La situación vinculada al acceso al agua potable en el barrio Zampa registró ayer una nueva intervención judicial luego de que se ampliara la medida cautelar que obliga a Sameep a garantizar el abastecimiento para las familias residentes en el sector.
La decisión se produjo en el marco de un proceso judicial impulsado por vecinos que denuncian problemas persistentes en el suministro y que buscan asegurar el acceso regular al servicio para toda la comunidad afectada.
La resolución fue adoptada por el juez Julián Flores tras una inspección realizada el pasado 20 de mayo, procedimiento que tuvo como objetivo verificar las condiciones del servicio en el barrio.
Durante esa recorrida se constató una situación que resultó determinante para el avance de las actuaciones judiciales, ya que no fue posible tomar muestras de agua debido a que las cañerías no registraban suministro en ese momento.
Según lo constatado durante la inspección, también se verificó la falta de agua en conexiones que se encontraban registradas por la propia empresa prestataria. Además, se observó la inexistencia de una canilla pública que estaba prevista para brindar acceso al recurso en el barrio, un elemento que formó parte de las observaciones incorporadas al expediente judicial.
A partir de las conclusiones obtenidas durante el procedimiento, el magistrado resolvió reforzar la medida cautelar vigente con el propósito de establecer mecanismos concretos que permitan garantizar el abastecimiento mientras persistan las dificultades en la red de distribución. La ampliación de la cautelar se incorporó como una respuesta directa a las condiciones verificadas en el lugar durante la inspección judicial.
NUEVAS EXIGENCIAS PARA EL ABASTECIMIENTO
Entre las disposiciones establecidas por la Justicia se encuentran la definición de recorridos específicos para los camiones cisterna, la determinación de calles de acceso y la fijación de puntos de distribución destinados a facilitar la llegada del agua a los distintos sectores del barrio. Estas medidas fueron incorporadas con el objetivo de organizar el sistema de abastecimiento alternativo mientras continúan las acciones vinculadas a la prestación del servicio.
La resolución judicial también ordenó que Sameep informe públicamente los cronogramas de abastecimiento. La medida apunta a que los habitantes cuenten con información precisa respecto de los días, horarios y modalidades previstas para la distribución del agua, permitiendo un seguimiento de las acciones implementadas en cumplimiento de la cautelar.
La ampliación de la medida se produjo casi tres semanas después de la inspección realizada en el barrio. Durante ese período continuó la preocupación de las familias afectadas por las dificultades para acceder al suministro, situación que motivó el seguimiento permanente de las actuaciones judiciales vinculadas al caso.
La intervención judicial se enmarca en un conflicto que involucra el acceso a un servicio esencial para los habitantes del barrio Zampa. Las actuaciones desarrolladas hasta el momento tuvieron como eje principal la verificación de las condiciones reales de abastecimiento y la adopción de medidas orientadas a garantizar el suministro mientras se evalúa la evolución de la situación.
Denuncias de vecinos
Pese a las nuevas disposiciones dictadas por la Justicia, vecinos del barrio sostienen que la situación actual no refleja plenamente lo establecido en la cautelar. De acuerdo con las denuncias realizadas por quienes impulsaron el amparo colectivo, continúan observándose dificultades para que el agua llegue de manera uniforme a toda la comunidad.
Los habitantes afirman que en los últimos días se registraron situaciones en las que camiones cisterna realizaron entregas en domicilios particulares mientras extensos sectores del barrio continuaban sin asistencia. Según indican, los registros audiovisuales obtenidos durante las jornadas recientes muestran una distribución que no alcanza a la totalidad de las familias afectadas.
En ese contexto, los vecinos remarcaron que «la medida judicial es para todo el barrio, no para algunas casas», declaración con la que expresaron su reclamo respecto del alcance que, según consideran, debe tener el cumplimiento de la resolución judicial. El planteo fue formulado por quienes promovieron la acción colectiva destinada a garantizar el acceso al agua potable.
Las familias afectadas sostienen que siguen dependiendo de entregas esporádicas y que, en numerosas ocasiones, únicamente disponen de algo de presión durante la madrugada para llenar recipientes y almacenar agua.