Jorge Capitanich presentó en el Senado un proyecto para que el Poder Ejecutivo informe acerca del decreto 478/2026, en el cual se incluyen cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales de Nueva York frente a préstamos de organismos multilaterales de crédito.
Capitanich señala que la medida «involucra una materia de alta sensibilidad institucional», porque «renuncia a una defensa propia de la inmunidad soberana de jurisdicción» en materia de endeudamiento externo y agregó que corresponde al Senado de la Nación ejercer su función constitucional de control.
Asimismo, recordó que el Congreso posee las atribuciones centrales en materia de crédito público, de acuerdo a la Constitución Nacional en su artículo 75. «El endeudamiento público no puede transformarse en una zona de decisión unilateral del Poder Ejecutivo, sin información suficiente ni control parlamentario», dicen los fundamentos del proyecto.
Por otra parte, cita la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establece que las operaciones de crédito público tienen que estar contempladas en la ley de presupuesto o en una ley específica, dando información sobre el tipo de deuda, el monto máximo autorizado, los plazos y el destino del financiamiento.
El Presupuesto 2026, en sus autorizaciones de operaciones de crédito, señala que el 18% del monto total destinado a la emisión de títulos públicos pueden colocarse en moneda y bajo jurisdicción extranjera. Capitanich remarcó que el decreto autoriza cláusulas de prórroga de jurisdicción extranjera y renuncia a oponer inmunidad de jurisdicción. Por lo cual el Ejecutivo debe explicar «si considera que dichas operaciones se computan dentro o fuera del límite fijado por el artículo 44 de la Ley 27.798».
Además, Capitanich denunció que el decreto del Gobierno «habilita un marco de endeudamiento por hasta USD5 mil millones, pero deja sin conocimiento público las condiciones sustantivas de la operación».
«No cuestionamos la necesidad de refinanciar vencimientos de la deuda, tampoco reducir el costo de fondeo del Tesoro. Pero exigimos información completa sobre las operaciones y el control institucional por parte del Poder Legislativo.
No solamente es importante cuánto es la deuda, sino conocer quiénes deciden endeudar al país, en qué condiciones, y con qué nivel de control de los poderes públicos», explicó Capitanich.
