El abogado Ignacio Sinkovich advirtió, entrevistado por LA VOZ DEL CHACO, que, desde comienzos de 2024, comenzaron a multiplicarse las presentaciones judiciales vinculadas con incumplimientos en la provisión de medicamentos y tratamientos médicos.
En ese contexto, sostuvo que el mecanismo del amparo se transformó en una herramienta central para garantizar el acceso efectivo a prestaciones sanitarias que, según explicó, en numerosos casos no están siendo entregadas «en tiempo y forma» por parte de distintas obras sociales.
Sinkovich afirmó que la situación más crítica se observa en el ámbito del Insssep, organismo al que identificó como «la obra social que más demandas está teniendo por incumplimientos o por falta de provisión en tiempo y forma». Según explicó, la mayor parte de los reclamos está vinculada con pacientes que requieren tratamientos complejos y que dependen de medicamentos de alto costo para sostener su salud y continuidad terapéutica.
El abogado describió al amparo de salud como «una herramienta rápida» y «un mecanismo sencillo» mediante el cual un afiliado puede acudir a la Justicia cuando considera lesionado su derecho sanitario.
Precisó que las situaciones más frecuentes se producen cuando una obra social demora la entrega de medicamentos, reduce coberturas o intenta sustituir tratamientos prescriptos por los médicos tratantes. En esos casos, explicó que corresponde la intervención judicial para garantizar el cumplimiento de las prestaciones indicadas.
Asimismo, remarcó que el derecho a la salud no constituye una concesión estatal sino una obligación derivada del propio sistema de aportes. «Esto no es un regalo del Gobierno, sino que es un derecho de los pacientes», sostuvo al referirse a los afiliados que realizan descuentos mensuales sobre sus haberes para acceder a la cobertura médica.
Según expresó, el incumplimiento de esas prestaciones vulnera derechos constitucionales esenciales y obliga a muchas personas a recurrir a la vía judicial para obtener respuestas.
El letrado también explicó que decidió impulsar acciones de amparo y medidas cautelares sin cobrar honorarios adicionales a los pacientes afectados. Indicó que tomó esa determinación al considerar que quienes atraviesan enfermedades graves y no reciben medicamentos se encuentran «en una situación de desamparo, de vulnerabilidad».
En ese sentido, señaló que la finalidad principal de estas acciones es garantizar que los ciudadanos conozcan sus derechos y puedan ejercerlos ante el Poder Judicial.
EL IMPACTO DE LAS DEMORAS
EN PACIENTES GRAVES
Sinkovich advirtió sobre la urgencia temporal que atraviesan los pacientes con enfermedades complejas. «El tiempo es oro», afirmó al explicar que las personas que dependen de medicación periódica no pueden esperar meses para obtener una respuesta administrativa o judicial. Según detalló, una demora de varios días en la entrega de tratamientos esenciales ya constituye una situación suficiente para promover un amparo de salud.
El abogado señaló que gran parte de los medicamentos reclamados deben administrarse diariamente o en ciclos mensuales estrictos, por lo que cualquier interrupción puede comprometer gravemente la evolución clínica del paciente.
En ese marco, indicó que la acción de amparo existe precisamente para evitar que la burocracia o las demoras administrativas terminen agravando cuadros médicos delicados.
«De nada serviría estar meses litigando y que, cuando llegamos a la solución, quizás la persona ya esté muerta porque no consumió el remedio que necesitaba», expresó Sinkovich al referirse a la necesidad de que las decisiones judiciales sean inmediatas. Según sostuvo, la naturaleza sumarísima del amparo permite que los jueces puedan intervenir rápidamente y ordenar medidas urgentes destinadas a preservar la vida y la salud de los afiliados.
El letrado aclaró además que los pacientes no necesitan agotar extensos procedimientos administrativos antes de acudir a la Justicia. Explicó que, una vez solicitada la prestación y frente a la negativa o demora de la obra social, ya existen condiciones suficientes para iniciar acciones judiciales.
A su entender, insistir en trámites burocráticos innecesarios sólo profundiza la situación de vulnerabilidad de quienes necesitan tratamientos urgentes.
En ese contexto, Sinkovich insistió en la importancia de que las personas no teman recurrir a asesoramiento jurídico cuando consideren lesionados sus derechos sanitarios. Según explicó, muchas familias demoran la decisión de iniciar acciones legales debido al desconocimiento o al temor frente a los procesos judiciales, aunque sostuvo que precisamente el amparo fue concebido para brindar respuestas rápidas frente a situaciones críticas.
Mensaje a los magistrados
Sinkovich pidió que la Justicia continúe actuando con rapidez en los amparos sanitarios y reclamó mayor capacitación específica en materia de derecho a la salud. Señaló que el aumento de casos exige magistrados cada vez más preparados para abordar problemáticas vinculadas con medicamentos, tratamientos complejos y urgencias médicas.
El abogado sostuvo que las personas que recurren a un amparo lo hacen en contextos de extrema vulnerabilidad y bajo amenazas concretas a sus derechos fundamentales. Por esa razón, consideró indispensable que las respuestas judiciales mantengan el nivel de celeridad y firmeza que, según afirmó, actualmente muestran muchos tribunales civiles.
También convocó a la sociedad a perder el temor frente a los procesos judiciales. Explicó que numerosos pacientes evitan iniciar acciones por miedo o desconocimiento, aun cuando sus derechos están siendo claramente afectados. «No pierdan el tiempo, que es muy valioso en estos casos», afirmó al referirse a quienes enfrentan enfermedades graves y necesitan respuestas urgentes.
Por otra parte, insistió en que el deterioro de la salud puede avanzar rápidamente si los tratamientos se interrumpen y remarcó que la única vía institucional disponible para exigir el cumplimiento de prestaciones médicas es acudir a la Justicia mediante patrocinio letrado. Según expresó, el acceso oportuno al amparo puede resultar determinante para preservar la vida y la continuidad terapéutica de los pacientes.
Medidas cautelares
Sinkovich valoró el desempeño de los juzgados civiles en el tratamiento de los amparos de salud y destacó la rapidez con la que, según afirmó, suelen resolverse las medidas cautelares. Señaló que, en la práctica, los jueces intervienen con celeridad y que muchas veces una presentación realizaada un lunes obtiene despacho cautelar entre el martes y el miércoles siguientes.
El abogado explicó que la medida cautelar funciona como un instrumento previo a la sentencia definitiva y tiene por finalidad asegurar inmediatamente la provisión del medicamento o tratamiento reclamado.
En ese sentido, sostuvo que el sistema judicial comprende la gravedad de estas situaciones y responde con mecanismos procesales diseñados específicamente para evitar daños irreparables.
Asimismo, detalló que los magistrados cuentan con herramientas concretas para hacer cumplir sus resoluciones. Entre ellas mencionó las intimaciones formales, la imposición de astreintes -multas económicas por incumplimiento- y la posibilidad de embargar fondos de la obra social para transferirlos directamente al paciente, permitiéndole adquirir el medicamento requerido.
Sinkovich sostuvo además que, en situaciones particularmente graves, podrían configurarse responsabilidades penales vinculadas al incumplimiento de decisiones judiciales o al incumplimiento de deberes de funcionario público. Explicó que, en determinados casos, los expedientes podrían ser remitidos a fiscalías penales cuando exista una negativa persistente a cumplir resoluciones firmes vinculadas con tratamientos médicos esenciales.
El abogado remarcó que la rapidez judicial resulta indispensable porque los conflictos sanitarios involucran derechos fundamentales. «Estamos hablando nada menos que de la salud y de la vida de las personas», expresó al justificar la necesidad de respuestas urgentes y firmes por parte de los magistrados.