El Juzgado Civil y Comercial 21 de Resistencia habilitó el trámite del hábeas corpus colectivo preventivo presentada por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura en defensa de trabajadores informales conocidos como «trapitos», limpiavidrios y personas en situación de calle que, según la denuncia, son objeto de detenciones arbitrarias y hostigamiento sistemático por parte de la Policía provincial.
La acción fue promovida por Darío Gómez, presidente del organismo, con el patrocinio del abogado Alberto Cuéllar, y fue receptada por la jueza subrogante Miriam Raquel Moro.
En el marco de esta acción, dispuso requerir a la Policía del Chaco un informe circunstanciado en el plazo de 48 horas para contar con elementos que formarán parte de una posterior decisión judicial.
EL PEDIDO
Según pudo saber el portal judicial Litigio, el juzgado solicitó la normativa que regula los operativos de saturación urbana dirigidos contra personas en situación de calle y trabajadores informales; si los procedimientos de detención cuentan con directrices específicas emanadas de jueces competentes y el número de personas demoradas en esos operativos durante los últimos seis meses, con indicación de las figuras legales invocadas en cada caso.
El tribunal también ordenó notificar al gobernador del Chaco, al jefe de la Policía provincial y al fiscal de Estado, con transcripción íntegra de la resolución.
«Por promovida acción de hábeas corpus colectivo», reza la resolución firmada electrónicamente por la jueza Moro, que encuadra la acción en los artículos 6 y 7 de la Ley 886-B del Chaco.
En este caso, el organismo de derechos humanos alega que los operativos policiales configuran un patrón de hostigamiento sobre sectores vulnerables de la población, en particular quienes trabajan en la vía pública sin habilitación formal.
La postura crítica de la Defensoría General Adjunta
Además del Comité, quien también se mostró muy crítica del accionar policial contra los trapitos y personas en situación de calle fue la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz.
La funcionaria judicial presentó un oficio formal dirigido al jefe de la Policía del Chaco solicitando un informe detallado sobre el procedimiento policial en el que efectivos de la fuerza detuvieron a trabajadores informales conocidos como «trapitos» en distintos puntos de Resistencia.
El pedido de informes fue motivado por un video difundido por la propia Policía del Chaco en su cuenta oficial de Instagram -protagonizado por el subjefe de la fuerza, comisario general Manuel Silva- en el que se observa a personas siendo interceptadas, requisadas y trasladadas en móviles policiales mientras realizaban tareas de cuidado de vehículos en la vía pública.
Para la defensora, el principal interrogante surge de algo que no aparece en las imágenes: cuál fue concretamente la infracción o delito atribuido al cuidacoches detenido.
En el video, señaló en declaraciones a Radio Natagalá, el subjefe Silva le comunica al trabajador que realizaba «una actividad que no está respaldada», pero sin mencionar qué norma habría infringido. «Por lo que se ve en el video no se ve cuál es la contravención», remarcó.
Para explicar su postura, trazó una analogía con situaciones cotidianas: sostuvo que no toda conducta irregular habilita automáticamente una detención y que, en muchos casos, corresponde primero advertir, intimar o labrar un acta.
«Si cualquier actividad no permitida automáticamente implicara ir preso, terminarían detenidos quienes estacionan mal, venden pollos en una vereda o hacen una feria de garaje», ejemplificó y añadió: «Las garantías no existen solamente para quienes nos caen simpáticos. Existen para todos y para evitar el abuso. Hoy puede ser un ‘trapito’; mañana puede ser cualquier vecino».