El juez de la Sala Única de Revisión Penal Federal de Resistencia, Enrique Bosch, declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa de Franco Andrés Ramírez, uno de los imputados por la presunta maniobra de sustracción y comercialización de cocaína que debía ser destruida por orden judicial.
La decisión implica que, por el momento, Ramírez no podrá llevar la discusión sobre su prisión preventiva ante la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que días atrás ya hubiera sufrido otro revés cuando la Cámara Federal confirmó la extensión de las detenciones preventivas de los principales acusados.
REVERTIR LA PRISIÓN PREVENTIVA
El planteo había sido presentado por la defensora Amira Nahir Barud tras la audiencia realizada el 29 de mayo, en la que la Justicia rechazó los pedidos de libertad y arresto domiciliario formulados por las defensas.
En aquella oportunidad, el tribunal confirmó la prórroga de las prisiones preventivas y consideró que continuaban vigentes los riesgos procesales que justifican mantener detenidos a los imputados mientras avanza la investigación.
La defensa de Ramírez sostuvo que la resolución le ocasionaba un perjuicio irreparable, cuestionó la fundamentación jurídica utilizada por los magistrados y volvió a insistir con el pedido de prisión domiciliaria. Sin embargo, Bosch rechazó esos argumentos.
En su resolución, el magistrado explicó que el nuevo sistema procesal federal establece controles periódicos y permanentes sobre las medidas de coerción, por lo que una prisión preventiva ya no puede ser considerada equiparable a una sentencia definitiva.
Según remarcó, el Código Procesal Penal Federal prevé mecanismos continuos de revisión, permitiendo que las partes soliciten modificaciones cuando consideren que cambiaron las circunstancias del caso.
Incluso destacó que, desde las detenciones realizadas en diciembre de 2025, la situación procesal de Ramírez fue revisada en distintas oportunidades y que dentro de aproximadamente un mes volverá a producirse una nueva instancia automática de control judicial sobre la prisión preventiva.
