El rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Gerardo Omar Larroza, entrevistado en Radio Natagalá, consideró que el reciente acuerdo alcanzado entre el sistema universitario y el gobierno nacional constituye un avance significativo dentro de un proceso de negociación que aún permanece abierto.
En ese sentido, afirmó que «es un gran paso que hemos dado» y remarcó que se trata de «un acuerdo parcial» que representa un acercamiento hacia el cumplimiento integral de las disposiciones legales vinculadas al financiamiento universitario.
Larroza explicó que uno de los momentos de mayor tensión durante las negociaciones estuvo relacionado con la pretensión del gobierno nacional de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) retirara la demanda colectiva actualmente radicada ante la Corte Suprema de Justicia.
Señaló que esa situación fue objeto de un amplio proceso de deliberación dentro del sistema universitario y sostuvo que el resultado alcanzado constituye «un aliciente» para las universidades públicas.
El rector destacó que el acuerdo contempla mejoras salariales para docentes y no docentes, aspecto que, según indicó, adquiere especial relevancia en el actual contexto económico. Manifestó que estos incrementos permitirán generar alivio y expectativas entre los trabajadores universitarios, además de fortalecer los mecanismos institucionales de negociación mediante la reapertura de las paritarias.
Asimismo, señaló que el entendimiento alcanzado incluye una segunda etapa vinculada a los gastos de funcionamiento y al sostenimiento de programas de becas. Explicó que estos recursos permitirán otorgar mayor previsibilidad a las universidades para planificar el cumplimiento de sus objetivos académicos, administrativos y de gestión durante los próximos meses.
EL DESAFÍO DE LA PREVISIBILIDAD Y LA CONTINUIDAD
Al referirse a la implementación del convenio, Larroza indicó que durante octubre está prevista una nueva instancia de negociación paritaria. Precisó que el acuerdo contempla un incremento salarial del 3,3% y explicó que existen entidades gremiales que continúan debatiendo algunos aspectos de su legitimidad, aunque señaló que la mayoría de los sectores involucrados acompañó la firma del entendimiento.
El rector sostuvo que las universidades mantienen expectativas respecto de la efectiva aplicación de las medidas acordadas. Explicó que los incrementos salariales impactarán no solamente sobre los haberes mensuales sino también sobre el cálculo proporcional del sueldo anual complementario de docentes y no docentes.
Además, señaló que la mejora en los recursos podría permitir la recuperación gradual de objetivos institucionales que debieron postergarse durante el período de conflicto presupuestario. Entre ellos mencionó proyectos vinculados a obras, equipamiento e infraestructura tecnológica, considerados fundamentales para el desarrollo de las actividades universitarias.
Por otro lado, Larroza afirmó que uno de los aspectos centrales de la estrategia institucional fue sostener el reclamo judicial sin renunciar a las instancias de negociación política y administrativa.
En ese marco expresó que «la estrategia justamente de no retirar el reclamo es el anclaje fundamental para poder seguir insistiendo», al tiempo que remarcó que esa decisión fortalece la posición del sistema universitario frente a futuras discusiones presupuestarias.
Según explicó, la nueva base de cálculo para el presupuesto 2027 presenta modificaciones sustanciales respecto de períodos anteriores, debido a la incorporación de incrementos salariales y de funcionamiento que pasan a integrar el punto de partida de la discusión presupuestaria. Para Larroza, esta situación permite alcanzar mayores niveles de previsibilidad para el próximo ejercicio.
La legitimidad del sistema universitario
Consultado sobre los factores que permitieron destrabar el conflicto con el gobierno nacional, Larroza sostuvo que el sistema universitario argentino construyó su posición a partir de la legitimidad social que posee.
Señaló que las universidades demostraron su importancia mediante sus capacidades científicas, tecnológicas y académicas, así como por la función social que cumplen como herramientas de movilidad social y desarrollo colectivo.
El rector destacó además que las universidades continúan figurando entre las instituciones con mayor credibilidad social. Indicó que las encuestas muestran niveles elevados de confianza pública hacia el sistema universitario, aspecto que consideró determinante en el proceso de defensa de sus recursos y de sus funciones esenciales.
En ese mismo sentido, resaltó la masiva participación ciudadana registrada durante las cuatro marchas federales realizadas en defensa de la educación superior. Afirmó que la movilización trascendió al ámbito estrictamente universitario y reflejó una apropiación social del sistema público de educación superior. Según expresó, «la sociedad misma se ha apropiado del sistema universitario».
Larroza señaló que las universidades sostuvieron argumentos consistentes durante todo el conflicto y cuestionó los fundamentos que habían sido utilizados para justificar los cuestionamientos oficiales.
Manifestó que «fueron muy consistentes los argumentos» expuestos por el sistema universitario y sostuvo que la interpretación realizada por el gobierno nacional sobre el funcionamiento de las universidades no fue acertada.
Defensa de la educación pública
El rector enfatizó que todos los reclamos impulsados por las universidades fueron canalizados mediante mecanismos institucionales. Recordó que las acciones se desarrollaron tanto ante el Poder Ejecutivo como ante el Congreso nacional y la Justicia, sin abandonar los canales democráticos previstos por el sistema republicano.
En esa línea afirmó que «siempre se han generado acuerdos, siempre se han generado mecanismos institucionales y bajo ninguna circunstancia se han radicalizado las medidas de protesta». Consideró que esa actitud permitió sostener la firmeza de los reclamos sin afectar la legitimidad del movimiento universitario.
Larroza también destacó el esfuerzo realizado para preservar la continuidad académica durante el conflicto. Señaló que, pese a acompañar los reclamos gremiales, la Unne procuró evitar que las actividades estudiantiles resultaran perjudicadas, diferenciando esa situación de lo ocurrido en otras instituciones donde se registraron mayores niveles de afectación de las clases y otras actividades académicas.
Al analizar el origen de las tensiones con el gobierno nacional, sostuvo que los argumentos vinculados con las auditorías y los controles administrativos carecían de sustento. Recordó que las universidades nacionales se encuentran sometidas a múltiples organismos de control y rendición de cuentas, entre ellos la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y la Contaduría General de la Nación.
Para Larroza, la persistencia, la paciencia institucional y la defensa racional de los reclamos fueron factores determinantes para arribar al acuerdo actual.
Asimismo, consideró que el desgaste experimentado por el sistema universitario terminó derivando en un entendimiento que brinda alivio y mejores perspectivas para el funcionamiento de las universidades públicas.