El Gobierno de Chaco extenderá hasta el 31 de agosto el plazo para adherirse al Régimen de Retiro Voluntario Móvil, destinado a trabajadores estatales provinciales.
La medida fue confirmada este jueves por el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, en diálogo con Radio Libertad. La misma implica una prórroga sobre los plazos inicialmente previstos en la reglamentación de la Ley 4200-H, que había fijado como primera fecha límite el 31 de mayo de 2026.
El régimen fue creado para agentes de planta permanente de la administración pública provincial y establece un mecanismo de retiro anticipado para trabajadores que cumplan determinadas condiciones previsionales y administrativas. Entre los principales requisitos, los empleados deben acreditar al menos diez años de aportes al InSSSeP.
El haber será calculado tomando como base la última remuneración mensual habitual y el porcentaje final dependerá de la edad y antigüedad previsional del trabajador.
TRÁMITE ONLINE
La adhesión al régimen debe realizarse de manera digital a través de la plataforma oficial «Tu Gobierno Digital». El procedimiento incluye una pre-liquidación online obligatoria para estimar el monto que percibirá el agente en caso de adherirse al retiro voluntario.
Luego de aceptar esa simulación, el trabajador deberá completar la solicitud formal y adjuntar la documentación requerida ante el área de Recursos Humanos correspondiente.
QUIÉNES NO PUEDEN ACCEDER
La reglamentación también fija exclusiones específicas. No podrán adherirse trabajadores considerados esenciales por sus organismos, agentes sometidos a sumarios administrativos o procesos penales, personas que ya hayan presentado su renuncia y empleados en condiciones de jubilarse.
Tampoco podrán acceder trabajadores vinculados a tareas de atención sanitaria directa o indirecta dentro del sistema público de salud.
El decreto reglamentario establece además que los cargos liberados podrán ser evaluados técnicamente para una eventual eliminación dentro de la estructura estatal. En paralelo, cada jurisdicción deberá afrontar el impacto presupuestario generado por las adhesiones al régimen con partidas propias.