El director de la Consultora Ocampo & Asociados, Cristian Ocampo, analizó el índice de inflación de junio, que se ubicó en el 1,9%, y sostuvo que, si bien representa un logro en términos de estabilidad de precios, la desaceleración inflacionaria está siendo conseguida a costa de una fuerte contracción económica.
Advirtió sobre la caída del consumo, el cierre de empresas, el aumento del desempleo, la creciente morosidad de las familias y el impacto que generan los aumentos de las tarifas en los hogares, especialmente en provincias como el Chaco.
El índice de inflación correspondiente a junio, que alcanzó el 1,9%, volvió a colocar en el centro del debate la eficacia y las consecuencias del programa económico impulsado por el gobierno nacional.
Para el economista y titular de la Consultora Ocampo & Asociados, Cristian Ocampo, el dato constituye un avance desde el punto de vista estrictamente inflacionario, aunque advirtió que no puede analizarse de manera aislada, ya que detrás de esa desaceleración existe un proceso de profunda recesión que comienza a impactar en prácticamente todos los sectores de la economía.
En declaraciones a radio Libertad, el especialista señaló que perforar el piso del 2% mensual representa un hecho relevante desde el punto de vista estadístico y macroeconómico, aunque aclaró que ello no significa que la economía haya resuelto sus problemas estructurales.
«Si analizamos solamente el dato duro, es bueno. Se rompe una tendencia, se perfora la barrera del 2% y eso demuestra que las políticas antiinflacionarias están teniendo efecto. Pero sigue siendo una inflación alta después de un ajuste extremadamente fuerte», sostuvo.
Según explicó, el Gobierno logró reducir el ritmo de crecimiento de los precios mediante una política económica basada en una fuerte contracción monetaria y un severo ajuste fiscal.
«El objetivo central del Gobierno es controlar la inflación porque eso le brinda estabilidad macroeconómica y le permite sostener su programa económico. Lo está haciendo con una fuerte restricción monetaria y con un equilibrio fiscal que prácticamente se convirtió en un mantra», afirmó.
Sin embargo, Ocampo consideró que el problema aparece cuando esa estabilidad se consigue sacrificando la actividad económica.
La economía real muestra señales de agotamiento
Para el consultor, mientras los indicadores inflacionarios exhiben una desaceleración, la denominada economía real refleja un panorama completamente diferente.
Aseguró que la mayoría de las actividades productivas atraviesan una marcada retracción, con ventas inferiores a las registradas un año atrás incluso en términos nominales, situación que implica una pérdida todavía mayor si se descuenta la inflación acumulada.
«La enorme mayoría de los sectores económicos ya evidencia una recesión muy profunda. Salvo algunas excepciones vinculadas a la minería o determinadas actividades de la Patagonia, prácticamente todo el entramado productivo argentino está sufriendo una fuerte caída», explicó.
En ese sentido, remarcó que el universo de las pequeñas y medianas empresas atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años.
«Las pymes están haciendo verdaderos malabares para sobrevivir. Muchas trabajan por debajo de sus costos, bajan precios para intentar sostener las ventas y aun así no logran recuperar la actividad», dijo.
El economista sostuvo que la baja de la inflación no responde exclusivamente a un proceso de mayor productividad o crecimiento, sino principalmente a una fuerte reducción del consumo.
Menos consumo, menos inflación
Ocampo explicó que la pérdida del poder adquisitivo constituye uno de los principales factores que hoy contienen el aumento de los precios.
«Cuando las familias pierden capacidad de compra, disminuye el consumo. Si no hay consumo, tampoco existe presión sobre los precios. Muchas empresas prefieren resignar rentabilidad antes que perder clientes.»
A su entender, este fenómeno comienza a configurar un escenario que combina inflación todavía elevada con estancamiento económico.
«Lo que estamos viendo es un proceso que puede derivar en estanflación: inflación con una recesión muy fuerte detrás. Eso se traduce en empresas que cierran, aumento del desempleo y familias cada vez más endeudadas.»
El consultor recordó que la política oficial apunta casi exclusivamente al objetivo de reducir la inflación, dejando de lado otras variables centrales del funcionamiento económico.
«Hoy la única mirada parece ser contener los precios. El problema es que se hace quitándole poder adquisitivo a las familias, limitando las negociaciones salariales y eliminando subsidios a servicios esenciales», aseveró.
El ajuste fiscal y sus consecuencias
Durante el análisis, Ocampo diferenció el concepto de equilibrio fiscal de la forma en que actualmente se aplica.
Reconoció que mantener las cuentas públicas ordenadas constituye un objetivo saludable para cualquier economía, aunque aclaró que ello debe producirse en un contexto de crecimiento: «El equilibrio fiscal es positivo cuando existe una economía productiva que genera recursos suficientes para financiar al Estado.
El problema aparece cuando ese equilibrio se consigue únicamente recortando gastos esenciales».
Según explicó, el ajuste impacta sobre áreas sensibles como la obra pública, la salud, las políticas sociales, el deporte y los subsidios destinados a los servicios públicos.
«El Estado se está retirando de funciones esenciales y eso termina trasladando mayores costos directamente a las familias», aseveró. Ese fenómeno, aseguró, tiene un efecto inmediato sobre el ingreso disponible de los hogares: «Hoy una parte importante del salario se destina a pagar luz, gas, agua y otros servicios que antes tenían algún nivel de asistencia estatal. Ese dinero deja de destinarse al consumo».
El salario pierde capacidad de compra
Según el consultor, el problema excede el dato de inflación mensual. Explicó que aunque el índice general haya sido del 1,9%, numerosos gastos esenciales crecieron muy por encima de ese promedio, profundizando la pérdida del poder adquisitivo. «Si la inflación marca un 1,9%, pero los servicios aumentan un 5%, evidentemente el salario pierde capacidad de compra aunque el índice general muestre una desaceleración», relató.
A su criterio, esta situación requiere políticas complementarias que permitan amortiguar el impacto sobre los sectores medios y trabajadores. Entre ellas mencionó programas de subsidios focalizados, mecanismos de compensación tarifaria y esquemas de asistencia que permitan aliviar el gasto mensual de los hogares.
«Puede haber distintas herramientas para recomponer ingresos. Pueden ser subsidios, programas específicos o algún mecanismo que reduzca el peso de las tarifas. Lo importante es recuperar parte del poder adquisitivo que las familias perdieron», comentó.
El Chaco, una de las provincias más expuestas
Durante la entrevista, Ocampo hizo especial referencia a la realidad chaqueña, al considerar que las economías regionales dependen en gran medida de la inversión pública y de las transferencias nacionales.
Recordó que históricamente una parte importante de la actividad económica provincial estaba vinculada a la ejecución de obras públicas, programas nacionales y distintos mecanismos de asistencia que dinamizaban el consumo: «Antes los recursos nacionales ingresaban mediante obras públicas, programas sociales, asistencia sanitaria o distintos planes que luego terminaban movilizando al comercio, los servicios y las pymes. Hoy ese circuito prácticamente desapareció».
Según indicó, la paralización de esos recursos genera un fuerte efecto multiplicador negativo sobre toda la economía provincial: «Hoy vemos una provincia prácticamente paralizada, con empresas que reducen actividad, comercios que venden menos y un mercado laboral que pierde dinamismo».
La morosidad crece
Uno de los aspectos que más preocupa a la Consultora Ocampo & Asociados es el acelerado incremento de la morosidad tanto en el sistema bancario como en los mecanismos alternativos de financiamiento.
Para Cristian Ocampo, este indicador refleja con claridad el deterioro de la economía doméstica y anticipa que, de no implementarse medidas correctivas, el problema podría profundizarse durante los próximos meses.
El economista sostuvo que el aumento del endeudamiento de las familias ya dejó de ser una situación coyuntural para transformarse en un fenómeno estructural.
«Venimos advirtiendo desde hace tiempo que la morosidad está creciendo a niveles peligrosos. Hoy muchas familias ya no pueden afrontar normalmente el pago de sus obligaciones», relató.
Explicó que, en un escenario económico estable, los niveles de incumplimiento suelen mantenerse alrededor del 3%, porcentaje que históricamente fue considerado elevado, pero administrable por el sistema financiero. Sin embargo, aseguró que la realidad actual es muy diferente.
«La morosidad típica ronda el 3%. Hoy estamos hablando de aproximadamente un 18% dentro del sistema bancario y de entre un 28 y un 30% en el sistema extrabancario, como billeteras virtuales y otras formas de financiamiento», explicó.
Según indicó, estos niveles representan una señal de alerta para bancos, entidades financieras y organismos reguladores.