Entre el 1 de enero y el 29 de junio pasado se registraron al menos 119 víctimas fatales de violencia de género en la Argentina, según el informe del Observatorio Ahora que si Nos Ven elaborado a partir del análisis de publicaciones periodísticas.
El relevamiento contabilizó 99 femicidios directos, 11 femicidios vinculados, cinco casos de instigación al suicidio y cuatro travesticidios y transfemicidios.
El documento también reveló que durante el mismo período ocurrieron 195 intentos de femicidio, equivalente a un caso cada 26 horas, y remarcó que la violencia machista continúa representando una de las principales problemáticas sociales del país. De acuerdo con el informe, la frecuencia de los asesinatos muestra la persistencia de un fenómeno estructural: en promedio, una persona fue asesinada por razones de género cada 37 horas durante los primeros seis meses del año.
Las cifras que preocupan
El relevamiento expuso una serie de indicadores que permiten dimensionar la gravedad del escenario. Entre los datos más relevantes se destacó que el 15% de las víctimas había realizado denuncias previas contra su agresor, lo que evidencia que numerosos casos terminaron en femicidio pese a existir antecedentes de violencia.
Asimismo, el informe indicó que el 66% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, ratificando que el ámbito de mayor riesgo continúa siendo el de las relaciones afectivas.
En cuanto a los lugares donde ocurrieron los crímenes, el 44,5% tuvo lugar en la vivienda de la víctima, mientras que otro 23,5% ocurrió en el domicilio compartido con el agresor.
Otro dato que reflejó el impacto social de estos hechos fue que al menos 120 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia directa de los femicidios registrados durante el período analizado.
Un llamado de alerta
Las organizaciones responsables del relevamiento advirtieron que estos números se producen «en un contexto de desmantelamiento de las políticas de prevención y erradicación de las violencias por motivos de género».
En ese sentido, sostuvieron que existe un recrudecimiento de las violencias machistas acompañado por una menor cobertura mediática de estos casos, situación que -según señalaron- dificulta aún más la visibilización de la problemática.
El informe planteó que los femicidios y transfemicidios constituyen «la expresión más extrema de una violencia estructural», y vinculó esta situación con un escenario de desprotección estatal, el avance de discursos de odio y un retroceso en materia de derechos.
expusieron fallas
en la protección
Como ejemplo de las deficiencias en los mecanismos de prevención, el documento recordó tres femicidios ocurridos en los días previos a un nuevo aniversario de la movilización Ni Una Menos.
Las víctimas fueron Agostina Vega (14), asesinada en Córdoba; Dulce Candia (17), en la ciudad misionera de Eldorado; y Noelia Rivero (30) en Temperley.
Según consignó el informe, estos tres casos reflejaron distintas falencias institucionales que terminaron derivando en desenlaces fatales.
En el caso de Agostina Vega, la adolescente había sido denunciada como desaparecida antes de que su cuerpo fuera encontrado. El informe señaló que Claudio Berrelier abusó sexualmente de la joven antes de asesinarla y recordó que un año antes había sido detenido por privación ilegítima de la libertad de otra mujer que logró escapar.
Respecto de Dulce Candia, el documento indicó que también había sido denunciada como desaparecida antes de ser hallada asesinada.
De acuerdo con la investigación citada, la adolescente fue asesinada por un hombre de 46 años identificado como Mario , quien posteriormente arrojó el cuerpo a una cámara séptica.
En tanto, el caso de Noelia Rivero expuso serias falencias en la respuesta institucional. El informe recordó que la mujer había denunciado previamente a su pareja, Tomás Núñez, y que el mismo día del femicidio llamó al servicio de emergencias 911 mientras era amenazada y retenida por el agresor. Según el relevamiento, la Policía aguardó una orden judicial para ingresar al domicilio y cuando finalmente intervino, Noelia ya había sido asesinada.
Respuestas insuficientes
Las organizaciones autoras del informe afirmaron que estos episodios «evidencian cómo las demoras en la búsqueda, las respuestas estatales insuficientes y sin perspectiva de género pueden derivar en muertes evitables».
A partir de estos antecedentes, remarcaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, garantizar respuestas rápidas ante las denuncias y consolidar políticas públicas orientadas a la protección integral de las personas en situación de violencia. El documento insistió en que la violencia de género requiere una intervención estatal permanente y coordinada entre los distintos organismos encargados de la prevención, asistencia y acceso a la Justicia.
Una problemática persistente
Más allá de las cifras, el informe volvió a poner en evidencia que los femicidios representan el punto más extremo de una cadena de violencias que, en numerosos casos, estuvo precedida por amenazas, denuncias, restricciones incumplidas o pedidos de ayuda que no encontraron respuestas eficaces.
Las estadísticas correspondientes al primer semestre de 2026 muestran que la mayoría de los asesinatos ocurrieron en ámbitos íntimos y fueron cometidos por personas con quienes las víctimas mantenían o habían mantenido vínculos afectivos, un patrón que continúa repitiéndose año tras año. En ese contexto, las organizaciones reclamaron fortalecer las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género, garantizar la protección de las víctimas y evitar que situaciones previamente denunciadas culminen en femicidios.
El informe concluyó con un nuevo llamado de atención sobre la necesidad de sostener acciones integrales que permitan reducir la violencia machista y evitar que continúen produciéndose muertes que, según advirtieron las entidades, en muchos casos podrían haberse prevenido mediante intervenciones estatales oportunas y eficaces.