal mediante la eliminación de leyes superpuestas, incompatibles o reemplazadas por normativas posteriores.
Los seis criterios de la reforma
Durante el debate en comisiones, los funcionarios del gobierno nacional defendieron la iniciativa al sostener que busca ordenar un sistema jurídico con cerca de un millón de normas acumuladas, fenómeno que el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, definió como una «inflación legislativa».
Por su parte, el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Matías Fariña, señaló que el proyecto fue elaborado mediante una metodología de revisión técnica coordinada con los distintos ministerios para identificar normas susceptibles de derogación, las cuales fueron clasificadas en seis categorías para su ordenamiento.
» Profundizar los cambios estructurales
La Ley Hojarasca incluye, además, la derogación de normas sanitarias y técnicas consideradas obsoletas. Entre ellas aparecen leyes vinculadas a enfermedades erradicadas, mecanismos administrativos en desuso y tecnologías desaparecidas.
El Ministerio de Desregulación sostiene que mantener ese conjunto normativo vigente contribuye a incrementar complejidad burocrática sin aportar soluciones concretas a las necesidades actuales de la administración pública.
La iniciativa también se inscribe dentro de un proceso más amplio de desburocratización estatal.
Desde el Gobierno se fijó como criterio eliminar regulaciones que creen registros innecesarios, trámites administrativos permanentes o monopolios artificiales que encarezcan actividades económicas y limiten la competencia. En ese marco, el oficialismo plantea avanzar hacia un esquema de «burocracia cero» con menor intervención estatal en distintas áreas de la actividad económica.
Aunque no todas las reformas forman parte estrictamente del articulado original, el Gobierno vinculó la «Ley Hojarasca» con futuras modificaciones regulatorias sobre tierras, glaciares, bosques y manejo del fuego.
El objetivo oficial consiste en facilitar inversiones productivas y extractivas mediante una reducción de restricciones ambientales y regulatorias que, según el Ejecutivo, dificultan actualmente el desarrollo económico.
Otro componente significativo del proyecto es la derogación de normas simbólicas o históricas que permanecen formalmente vigentes pese a no aplicarse desde hace décadas. Algunas de esas leyes incluso datan del siglo XIX y continúan integrando el entramado legal argentino.