Ni Una Menos en la capital chaqueña fue más que una movida de mujeres. Había hombres, niños, abuelos. Una multitud marchó contra la violencia machista, el ajuste y la desprotección estatal. Reclamos puntuales al gobierno de Leandro Zdero. La marcha masiva también fue por Axel.
A once años del primer grito colectivo, organizaciones feministas, familiares de víctimas y movimientos sociales cuestionaron las políticas de ajuste, denunciaron el retroceso de las herramientas de protección y reclamaron respuestas urgentes ante los femicidios y la violencia de género.
Una multitud volvió a ocupar este miércoles las calles de Resistencia en una nueva movilización de Ni Una Menos, al cumplirse once años de la primera marcha que marcó un punto de inflexión en la lucha contra la violencia machista en Argentina.
La convocatoria reunió a organizaciones feministas, colectivos de diversidad, sindicatos, movimientos sociales, familiares de víctimas de femicidios y ciudadanos que marcharon desde la intersección de avenida 9 de Julio y Vélez Sarsfield hasta la Plaza 25 de Mayo, donde se realizó el acto central y la lectura de un documento consensuado por las organizaciones convocantes.
La movilización estuvo atravesada por un fuerte cuestionamiento a las políticas económicas y sociales impulsadas por el gobierno nacional y por reclamos dirigidos también a la administración provincial. Durante el recorrido se observaron fotografías de víctimas de femicidios, carteles con pedidos de justicia y pancartas que denunciaban la falta de respuestas estatales frente a las violencias.
La consigna principal de la jornada sintetizó el tono de la protesta: “Estado hambreador y femicida. Zdero basta de impunidad”.
Ajuste, pobreza y violencia
En el documento leído frente a una Plaza 25 de Mayo colmada, las organizaciones sostuvieron que la violencia de género no puede analizarse de manera aislada del contexto económico y social.
Las manifestantes denunciaron que los recortes en programas sociales, comedores comunitarios, merenderos, salud pública, educación y asistencia a sectores vulnerables profundizan las condiciones de desigualdad y aumentan la exposición de mujeres y diversidades a situaciones de violencia.
Según expresaron, el desmantelamiento de políticas públicas destinadas a la protección social tiene consecuencias directas sobre quienes sostienen las tareas de cuidado en los barrios más afectados por la crisis económica.
“El ajuste económico se manifiesta como un Estado hambreador que genera muertes evitables y enfermedades físicas y mentales”, señalaron durante la lectura del documento.
También cuestionaron la eliminación o reducción de programas nacionales vinculados a género y diversidad, así como las dificultades crecientes para acceder a servicios de salud, medicamentos y prestaciones sociales.
Cuestionamientos al Poder Judicial
Otro de los ejes centrales de la movilización fue la crítica al funcionamiento del sistema judicial.
Las organizaciones reclamaron una reforma judicial con perspectiva de género, exigieron la plena implementación de la Ley Micaela y manifestaron preocupación por proyectos legislativos vinculados a las denominadas “falsas denuncias”.
Según advirtieron, ese tipo de iniciativas podrían desalentar las denuncias de abuso sexual y violencia de género, generando mayores obstáculos para las víctimas y fortaleciendo escenarios de impunidad.
Además, insistieron en la necesidad de garantizar respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de riesgo, señalando que muchos femicidios ocurren luego de reiteradas denuncias y pedidos de protección que no reciben respuestas adecuadas.
Reclamos al Gobierno provincial
Las críticas también alcanzaron a la gestión provincial.
Durante la lectura del documento se mencionó la situación de Chaco en materia de violencia de género y se cuestionó la falta de respuestas eficaces ante distintos casos que conmocionaron a la provincia.
Entre los reclamos más contundentes estuvo el pedido de esclarecimiento del femicidio de Graciela López, asesinada en Puerto Vilelas por Luciano Etudié, un efectivo policial que utilizó su arma reglamentaria para cometer el crimen.
Las organizaciones exigieron que se investiguen las responsabilidades institucionales derivadas de los controles que debían aplicarse sobre el agente y reclamaron medidas concretas para evitar nuevos casos de violencia ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad.
También reclamaron la aparición de Axel González, el joven desaparecido desde mayo, y pidieron justicia en otros casos que permanecen sin resolución.
Durante la movilización se escucharon además críticas a hechos de violencia institucional, denuncias de persecución a trabajadores de prensa y cuestionamientos a la respuesta estatal frente a conflictos sociales.
Los nombres que faltan
Como ocurre cada año, la marcha estuvo atravesada por la memoria de las víctimas.
Familiares de Cecilia Strzyzowski, Graciela López, Erika Fernández, Evelin Franco y otras mujeres asesinadas participaron de la movilización con fotografías, carteles y mensajes reclamando justicia.
Las organizaciones también recordaron los recientes femicidios de Agostina Vega, en Córdoba, y Dulce María, en Misiones, y remarcaron que la violencia machista continúa cobrándose vidas en todo el país.
Durante la lectura del documento se recordó que en Argentina ocurre un femicidio cada 30 a 35 horas, una estadística que volvió a poner en evidencia la dimensión del problema.
Una consigna vigente
A once años de aquella primera movilización de 2015, las organizaciones coincidieron en que las razones que dieron origen a Ni Una Menos siguen presentes.
La jornada concluyó con una Plaza 25 de Mayo colmada y con una consigna que volvió a sintetizar el reclamo colectivo: “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.
Entre aplausos, bombos y cánticos, la multitud cerró la movilización reafirmando una demanda que continúa vigente: más políticas públicas, más protección y más justicia para prevenir las violencias que siguen afectando a mujeres y diversidades en todo el país.
