A más de 70 días de la desaparición de Axel González, la investigación se convirtió en uno de los principales desafíos políticos para el Gobierno de Leandro Zdero. Las declaraciones del ministro Hugo Matkovich, la respuesta de la defensa, las últimas pericias, el posible sobreseimiento de uno de los detenidos y el recuerdo del caso Cecilia Strzyzowski exponen un expediente que ya trasciende el ámbito judicial y genera un creciente impacto institucional.
Mientras la investigación por la desaparición de Axel González supera los 70 días sin resultados concluyentes, el Gobierno provincial salió a respaldar el trabajo policial. Pero, la respuesta de la defensa de dos de los detenidos abrió un nuevo frente de tensión política y judicial, con comparaciones inevitables con el impacto institucional que tuvo el caso Cecilia Strzyzowski durante la gestión de Jorge Capitanich.
Más de dos meses después de la denuncia de la desaparición (17 de mayo), la investigación continúa sin determinar qué ocurrió con el joven. Los rastrillajes se repiten, las marchas no cesan y la causa comenzó a generar un desgaste político que ya alcanzó al Gobierno provincial.
El costo político de una causa sin respuestas
Hay causas judiciales que trascienden los tribunales. El caso de Axel Alejandro González, desaparecido desde la madrugada del 17 de mayo en Fontana, se ha convertido en una de ellas.
Más de dos meses después, la investigación continúa sin determinar qué ocurrió con el joven. Los rastrillajes se repiten, las marchas no cesan y la causa comenzó a generar un desgaste político que ya alcanzó al Gobierno provincial.
La diferencia con otros expedientes es que esta vez el Ejecutivo decidió involucrarse públicamente.
El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, defendió el trabajo policial y cuestionó a quienes, según afirmó, instalaron desde el inicio la hipótesis de una responsabilidad policial.
«Hay gente que está presa, que está detenida por pruebas, por indicios hasta la fecha y a partir de ahí seguramente la Justicia seguirá investigando», la declaración que usó el ministro de Seguridad del Chaco para dejar a la Policía fuera de «sospechas».
La defensa responde al Gobierno
Durante una entrevista radial en Alerta Urbana, Matkovich sostuvo que el caso «se politizó» desde sus primeros días y afirmó que hubo comunicadores y dirigentes que instalaron la versión de que «la Policía lo mató», mientras destacó que la investigación se desarrolló siguiendo los protocolos judiciales. También remarcó que las personas detenidas lo están «por pruebas, por indicios» y que ahora será la Justicia la encargada de continuar con la investigación.
La respuesta no tardó en llegar.
El abogado Miguel Barceló, defensor de Antonio Omar Íñiguez y Leonardo Nicolás Silva, rechazó cualquier motivación política detrás de su actuación.
«No hacemos política. Mi hija y yo defendemos a nuestros clientes. Hace casi tres décadas dejamos la política», respondió.
Barceló sostuvo además que el estudio jurídico basa sus planteos «en pruebas y no en hipótesis» y afirmó que fueron quienes asistieron «a casi todos los procedimientos» realizados en la investigación.
«No hacemos política. Mi hija y yo defendemos a nuestros clientes. Hace casi tres décadas dejamos la política». «Nuestro trabajo es defender los derechos de nuestros asistidos, no hacer política». «Nosotros vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer: defender a nuestros clientes». «No trabajamos con hipótesis; trabajamos con pruebas». «Hemos estado presentes en casi todos los procedimientos que se realizaron en esta causa». «La causa Sena en diez días estuvo descubierta; acá van más de setenta días». «Vamos a seguir planteando todas las nulidades y todas las medidas que correspondan para defender los derechos de nuestros clientes», le respondió Barceló a Matkovich.
El paralelo con el caso Cecilia
En su respuesta, Barceló estableció una comparación inevitable.
Recordó que en la investigación por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido durante la gestión de Jorge Capitanich, las principales responsabilidades fueron esclarecidas en pocos días.
«La causa Sena en diez días estuvo descubierta; acá van más de setenta días», sostuvo el abogado.
La comparación no apunta a equiparar ambos hechos —uno investiga una desaparición y el otro un femicidio— sino al impacto político que generan las causas de alto perfil cuando la sociedad reclama respuestas rápidas.
En ambos casos, la presión pública terminó trasladándose al Gobierno de turno.
María, la mamá de Axel, se permitió llegar al acto del 9 de Julio en Fontana, y romper el protocolo, para que Zdero la escuche: el pedido fue de justicia y que el gobernador «limpie la mugre». Para la familia de Axel en la desaparición está involucrada la fuerza policial.
El punto de mayor exposición pública para el Gobierno provincial se produjo el 9 de julio, durante los actos por el Día de la Independencia en Resistencia. Allí, María Inés Gómez, madre de Axel González, se acercó al gobernador Leandro Zdero para pedirle que intervenga en la búsqueda de su hijo. «Ayúdeme a encontrar a Axel», fue el reclamo que le formuló frente a funcionarios y asistentes. La escena tuvo amplia repercusión porque reflejó que el caso había dejado de ser únicamente un expediente judicial para convertirse también en un problema de fuerte impacto institucional y político, con un reclamo directo de la familia hacia la máxima autoridad provincial.
Desde entonces, el caso continuó escalando en la agenda pública. A las marchas de familiares y vecinos se sumaron los sucesivos cuestionamientos de la defensa, mientras el Gobierno salió a respaldar públicamente el trabajo de las fuerzas de seguridad y del equipo investigador. De ese modo, la desaparición de Axel comenzó a adquirir un peso político similar al que tuvo el caso Cecilia Strzyzowski durante la gestión anterior, aunque con investigaciones de naturaleza distinta y en etapas procesales diferentes.
Las pericias modifican el escenario
Mientras continúa la disputa pública, el expediente incorporó en los últimos días dos dictámenes periciales del Laboratorio de Química Legal del IMCiF.
Uno concluyó que la tela vegetal hallada durante la investigación no presentaba rastros de sangre humana y que las manchas observadas podrían corresponder a sangre animal.
El segundo informe determinó que tampoco se detectó sangre humana en las prendas de vestir y otros elementos secuestrados durante los allanamientos, por lo que no fue posible avanzar hacia estudios de ADN.
Estos resultados fueron utilizados por la defensa para sostener que la causa perdió uno de los elementos probatorios que consideraban relevantes.
«Algunos miembros de ese equipo fiscal, cuestionado por estos defensores, como hay un montón de nulidades presentadas, les queda grande el cargo»
Miguel Barceló
Silva, cerca de un pedido de sobreseimiento
En ese contexto, Barceló anticipó a LA VOZ DEL CHACO que solicitará el sobreseimiento de Leonardo Nicolás Silva, uno de los detenidos alojados en la Unidad Penitenciaria Nº 7.
Según explicó, una vez agotadas las pericias pendientes, la defensa entiende que no existirían elementos suficientes para sostener la imputación en su contra.
«¿Cuándo en la historia de la Justicia del Chaco una persona fue llevada a la U7, a un centro de detención de máxima seguridad, solamente acusado de encubrimiento, simplemente acusado por amenazas? Eso es lo que está pasando acá»
Miguel Barceló
Una causa que sigue abierta
Mientras la Justicia continúa con nuevas medidas de prueba y la Policía mantiene los rastrillajes, el caso Axel dejó de ser solamente una investigación penal.
Las marchas se repiten en Fontana y frente a la Fiscalía, la familia continúa reclamando la aparición del joven y la defensa profundiza sus cuestionamientos procesales.
Como ocurrió en otras causas de fuerte impacto social en el Chaco, el expediente ya no sólo interpela a fiscales, jueces y abogados. También pone bajo la lupa la capacidad del Estado para ofrecer respuestas en una investigación que, más de setenta días después, sigue sin resolver el interrogante central: qué pasó con Axel González.
