El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Samuel Vargas, entrevistado por Radio Libertad, sostuvo que la reciente modificación del artículo 10 de la Ley 1115-T representa una oportunidad estratégica para reactivar el Puerto de Barranqueras y potenciar su papel dentro de la economía chaqueña.
Vargas explicó que la modificación legislativa fue acompañada por un agregado específico orientado a garantizar la preservación de las fuentes laborales existentes.
En ese sentido, afirmó: «Necesitábamos la modificación del artículo 10 más un agregado que se hizo, que tiene que ver con la preservación de la fuente de trabajo».
El legislador remarcó que la apertura a la inversión privada constituye uno de los elementos centrales de la reforma aprobada. Al referirse a los objetivos perseguidos por la norma, expresó: «Necesitábamos abrir la puerta a la inversión privada para que el puerto de Barranqueras empiece a trabajar en todo su potencial».
La aprobación de la reforma se produjo con amplio respaldo legislativo y se enmarca en una serie de debates vinculados al fortalecimiento de la infraestructura productiva provincial.
Para los impulsores de la medida, el puerto constituye una herramienta clave para mejorar la competitividad de diversos sectores económicos y recuperar capacidades logísticas que históricamente tuvieron relevancia para el Norte Argentino.
EMPLEO, PRODUCCIÓN
Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
Al analizar los efectos potenciales de la reforma, Vargas sostuvo que la recuperación plena de la actividad portuaria podría generar una amplia cadena de beneficios económicos. «Eso conlleva no solamente puestos genuinos de trabajo directo, sino también toda la economía indirecta que se va a mover alrededor del puerto, como fue alguna vez», señaló, al recordar etapas anteriores de intensa actividad comercial vinculada a la terminal fluvial.
El diputado indicó que el funcionamiento integral del puerto permitiría dinamizar servicios asociados al transporte, almacenamiento, logística, mantenimiento, comercio y actividades complementarias.
Vargas también destacó el impacto que la reactivación del puerto tendría sobre los productores primarios y empresarios vinculados al agro y a la actividad ganadera. Según explicó, el acceso a una salida logística más cercana permitiría reducir costos operativos y mejorar la rentabilidad de numerosas cadenas productivas regionales.
En ese marco, afirmó: «La relación costo beneficio con los productores primarios y los empresarios que apuestan mucho al campo y a los productos cárnicos y otros derivados de la zona puedan colocar productos en Barranqueras y no llevarlo hasta Rosario o el Puerto de Buenos Aires».
LA COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA Y EL RETORNO DE INVERSIONES
Vargas sostuvo que los elevados costos logísticos han representado históricamente una limitación para numerosas empresas radicadas en la región. Según indicó, la falta de alternativas competitivas para el transporte de mercaderías generó condiciones que favorecieron el traslado de operaciones hacia otros países con menores costos de funcionamiento.
En ese sentido, señaló: «Había empresarios que al ver los costos que tenían en su país se llevaban su empresa y la anotaban en Paraguay como empresa paraguaya y trabajaban desde allá. Entonces la plata quedaba en otro país».
Para el legislador, la recuperación del Puerto de Barranqueras podría contribuir a revertir parte de esas dificultades mediante una reducción de costos vinculados al transporte y la exportación de bienes.
La ubicación estratégica de la terminal portuaria, conectada con la hidrovía y con las principales áreas productivas del norte argentino, es considerada un activo fundamental para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo.
La discusión sobre infraestructura logística se encuentra estrechamente relacionada con los desafíos de competitividad que enfrentan las economías regionales.
En este contexto, la reforma portuaria fue presentada por sus promotores como una herramienta destinada a fortalecer la capacidad productiva provincial y facilitar la inserción de los productos chaqueños en mercados nacionales e internacionales.
Estado y sector privado
Vargas remarcó durante su análisis fue la necesidad de construir mecanismos de cooperación entre el sector público y el privado. El diputado sostuvo que la experiencia demuestra que determinadas obras o inversiones requieren la participación complementaria de ambos actores para alcanzar resultados sostenibles.
Al referirse a este enfoque, expresó: «Por primera vez nosotros estamos dando un paso que hace rato lo deberíamos haber hecho, que era trabajarlo público y privado y ver de qué forma donde no llega el Estado al llegar el mercado».
La afirmación resume el espíritu de una reforma orientada a ampliar las posibilidades de inversión sin abandonar las responsabilidades institucionales del Estado.
No obstante, Vargas remarcó que la participación privada deberá desarrollarse bajo mecanismos de control y supervisión adecuados.
En ese sentido, sostuvo: «El Estado debe de alguna manera controlar y supervisar que el dinero se mueva dentro del país también para que la economía se mueva». La norma aprobada establece que los procesos de concesión y participación privada deberán realizarse mediante licitación pública y ajustarse a la legislación vigente.
Expectativas y desafíos
Respecto de la entrada en vigencia de la modificación normativa, Vargas explicó que su aplicación dependerá de la reglamentación que deberá elaborar el Poder Ejecutivo provincial. Según indicó, una vez emitido el decreto correspondiente y cumplidos los procedimientos administrativos previstos, la nueva herramienta podrá comenzar a utilizarse de manera efectiva.
El diputado también vinculó el futuro desarrollo del puerto con la evolución de la nueva legislación de cabotaje y con los trabajos necesarios sobre la hidrovía. Explicó que el mantenimiento del sistema de navegación requiere intervenciones relacionadas con balizamiento, calado y dragado, aspectos considerados fundamentales para garantizar la operatividad de la infraestructura portuaria.
Asimismo, señaló que el Puerto de Barranqueras necesita avanzar hacia condiciones que permitan una mayor profundidad operativa y una mejor capacidad de recepción de embarcaciones. Indicó que los procesos licitatorios actualmente en análisis contemplan estudios de impacto ambiental y otros requisitos técnicos indispensables para el desarrollo de las obras previstas.
En referencia a las licitaciones vinculadas al mantenimiento de la hidrovía, Vargas manifestó que existen aspectos que están siendo observados con atención por parte de distintos sectores. Según explicó, algunas coincidencias registradas en ofertas económicas y determinadas observaciones relacionadas con estudios ambientales motivan un seguimiento detallado de los procedimientos en curso.